Los 11 acusados de la trama «Pretoria» se sentarán en el banquillo
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra los once presuntos miembros en la trama «Pretoria» de corrupción urbanística en Cataluña y les ha impuesto fianzas por un importe de 102,6 millones de euros por las multas a las que podrían ser condenados.
Entre los acusados se encuentran dos exaltos cargos del Gobierno de Cataluña con CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta, al que se impone una fianza de 18,3 millones de euros; y el exconsejero de Economía Macià Alavedra, que tendrá que depositar 13,7 millones. Ambos se enfrentan a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años y diez meses de cárcel.
En el auto de apertura de juicio oral notificado este miércoles, el juez impone fianzas por un total de 102 millones de euros -oscilan entre los 30,1 millones y los 25.920 euros-, que corresponden a las multas solicitadas por las acusaciones incrementadas en un tercio, tal y como establece la ley, y les da diez días de plazo para depositarlas.
Se calcula que esta red defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, entre los años 2000 y 2009
La fianza más alta deberá ser afrontada por el exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, alias ‘Luigi’, que tendrá que depositar 30,1 millones de euros de fianza y se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de cárcel, por los delitos continuados de tráfico de influencia, delito continuado de blanqueo de capitales y cohecho.
Con esta decisión, Ruz lleva a juicio esta causa que abrió a finales de enero de 2009 su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón, y en la que llegaron a estar imputadas veinte personas, de las que casi la mitad fueron exoneradas a lo largo de la instrucción.
Entre los acusados también se encuentran el exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, que se enfrenta a una petición de seis años y diez meses de prisión y tendrá que prestar una fianza de 5,6 millones de euros; y el exconcejal de Urbanismo del municipio Manuel Dobarco, que podría ser condenado a un año de cárcel y tendrá que depositar una caución de 5,5 millones.
Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. La Fiscalía acusa a los exaltos cargos de CiU y el PSC de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
El resto de los acusados son los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel y fianza de 2 millones) y Manuel Carrillo (3 años y 25.920 euros); los presuntos testaferros Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel y 8,1 millones) y Philip McMahann (3 años y seis meses y 5,6 millones); Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra (2 años y seis meses y 840.000 euros); y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3 años y seis meses y 12,6 millones).
