El juez Ruz considera al PP responsable del pago en «B» de las obras de su sede
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha considerado al Partido Popular (PP) responsable civil subsidiario por el pago en negro de las obras de su sede a la empresa Unifica, según consta en un auto en el que propone juzgar a seis personas por la ‘caja B’ de la formación, entre ellas sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Así consta en un auto dictado este lunes en el que el magistrado transformar las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y propone que sean juzgados por estos hechos, además de los dos exteroreros, el exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, que llevó a cabo la reforma de la sede ‘popular’, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.
El magistrado considera que la formación presidida por Mariano Rajoy debe afrontar en un eventual juicio la responsabilidad civil subsidiaria correspondiente a los delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por sus tres exdirigentes, que abonaron 1.552.000 euros a Unifica con dinero negro.
Además, el juez atribuye un delito de apropiación indebida a Lapuerta y Bárcenas por «incorporar al patrimonio del primero determinados fondos de la formación política que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital», y otro de falsedad documental a los responsables de Unifica, que también es responsable civil de la actuación de sus trabajadores.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado el sobreseimiento provisional y parcial de los 22 imputados en el caso de los papeles de Bárcenas, entre ellos empresarios y el ex secretario general del PP Ángel Acebes.
A lo largo de 190 folios el juez detalla toda la investigación que ha realizado tras la aparición de los llamados “papeles de Bárcenas” por la que según el juez Pablo Ruz ha quedado indiciariamente acreditado que la formación política Partido Popular desde 1990 y hasta al menos 2008 se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, “ funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas b”.
El juez incluye todas las diligencias practicadas, los documentos intervenidos en los registros, los documentos aportados por las diversas entidades públicas y privadas, los interrogatorios realizados, los informes periciales para concluir que existen indicios sólidos y fundados de la realidad de determinadas entradas de fondos dinerarios opacos o en “b” a favor del partido popular, en los años objeto de análisis (1990- 2008).
Según el juez, determinadas salidas de dichos fondos permiten corroborar la “existencia y circulación en el seno del Partido Popular a cargo del gerente y tesorero nacional de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o “cajas B”.
El juez Ruz cifra en 1.552.00 euros el pago total realizado a Unifica en «b» por las obras de la sede del Partido Popular en la calle Génova.
