El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interroga este jueves como imputados a 3 de los 8 españoles detenidos el 27 de febrero por combatir en Ucrania en las milicias prorrusas y que fueron puestos poco después en libertad por la Policía sin pasar a disposición judicial.
El magistrado tomará declaración a los residentes en Madrid, mientras que ha remitido exhortos a los juzgados de las ciudades donde habitan los otros cinco para que declaren como imputados por delitos de tenencia y depósito de armas y explosivos, participación para la comisión de asesinatos y delitos contra la neutralidad del Estado en conflictos internacionales. Este último delito está recogido en el artículo 591 del Código Penal y castigado con penas de entre cuatro y quince años de cárcel.
Los ocho jóvenes quedaron en libertad el pasado 27 de febrero tras ser detenidos en el marco de la ‘Operación Danko’ por la Policía Nacional en Gijón, Cartagena, Barcelona, Cáceres, Pamplona, Alcorcón (Madrid) y dos de ellos en Madrid capital.
Según el Ministerio del Interior, los ocho españoles prorrusos habrían «violentado la neutralidad» que debe mantener España en el conflicto de Ucrania y les acusa de difundir en las redes sociales su entrenamiento, exhibiendo uniformes paramilitares, fusiles de asalto, artefactos y dispositivos explosivos y se manifestaban a favor de la lucha armada de los secesionistas violentos, según informa Interior.
Los ocho españoles se desplazaron a Ucrania durante el año 2014 y regresaron recientemente a España. Todos ellos se incorporaron a los grupos separatistas prorrusos en el bando que lucha por la independencia de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk.
La detención se produjo por orden de Pedraz, que recibió una querella de la Fiscalía contra ellos basada en un informe policial con fotos y vídeos en los que los arrestados aparecen en Ucrania con armas como rifles Kalashnikov.
Los detenidos habían colgado estas fotos y vídeos en redes sociales a su vuelta del país centroeuropeo y los agentes procedieron entonces a elaborar un informe con ese contenido para remitirlo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, competente para delitos cometidos por españoles en el extranjero.
Se trata de la primera operación policial llevada a cabo en Europa contra las actividades de los combatientes extranjeros en el conflicto ucraniano. Durante una entrevista concedida a Europa Press el pasado mes de septiembre, algunos de los españoles desplazados a Ucrania y que se autodefinieron como «anticapitalistas» relataron que habían viajado para combatir junto a los separatistas prorrusos para hacer frente al «resurgimiento del Cuarto Reich en Europa».