El magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, ha pedido formalmente a la Iglesia, mediante un auto (un escrito ejecutivo), que le informe sobre las investigaciones internas llevadas a cabo por la jurisdicción eclesiástica y sobre las quejas denuncias o reclamaciones de cualquier tipo que se hubiesen podido recibir de los diez sacerdotes supuestamente implicados.
El juez, que aceptaba así la petición del abogado del principal denunciante, personado como acusación particular, libra además oficio en esta resolución, de fecha 1 de marzo, a la Conferencia Episcopal para que le remita copia del protocolo reservado de actuación sobre la forma de proceder en relación a abusos sexuales, aprobado por la asamblea plenaria de esa conferencia en 2010, «así para que informe si dicho protocolo es de obligado cumplimiento en todas las diócesis españolas y si se halla en vigor en la actualidad».
También insta al Arzobispado de Granada a que informe si los diez sacerdotes -imputados inicialmente junto a otros dos seglares- han solicitado a la Diócesis el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles «que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años» y, en su caso, si le constan «quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de dicha asociación o fraternidad de facto».
Por otra parte, Moreno también pide que se le informe sobre las contribuciones, donaciones o aportaciones económicas que hubieren podido realizar tanto la asociación de hecho compuesta por los sacerdotes como cualquiera de ellos, por sí o en nombre de terceros, al Arzobispado de Granada o a cualquier entidad o persona dependiente del mismo», y también que aclare las reuniones mantenidas por el arzobispo, Javier Martínez, con los integrantes de este grupo.
En cuanto a la solicitud de la acusación particular de que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado o Archidiócesis de Granada, el juez dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronunciasen.
El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román Martínez, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que, sin embargo, quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ‘ipso facto’ denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que «la verdad es la verdad» y «no debe esconderse». El ‘caso Romanones’ también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los «escándalos» que afectaban entonces a la Iglesia. EP.