Fuga de Plazaola: Entre todos la mataron y ella sola se murió

Fuga de Plazaola: Entre todos la mataron y ella sola se murió

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12/3/2015 00:00
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Actualizado: 12/3/2015 00:00
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La Policía y la Guardia Civil echan la culpa a la filtración del Tribunal Supremo, que permitió que el etarra, Alberto Plazaola, supiera a través de los medios de comunicación que el Alto Tribunal había anulado su excarcelación. El presidente del Supremo quiere depurar responsabilidades y la Fiscalía también anuncia intervención. Unos y otros se echan la culpa.

Todo comenzó a ocurrir a las 12.40 del martes, cuando la Agencia Efe consiguió la exclusiva a través de su gente destacada en el Tribunal Supremo. A partir de ahí, la noticia se corrió como la pólvora. Los boletines de radio, primero, y después las televisiones, en edición del medio día. «El etarra Plazaola tendrá que volver a la cárcel después de que el Alto Tribunal haya anulado su excarcelación», sucedida hacía cien días. 

La decisión del Pleno de la Sala Segunda, reafirmando la versión legal, aprobada por el Senado, de la adaptación de la decisión marco del Consejo de Europa, que no permitía acumular condenas por delitos idénticos castigados en países distintos de la Unión Europea, establecía el regreso de Plazaola a prisión. Su libertad quedaba revocada. 

Pero no va a ser así. Plazaola voló. Le quedaban por cumplir en prisión seis años, de una condena de 36 años por dos delitos de asesinato frustrado en relación con la colocación de una bomba en un bar de Eskoriatza (Guipuzcoa) en 1987 y otros 10 años por un delito de estragos.

Nadie lo estaba vigilando. Ni Policía Nacional, ni Guardia Civil, ni Ertzaintza.

Nadie tuvo en cuenta el criterio establecido por la Sala de lo Penal, el pasado 13 de enero, cuando rechazó acumular las penas a Kepa Pikabea por la misma causa. Era de cajón de madera de pino que la decisión del Alto Tribunal iba a seguir la misma senda. 

Según el Ministerio del Interior, la Policía y la Guardia Civil recibieron la orden de detener a Plazaola a las 17.22 horas del martes. Pasadas cuatro horas después de que se comenzara a divulgar la noticia a través de los medios de comunicación. El ministro Jorge Fernández, en un alarde de echar valones fuera, recalcó que «el Ministerio del Interior y la Guardia Civil lo que han hecho es cumplir la ley, como es su obligación», y señaló la tardanza de los jueces en comunicar la orden de detención. Traducido: los jueces tienen la culpa. 

Según fuentes de ese Ministerio, hasta que se recibe la orden «no existe posibilidad jurídica» de detener a Plazaola, lo que se contradice con otras manifestaciones que se hicieron desde esa misma fuente meses atrás cuando se afirmaba con seguridad que se podían poner en marcha «medidas auxiliares de seguimiento y controles ritunarios». Un cambio de 180 grados. 

Ministerio, policías, guardias civiles, jueces y fiscales obvian también un factor evidente para evitar lo que ha ocurrido: la existencia de teléfonos móviles que permite la comunicación instantanea. Al mismo tiempo que los medios de comunicación difundían la información no hubiera costado nada que, en modo de prevengan, a quien le tocaba la responsabilidad de su detención -Policía, Guardia Civil o, incluso, la Ertzaintza- , poner en marcha un dispositivo para que el etarra no se escapara. Tan fácil, pero nadie lo pensó. 

De hecho, al mediodía, en el momento en que se divulgaba la información a través de la pequeña pantalla, un grupo de partidarios de ETA se manifestaron frente a la casa de Plazaola y allí estaba la Ertzaintza, «protegiendo» al reo, que se encontraba en su casa. 

A las 20.44, las Fuerzas de Seguridad recibieron el auto judicial que autorizaba la entrada y registro en el domicilio del Plazaola, en Oñate, Guipuzcoa. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque la ley establece que debe estar presente la secretaria judicial del partido judicial, que llegó a las 23.05. En ese momento Policía y Guardia Civil penetraron en la casa, pero allí ya no estaba. 

LESMES Y MADRIGAL INDAGARÁN

La máxima autoridad de la Justicia quiere saber quién fue el autor de la filtración y tiene intención de «pedir responsabilidades». Para ello preguntará al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, para que -se supone- este a su vez, indague entre los suyos. «Lamentablemente se ha producido una filtración, es algo anómalo que altera la neutralidad informativa», ha dicho.

Consuelo Madrigal, la fiscal general del Estado, a su vez, ha anunciado que intenterán aclarar las filtraciones, «si es que las ha habido». 

Lo que ha ocurrido, coinciden fuentes judiciales y policiales consultadas por Confilegal, «es una gran descoordinación entre unos y otros. Entre los jueces del Supremo y los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se han dormido y cuando han querido reaccionar era tarde. Todos tienen su parte de culpa. Quien no ha tenido culpa alguna ha sido el periodista que ha dado la noticia. El mensajero ha cumplido con su función y no se puede matar al mensajero». 

 

 

 

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