Doblemente víctimas
Susana Gisbert Grifo, fiscal
Acabo de leer algo que me ha dejado de una pieza. Y aún sigo así, y lo que me queda, que la cosa no es para menos. Y es que, según parece, las denunciantes de malos tratos deberán pagar en el caso de que se archive o sobresea su caso, o recaiga sentencia absolutoria, además de en el caso de que sean condenadas por acusación o denuncia falsa o por simulación de delito. Ahí queda eso. Las denunciantes, en esos supuestos, deberán devolver las ayudas con un interés superior al cincuenta por ciento y abonar las costas del proceso.
Ignoro a qué tipo de presiones responde esta norma del prelegislador –espero que nunca vea la luz- porque, como ha repetido hasta la saciedad tanto el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género como las sucesivas Memorias de la Fiscalía General del Estado, la cifra de denuncias falsas en esta materia es inferior al 0.01 por ciento, una cifra totalmente anecdótica e inferior al porcentaje respecto a cualquier otro tipo de delitos. No obstante, sigue y sigue el mito de las denuncias falsas con el que muchos quieren atacar la legislación y poner en duda los mismos cimientos de la existencia de la violencia de género como fenómeno social necesitado de especial protección.
Yo invitaría al genio que haya ideado tal norma a que comprobara la cantidad de denuncias falsas que hay, por ejemplo, en los delitos contra la propiedad, donde es práctica común y hasta socialmente consentida convertir los hurtos en atracos para sí conseguir llevarse un pellizquito del seguro. Sin embargo, no he leído que se quiera sancionar a estos falsos denunciantes, más allá de la pena que prevé la ley para el delito contra la Administración de Justicia, que ya es suficiente.
¿Por qué se hace esto en una ley que precisamente se llama Estatuto de la Víctima? ¿No es una verdadera ironía aprobar bajo ese nombre una norma que a la larga no hace sino poner una traba más en el difícil camino de la víctima de violencia de género? Porque a cualquiera que trabaje en esto no se le escapa que, si a la dificultad que estas mujeres tienen de denunciar a su agresión le añadimos la amenaza de que pueden acabar pagando por ello, el resultado será un descenso del número de denuncias. Claro, que hablaba de cualquiera que trabaje en esto, y quizás quien ha ideado semejante dislate no ha visto una víctima más allá de una fotografía. Afortunado él, o ella. O tal vez ciego, porque víctimas hay por todas partes.
Pero es que la cosa es más grave de lo que parece. No se trata de que cuando la denunciante haya sido condenada por denuncia falsa pague. Supongamos que aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero aquí no nos quieren colar un pulpo, sino una ballena de tamaño digno de Libro Guiness. Porque lo que se pretende no es otra cosa que las denunciantes tengan esa penalidad añadida en el caso de que su asunto sea sobreseído o acabe en absolución. Y, como todos sabemos, o deberíamos saber, no es lo mismo una denuncia falsa que un hecho que no se ha probado. Como si los maltratadores fueran cometiendo su repugnante delito en plena calle y ante miles de testigos, y nunca hubiera problema de prueba alguno, vaya. Porque eso, y no otra cosa, es lo que ocurre en la mayoría de casos que acaban en absolución: que como es un delito que se comete en la intimidad del hogar, nos encontramos con dos versiones contradictorias, la de autor y víctima, y el juez no tiene suficientes elementos de prueba para entender enervada la presunción de inocencia. Algo que sabe cualquier estudiante de primero de derecho y hasta cualquier persona con un mínimo de sentido común.
Someter a las víctimas a esta presión extra es una crueldad, una falta de sensibilidad de proporciones cósmicas y una gigantesca hipocresía. Porque no se puede calificar de otro modo a quienes, por un lado, hacen campañas donde instan a las mujeres a que denuncien el maltrato y, por otra, les penalizan en el caso de que el juez al que le toque en suerte no lo considere probado.
Y lo que resulta de todo punto inadmisible es que se haga de peor condición a las víctimas de estos delitos, que a las de otros. ¿O tal vez han establecido una norma semejante para los que denuncien un robo, una violación o un delito de corrupción? ¿Verdad que no? Pues eso.
Sé que hay mucha gente que insistirá en la inmensa cantidad de denuncias falsas, en los hombres que se suicidan, y que probablemente me obsequien con comentarios poco halagadores por hablar de ello. Pero ceder a la presión de algo que se fundamenta en un mito es injustificable. Y tácheseme de lo que se quiera por ello.
Porque el hecho objetivo es que el último año ha aumentado un 36 por ciento el número de mujeres que desisten de la denuncia, según cifras de la FGE. Y a este paso descenderá mucho más. Y no olvidemos que la mayor parte de las fallecidas eran mujeres que no denunciaron o retiraron la denuncia interpuesta, así que saquemos nuestras propias conclusiones al respecto. No se necesita ser Einstein.
Menudo regalo para el Día de la Mujer, la verdad. Se lo podrían haber ahorrado.
