Javier Gómez Bermúdez, Baltasar Garzón y Javier Zaragoza, junto a Francisco Bañeres, fueron utilizados por la Banca Privada D’Andorra (BPA), invitándolos a conferencias y jornadas, para proyectar la imagen de que en Andorra las entidades financieras habían asumido el compromiso de colaboración y transparencia en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Mientras, desde la BPA seguían lavando el dinero negro de la criminalidad organizada internacional.
La actividad comunicativa de BPA se remonta a 2000. Desde esa fecha, la entidad financiera ha venido organizando mesas redondas sobre la prevención del blanqueo de capitales, con la participación de especialistas sobre el tema.
Sin embargo, fueron las de 2009 y 2010 fueron las que obtuvieron mayor resonancia mediática. Porque en ellas tomaron parte los mencionados Javier Gómez Bermúdez, entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), Javier Zaragoza, fiscal jefe de la AN, y Francisco Bañeres, fiscal responsable de delitos económicos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según consta en las memorias de la BPA de ambos años, tituladas “Estados Financieros y Responsabilidad Corporativa”.
Baltasar Garzón también participó en las mismas fechas, si bien en 2009 lo hizo como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN y en 2010 como consultor de la Corte Penal Internacional, ya que había sido suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial.
Además de los citados juristas, en las de 2010 tomaron parte Dolores Delgado, fiscal de la AN y Carles Fiñana, fiscal adjunto y director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.
En la memoria de 2009, la BPA resalta el gran éxito que suponía haber reunido a Baltasar Garzón, Javier Gómez Bermúdez, Javier Zargoza y Francisco Bañeres en la conferencia “Prevención, investigación y represión de la criminalidad organizada”, que tuvo lugar en el Centro de Congresos de Andorra La Vella “convidados por BPA”.
A toro pasado, resulta más que evidente que los conocidos juristas fueron utilizados por la BPA para “vender” a los medios de comunicación que estaban cumpliendo con los estándares internacionales requeridos en este campo, cosa que no era verdad.
Como se sabe, el pasado 13 de marzo, la Policía del Principado de Andorra detuvo a Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado del BPA y Banco Madrid, acusado de un supuesto delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
El Gobierno de Andorra intervino BPA –copresidido por los hermanos Higini y Ramón Cierco- el miércoles, 11 de marzo, después de que el Tesoro de los Estados Unidos acusara al grupo financiero andorrano de canalizar fondos procedentes de organizaciones criminales de países como Venezuela, Rusia y China a cambio de comisiones. Por ello, anunció que sometía a la entidad a «preocupación de primer orden» en materia de blanqueo de capitales.
Según los estadounidenses, «El 6 de marzo de 2015, la directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen) encontró motivos razonables para concluir que BPA es una institución financiera bajo sospechas de primera magnitud de que está operando fuera de los Estados Unidos lavando dinero».
El FincCen afirma que «altos cargos de la entidad han facilitado transacciones para blaquear capitales prestando servicios a personas y organizaciones involucradas en el crimen organizado, la corrupción, el contrabando y el fraude». «Esos altos cargos mantenían una relación estrecha con esos terceros», añade el organismo del Tesoro, que les acusa de llevar a cabo esas prácticas ilícitas a cambio de «comisiones desorbitadas».
Como consecuencia directa, la filial española de la BPA, el Banco Madrid, suspendió su actividad y la Comisión Nacional del Mercado de Valores ordenó su intervención.
“Las jornadas de prevención del blanqueo de capitales sirvieron para poner de relieve el compromiso de Andorra de participar en iniciativas internacionales relacionadas con la estabilidad financiera, la transparencia y la lucha contra las actividades delictivas”, se puede leer en la memoria de 2010.
“Era la primera vez que coincidían en un acto público hablando del blanqueo de capitales”, dice la memoria de 2009. “Las conclusiones pusieron de relieve el esfuerzo del Principado para adecuarse a la normativa internacional. Los participantes señalaron la importancia de la declaración de París de 10 de marzo de 2009. Como resultado de esta declaración, Andorra modificó su legislación y se comprometió a mejorar la cooperación en materia fiscal ante situaciones sospechosas concretas y determinadas”.
Los conocidos juristas elogiaron dichos esfuerzos de forma destacada.
Garzón declaró que “he obtenido más colaboración de Andorra que de Londres o Miami”. Gómez Bermúdez señaló la “voluntad evidente” del Principado para cooperar contra el blanqueo.
Zaragoza anunció “una mala noticia y una buena”. En negativo, recordó –según recoge el Diari més Andorra en su edición del 1 de octubre de 2009- como “durante buena parte de los 90, muchas investigaciones condujeron con demasiada frecuencia a esta tierra». La noticia buena es que “aunque en ese momento Andorra no disponía de los instrumentos normativos adecuados, ya entonces las autoridades judiciales, policiales y financieras colaboraron” hasta culminar con éxito las operaciones.
Bañeres, por su parte, elogió el grado de implicación del Principado en la lucha contra este tipo de delitos: “Siempre hemos encontrado la colaboración absoluta de Andorra, como en el caso Pallerols”.