Segunda oportunidad para la segunda oportunidad
Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí. Foto: Carlos Berbell

Segunda oportunidad para la segunda oportunidad

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03/3/2015 00:00
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Actualizado: 03/3/2015 00:00
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Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusí

La reforma del gobierno se queda muy corta y genera asimetrías difícilmente justificables. Lamentablemente Madrid sigue con demasiada lentitud la estela marcada por Bruselas y Luxemburgo.

Dicen que no hay una segunda oportunidad para la primera impresión. Pero debe haber una segunda oportunidad para la segunda oportunidad. Porque desgraciadamente la regulación propuesta por el gobierno en el RDL 1/2015 se ha quedado muy corta.

La exoneración de las deudas exigen la liquidación previa del patrimonio, pero no incluye los créditos privilegiados, ni Seguridad Social ni Hacienda. El ministro de Hacienda pretende cobrar a un insolvente de por vida pero le exonera de las deudas con el resto de deudores. ¿No debería de predicar con el ejemplo?, ¿cómo se explica esta asimetría?

De esta manera se mantiene el problema sólo que exclusivamente con la Administración. Una regulación ineficiente porque empuja al insolvente a la economía sumergida con el perjuicio que ello supone para las arcas públicas.

Pero es que además, se mantiene la discriminación respecto a las sociedades mercantiles que tienen limitada su responsabilidad al capital aportado. ¿Por qué unos responden con todos sus bienes presentes y futuros y otros sólo con el capital aportado?

El Banco de España, el Banco Central Europeo, el FMI y el Defensor del Pueblo llevan años advirtiendo del problema de dejar en el ‘limbo’ a miles de empresarios individuales quebrados. Tras su ‘muerte civil’ se convierten en ‘zombies’ en términos económicos. ¿No sería más razonable dar un paso decidido a favor de la ‘resurrección civil’?

Por otro lado es verdad que el RDL 1/2015 de 27 de febrero amplía el colectivo vulnerable que podría acogerse a las medidas anti-desahucios, incluyendo a los mayores de 60 años. El RDL establece la imposibilidad de que a este colectivo se le apliquen cláusulas suelo que les puedan perjudicar. ¿Por qué sólo a este colectivo?, ¿no ha quedado claro en sede judicial que las cláusulas suelo son cláusulas abusivas?, ¿por qué mantenerlas salvo a los colectivos más vulnerables?

Afortunadamente los tribunales están dando la razón a quienes alegan abusividad en las cláusulas suelo. Y frente al gobierno y al Supremo que quieren limitar el ámbito de aplicación, tanto la Comisión Europea como el Tribunal Europeo de Luxemburgo están apostando por una aplicación amplia: no hay plazo para recurrir abusividad y los jueces nacionales tienen plena soberanía para dictaminarla.

El gobierno parece empeñarse en poner puertas al campo en lo que podríamos considerar como ayuda indirecta al sistema financiero. Pero la tendencia en Bruselas y Luxemburgo es la contraria. Lástima que el gobierno español en lugar de ir a la vanguardia en la defensa del consumidor  y usuario de productos financieros vaya siempre como a remolque. El gobierno y las instituciones se deterioran mientras que los afectados pierden tiempo y dinero.

En conclusión: la segunda oportunidad aprobada por el gobierno tiene más de marketing político que de realidad. Lástima que tengamos que esperar a la segunda oportunidad de la segunda oportunidad.

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