¿Denunciará el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea el nepotismo existente en su homónimo español?

¿Denunciará el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea el nepotismo existente en su homónimo español?

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09/3/2015 00:00
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Actualizado: 09/3/2015 00:00
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El Tribunal de Cuentas de España se haya, en estos momentos, incurso en una revisión a fondo de su gestión que están llevando a cabo el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas de Portugal. Ambos desplazaron a Madrid, en los meses de enero y febrero, a un grupo de 5 expertos en lo que se denomina, técnicamente, como “revisión entre pares” (peer review).

¿Recogerá, y denunciará públicamente, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea el nepotismo, el amiguismo y el favoritismo que anida en el seno del Tribunal de Cuentas español? El prestigio de la propia institución europea, y del homónimo portugués, están en juego. 

Porque si optaran por acallar el actual estado de cosas estarían convirtiéndose en cómplices de lo que está ocurriendo, impidiendo hacer las reformas necesarias para rectificar el actual estado de cosas.

Esta “revisión entre pares” tiene por objeto verificar que los procedimientos de gestión interna del Tribunal de Cuentas -entre los que se incluyen las áreas de personal y contratación- se ajustan a las normas profesionales de auditoría y ética reconocidas internacionalmente ya que afectan directamente a la independencia de sus miembros y a la transparencia de su actividad.

El informe definitivo estará listo en junio de este año. 

Las alarmas, entre los máximos responsables del Tribunal de Cuentas, se han disparado, en especial después de que Fernando Clemente, letrado de la institución, obtuviera del Tribunal Supremo una sentencia favorable al recurso que presentó contra la modificación de una convocatoria a un puesto de libre designación.

Un puesto que había sido pensado para favorecer a Enrique Medina, hermano de Javier Medina, consejero y “número 2” del Tribunal de Cuentas.

El propio Clemente fue entrevistado, el pasado 25 de febrero, durante más de una hora por el grupo de auditores europeos, formado por Carlos Morais Antunes, Conceição Ventura y José Tabares -del Tribunal de Cuentas de Portugal- y Dieter Boeckem y Manuel Lourenço -del Tribunal de Cuentas Europeo-, cuando todavía no se conocía la sentencia del Alto Tribunal.

El letrado explicó al grupo de expertos que en la gestión del Tribunal de Cuentas de España se están saltando de forma continua el concurso de méritos, basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que debe ser el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, según establece la Ley 7/2007.

“Todos los puestos de las diferentes convocatorias han sido provistos mediante el procedimiento de libre designación. Aquí le llamamos el ‘dedazo’”, explicó Clemente al grupo de expertos.

“Éste procedimiento es excepcional, de acuerdo con nuestra ley. Porque otorga a la administración una amplia discrecionalidad para decidir quiénes van a ocupar los puestos de trabajo al establecer los requisitos que se deben cumplir. Es un caldo de cultivo para el nepotismo y el amiguismo y va contra la profesionalidad y la eficacia que debe regir en la institución. La gente que está interesada pregunta siempre ‘¿tiene bicho?’, para decidir si se presenta o no. La mayor parte de las veces no lo hace. El caso de Enrique Medina es un buen ejemplo de lo que afirmo”.

Clemente ya consiguió en el pasado que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Carmen de Vicente, hermana del entonces consejero socialista del Tribunal de Cuentas, Ciriaco de Vicente, como subdirectora nivel 30. Un caso que guarda muchísimas similitudes con el actual.

El letrado entregó, asimismo, documentación que sustanciaba sus alegaciones.

Además de Clemente, el grupo de expertos europeos entrevistó a representantes de UGT, Comisiones Obreras, CSIF, la Asociación de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas y la Asociación de Funcionarios de las Administraciones Publicas destinados en el Tribunal de Cuentas; ambas tienen carácter de organizaciones sindicales. 

Todos ellos informaron del actual estado de cosas en materia de personal. 

El diario El País ya denunció el año pasado, en una serie de artículos, que casi un centenar de los 700 trabajadores del Tribunal de Cuentas son familiares de los altos cargos y ex consejeros de la institución o allegados a sus principales representantes oficiales. 

 

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