Los 11 acusados de la trama «Pretoria» se sentarán en el banquillo

Los 11 acusados de la trama «Pretoria» se sentarán en el banquillo

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18/3/2015 00:00
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Actualizado: 18/3/2015 00:00
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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra los once presuntos miembros en la trama «Pretoria» de corrupción urbanística en Cataluña y les ha impuesto fianzas por un importe de 102,6 millones de euros por las multas a las que podrían ser condenados.

Entre los acusados se encuentran dos exaltos cargos del Gobierno de Cataluña con CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta, al que se impone una fianza de 18,3 millones de euros; y el exconsejero de Economía Macià Alavedra, que tendrá que depositar 13,7 millones. Ambos se enfrentan a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años y diez meses de cárcel.

En el auto de apertura de juicio oral notificado este miércoles, el juez impone fianzas por un total de 102 millones de euros -oscilan entre los 30,1 millones y los 25.920 euros-, que corresponden a las multas solicitadas por las acusaciones incrementadas en un tercio, tal y como establece la ley, y les da diez días de plazo para depositarlas. 

Se calcula que esta red defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, entre los años 2000 y 2009 

La fianza más alta deberá ser afrontada por el exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, alias ‘Luigi’, que tendrá que depositar 30,1 millones de euros de fianza y se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de cárcel, por los delitos continuados de tráfico de influencia, delito continuado de blanqueo de capitales y cohecho.

Con esta decisión, Ruz lleva a juicio esta causa que abrió a finales de enero de 2009 su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón, y en la que llegaron a estar imputadas veinte personas, de las que casi la mitad fueron exoneradas a lo largo de la instrucción.

Entre los acusados también se encuentran el exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, que se enfrenta a una petición de seis años y diez meses de prisión y tendrá que prestar una fianza de 5,6 millones de euros; y el exconcejal de Urbanismo del municipio Manuel Dobarco, que podría ser condenado a un año de cárcel y tendrá que depositar una caución de 5,5 millones.

Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. La Fiscalía acusa a los exaltos cargos de CiU y el PSC de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.

El resto de los acusados son los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel y fianza de 2 millones) y Manuel Carrillo (3 años y 25.920 euros); los presuntos testaferros Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel y 8,1 millones) y Philip McMahann (3 años y seis meses y 5,6 millones); Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra (2 años y seis meses y 840.000 euros); y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3 años y seis meses y 12,6 millones).

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