La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa contra nueve de los 17 empresarios que fueron imputados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por realizar presuntamente donaciones que fueron anotadas en la supuesta contabilidad B del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, debido a la «ausencia de elementos probatorios» contra ellos.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral destaca la ausencia de «vinculación o relación» entre los supuestos donativos y las adjudicaciones que habrían recibido sus empresas, tal y como acreditó la Intervención General del Estado (IGAE) en noviembre pasado.
El fiscal pide el sobreseimiento provisional de la causa, entre otros, para José Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción; el presidente de Obrascón Huarte Laín (OHL), Juan Miguel Villar Mir; y el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero.
También solicita el archivo de las actuaciones para Antonio Vilela (Construcciones Rubau), Joaquín Molpeceres (Grupo Licuas), Rafael Palencia Marroquí (Degremont Iberia), José Luis Gutiérrez (Construcciones Parraño), Cecilio Sánchez Martín (exdirector comercial de FCC) y Ramón Aigé (Sorige-ACSA).
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
El representante del Ministerio Público llega a esta conclusión como resultado de «la investigación y el análisis de la documentación y demás elementos probatorios obrantes en la causa», según detalla en en su escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5.
En el caso de Vilela, imputado por un delito de apropiación indebida por la adquisición de acciones de Libertad Digital con cargo a la caja B de los ‘populares’, Romeral señala que «no resultan elementos probatorios suficientes» para mantener al imputado como partícipe de este delito, «como pone de relieve en su escrito la representación de fondos del Partido Popular».
El informe de la IGAE recogía que «no parece existir una correlación temporal» entre las aportaciones de fondos realizadas al PP por las empresas que aparecen en la supuesta contabilidad B de la formación y los «volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas».
17 EMPRESARIOS Y CRESPO
Ruz imputó el 30 de abril de 2013 a nueve supuestos donantes del PP que aparecían en la contabilidad de Bárcenas, entre los que se encontraban Villar Mir y Del Rivero. También acordó investigar a los empresarios Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Vilela (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama ‘Gürtel’).
En diciembre de 2013 amplió la imputación a otros diez empresarios, entre los que estaban Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia; Cecilio Sánchez, exdirector comercial de FCC; Camilo José Alcalá, presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia; José Antonio Romero, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; y José Luis Suárez, presidente de Construcciones Parraño.
Asimismo, fueron citados Joaquin Molpeceres, del grupo Licuas; Antonio Pinal, presidente consejero delegado de Bruesa; Ignacio Ugarteche, consejero de Urazca Construcciones; Ramón Aigé, presidente de Sorige-Acsa; y Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y administrador único de Asedes Capital. (EP)
