Agendas ocultas y ajustes de cuentas
Carlos Berbell, director de Confilegal
Las agendas ocultas existen. Son una realidad. ¿Por qué negarlo?
Cuando alguien ocupa la máxima responsabilidad de una institución se supone que lo que hace es un “sacrificio personal”, por el bien de todos.
Sería de una ingenuidad casi delictiva, por otra parte, creernos sólo esa parte de la historia, ¿verdad?
Porque todos y cada una de las personas que asumen cargos de responsabilidad tienen sus agendas personales, sus “agendas ocultas”.
Algunos utilizan esos cargos para medrar. Cosa, por otra parte, tan antigua como el mundo. Todas las personas tienen aspiraciones de mejorar. De llegar a lo más alto. ¿Por qué no?
Otra cosa es que, en ese camino, acaben corrompiéndose y cometiendo delitos.
A esas “manzanas podridas” hay que sacarlas del cesto y arrojarlas a la bolsa de la justicia. Para que respondan por sus actos.
En este “juego”, que es la política, los medios de comunicación jugamos un papel central. Porque nosotros somos la arena pública –ya sea televisión, radio, prensa de papel, prensa digital, Twitter, Facebook, Youtube y el resto de las redes sociales- donde se dilucidan las batallas.
Donde se ajustan las cuentas, tarde o temprano, haciendo uso de informaciones sesgadas.
Un buen ejemplo es lo que está pasando con Fernando de Rosa, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana.
De Rosa es uno de los seis candidatos a ocupar la presidencia de esa Audiencia después de que su última titular, Carmen Llombart, tuviera que echarse a un lado al no poderse presentar a la reelección por ser vocal del CGPJ.
Los otros candidatos son José Lara, y Eugenio Sánchez Alcaraz, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la misma a la que pertenece De Rosa-, José Manuel Ortega, de Jueces para la Democracia (JpD), Carolina Ríos, de Foro Judicial Independiente (FJI) y María Dolores Hernández, independiente.
De Rosa no está imputado en ninguna causa. Ni está condenado por nada.
No podría ser juez si así lo fuera.
No tiene ninguna cuenta pendiente. Está limpio.
Su “pecado original” es su pasado. El haber sido consejero de Justicia con Francisco Camps, y luego vicepresidente del CGPJ.
Esto, según algunos, crean serias dudas sobre su “idoneidad” para presidir la Audiencia Provincial de Valencia.
Porque es a este órgano al que le corresponderá juzgar las grandes causas de corrupción, como la Gurtel, Emarsa, Cooperación, Palau de les Arts y otros muchos.
No explican, y es lógico –no conviene-, que la Presidencia de cualquiera de las 52 Audiencias Provinciales españolas son órganos de gestión interna, y que sus ocupantes no poseen el poder omnímodo de dictar a cada una de las secciones que las componen condenas o absoluciones.
En esto, precisamente, en la gestión, De Rosa supera a todos. Porque como gestor posee un don que muy pocos jueces poseen, porque son corredores de fondo solitarios: sabe crear equipos, y sabe poner proyectos en marcha y llevarlos a cabo. Su paso por el CGPJ fue una prueba de ello.
Posiblemente si De Rosa, cuando estaba al frente de la Comisión de Modernización del CGPJ, hubiera tenido los recursos y el poder para poner en marcha la transformación tecnológica que necesita la Administración de Justicia española, esta ya se habría llevado a cabo.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se quedó sorprendido de encontrarse, tras su regreso –fue secretario de Estado de esta cartera hasta 2004-, lo poco que se había avanzado en esa dirección.
Ahora ha prometido la Administración de Justicia con papel cero para finales de este año.
De Rosa es un juez gestor. Posee una gran experiencia que le sería de gran valor a la Audiencia Provincial de Valencia en ese y en otros sentidos.
Pero claro, dicen sus detractores –y algunos supuestos “amigos”- ¿cómo puede un hombre “con ese pasado”, habiendo trabajado para el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ocupar un puesto tan “sensible” como ese?.
El “perfil” de De Rosa, argumentan, “quiebra” en el apartado de la imparcialidad, por haber estado donde ha estado y por venir de donde viene.
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, trabajó para dos gobiernos del PP entre 1996 y 2004. Ocho años. Y bajo tres ministros de Justicia diferentes: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila.
Primero fue director general de Objeción de Conciencia, entre 1996 y 2000, y después fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia, desde 2000 a 2004.
Estuvo toda la “era Aznar” trabajando para un Gobierno del PP.
Ahora es la primera autoridad de la Justicia. Desde ese punto de vista, su perfil también estaría “quebrando” su apariencia de imparcialidad, ¿no?
Lo mismo se podría decir del exministro de Interior y de Defensa de los últimos gobiernos del PSOE, José Antonio Alonso, que está prestando sus servicios en la Audiencia Provincial de Madrid. O de Juan Antonio Xiol, magistrado del Tribunal Constitucional, que fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia entre 1985 y 1990, bajo dos gobiernos socialistas.
¿Y que pasará cuando Fernando Román, secretario de Estado de Justicia bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, que ha regresado a su destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, presente su candidatura a una de las vacantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo?
¿Se argumentará que porque fue la mano derecha de Ruiz-Gallardón su perfil está “quebrado” para un puesto como ese?
¿Y qué se podría decir del juez Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, azote de la corrupción, venga de donde venga? Hombre íntegro y trabajador donde los haya. Una “máquina”.
Velasco fue director de Justicia de los dos gobiernos de Eduardo Zaplana en la Generalitat valenciana.
¿O de José de la Mata, que sustituirá al juez Pablo Ruz al frente del Central de Instrucción 5, que fue director general de Modernización de Justicia con el antecesor de Ruiz-Gallardón, el socialista Francisco Caamaño?
Este CGPJ y el anterior se han cansado de dar premios de Modernización de la Justicia a iniciativas que puso en marcha De la Mata por toda España.
De la Mata, como Velasco, son dos grandes trabajadores. Y poseen, como De Rosa, la valiosa experiencia de la gestión.
Ninguno de ellos, ninguno de los mencionados, tras su paso por la política, han hecho uso de lo que Antonio Gramsci, el ideólogo del Partido Comunista Italiano, denominaba el “uso alternativo del derecho”.
Ninguno ha tratado de retorcer la interpretación de la ley para usos sospechosos de ningún tipo.
Al contrario.
Lo mismo que Cándido Conde Pumpido, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que fue, durante casi ocho años, fiscal general del Estado con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pocos fiscales generales trabajaron como él para fortalecer la independencia del Ministerio Fiscal del Gobierno. Las reformas del Estatuto que rige esa carrera suprimieron la posibilidad de ser cesados por el Gobierno de turno.
Desde entonces, el fiscal general tiene que presentar su dimisión.
Estos no son los únicos nombres. Hay muchos más.
¿Van a ser todos invalidados por su pasado reciente?, como se intenta hacer con De Rosa.
La impugnación de la candidatura de una persona obedece, muchas veces, a agendas ocultas de unos y de otros y las más de las veces a ajustes de cuentas personales.
Y se ataca, desde la arena pública de los medios de comunicación, para invalidarlas. Las más de las veces sin tener la tela bien cosida.
Ese es el reto que tienen los señores del CGPJ ante sí: hacer oídos sordos a los cantos de sirena negativos hacia De Rosa y elegir, de acuerdo con el mérito y la capacidad de los seis candidatos, al mejor para ocupar la Presidencia de la Audiencia de Valencia.
