Los fiscales tendrán la llave de la duración de la instrucción

Los fiscales tendrán la llave de la duración de la instrucción

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14/3/2015 00:00
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Actualizado: 14/3/2015 00:00
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El juez no podrá prorrogar los plazos de instrucción de un asunto penal «de oficio», como ocurre ahora, si no cuenta con el visto bueno del fiscal. Según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) en curso, el Ministerio Fiscal tendrá la llave para permitir la ampliación del tiempo de instrucción más allá del nuevo límite fijado en la reforma de la LECRIM, aprobada por el Ejecutivo.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, a partir de la aprobación de esta reforma el fiscal deberá escuchar a las partes; las acusaciones populares, por su parte, no podrán solicitar la prórroga de la instrucción, fijada en 6 meses para causas ordinarias y 18 para las complejas. 

Si a la finalización del plazo máximo de 18 meses para causas complejas el fiscal no solicita la prórroga de las actuaciones, el juez se verá obligado a elevar la causa para su enjuiciamiento o a archivarla. En los casos en los que, por su complejidad, el tiempo se quede corto, se podrá extender hasta los 36 meses o «sine die», si el fiscal así lo considera.

Actualmente, es el juez de instrucción el que decide «de oficio» prorrogar la instrucción de cada caso, mes a mes -sin límite- solicitándolo al presidente de la Audiencia Provincial respectiva (o del órgano superior), cosa que se hace y se concede con normalidad. De esa forma, una instrucción puede durar años. 

Además, la norma se acompañará de una disposición transitoria que ampliará la aplicación de estos plazos a las causas que ya estén curso. En todo caso, el tiempo de instrucción «límite» comenzará a correr a partir de la publicación en el BOE de la norma y no se tendrá en cuenta cúantos meses o años se hayan dedicado a la investigación penal hasta ese momento.

La norma considera como «complejos» los delitos cometidos por grupos u organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.

TRIBUNAL DE ESTRASBURGO

El proyecto, que iniciará el trámite parlamentario tras su aprobación este viernes por parte del Consejo de Ministros, habilita también un cauce procesal para incorporar las sentencias que pueda dictar en el futuro por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Tras la experiencia de la anulación de la conocida como doctrina Parot por decisión del tribunal con sede en Estrasburgo, la Lecrim establece que las resoluciones europeas sólo serán aplicables de forma automática a quienes afecten de forma directa. Aquellos que se encuentren en un caso similar al fallado por el TEDH podrán solicitar al Supremo una revisión durante un plazo máximo de un año.

Es decir, si esta medida se hubiera aplicado en el caso de la Parot, la decisión de Estrasburgo hubiera desembocado en la excarcelación automática de la miembro de ETA Inés del Río, que fue la recurrente. El resto de terroristas en su situación no habrían abandonado la prisión hasta la aplicación de la jurisprudencia europea a sus causas particulares por parte del alto tribunal español.

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