Fuenteovejuna de la Sala Segunda del Tribunal Supremo frente a Lesmes
Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, escenificó ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, una escena a lo ‘Fuenteovejuna’ el pasado 13 de marzo, viernes. Marchena le dijo a Lesmes que no iba a hacer ninguna investigación interna en torno a la supuesta “filtración”. Y no se ha hecho.
La escena tuvo lugar en el despacho de Lesmes.
Los dos, frente a frente.
El día anterior la primera autoridad de la justicia española había declarado, a propósito de la información que había propiciado la huida del etarra Alberto Plazaola, que aquello iba a tener consecuencias graves.
Sobre todo para quién la hubiera “filtrado”. “Alguien” de la Sala de lo Penal. Se presumía.
«Yo como presidente del Tribunal Supremo voy a pedir la apertura de investigación sobre esta filtración, trataremos de identificar a la persona responsable y le exigiremos responsabilidades porque en este caso se ha producido un daño a la Justicia», declaró a los medios de comunicación en la Facultad Ciencias Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid el 12 de marzo, jueves.
A Plazaola le quedaban por cumplir en prisión seis años, de una condena de 36 años por dos delitos de asesinato frustrado en relación con la colocación de una bomba en un bar de Eskoriatza (Guipuzcoa), en 1987, y otros 10 años por un delito de estragos.
El etarra había sido puesto en libertad el pasado 4 de diciembre por una orden de la Audiencia Nacional, que también ordenó excarcelar a “Santi Potros”, en virtud de una decisión marco europea que permitía acumular penas por condenas cumplidas en cualquier país de la Unión Europea.
Desde ese momento, el etarra estaba en libertad, viviendo en la localidad guipuzcoana de Oñate.
Sin embargo, el 13 de enero el Pleno de la Sala Segunda, que preside Marchena, había decidido, como criterio general, que las condenas cumplidas en cualquier país de la Unión Europea no debían ser restadas a las impuestas en España.
Blanco y en botella.
Era cuestión de tiempo que Plazaola volviera a la cárcel.
Por eso, cuando los periodistas destacados en la Sala de Prensa del Alto Tribunal supieron que se había producido un cambio de ponente en la sentencia de Plazaola sumaron dos y dos.
Y sumaron cuatro.
El “progresista” Joaquín Giménez había cedido su responsabilidad al “conservador” Andrés Palomo. Giménez había votado, con la minoría, en el Pleno del 13 de enero. No hacía falta tener la sentencia delante para saber el fallo que se iba a producir.
Hacia el mediodía, la noticia estaba en todos los medios de comunicación.
El problema fue que la maquinaria policial no lo tenía previsto y no comenzó a moverse hasta que recibió la comunicación de la Audiencia Nacional –el órgano a quien le correspondía emitir al orden-, que, a su vez, lo comunicó, pasadas las cinco de la tarde, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Para entonces, “el pájaro” había volado.
«Era una persona que estaba en libertad y las medidas a adoptar para cualquiera podrían ser previsibles puesto que previsible era la resolución del Tribunal Supremo», declaró por aquellos días la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda.
Pero no era así.
Nadie lo estaba vigilando.
Las palabras del presidente Lesmes a los medios irritaron y enfadaron a los dieciséis magistrados que componen la Sala de lo Penal, sin distinción de pensamientos progresistas o conservadores.
Aunque no hubo reunión general, hablaron entre ellos y, a su vez, con el presidente de la Sala, a quien le dejaron muy claro que no iban a participar en ninguna “caza de brujas”.
Esa era una “línea roja” que no iban a cruzar.
“¡Fuenteovejuna, señor!”, el espíritu de Lope de Vega emergió en esas horas entre todos los magistrados de la Sala. “¡Todos a una!”.
Marchena, investido con el apoyo de sus compañeros, telefoneó a Lesmes y pidió verle de inmediato. Sin problemas.
Eran dos gigantes. Uno frente al otro.
Marchena había sido el principal rival de Lesmes para el puesto que ocupaba en ese momento.
Pero fue, finalmente, Lesmes quien se llevó el gato al agua.
Luego Marchena sucedió a Juan Saavedra al frente de la Sala de lo Penal, la que investiga y enjuicia a los aforados.
La conversación entre los dos fue tensa.
Marchena le dijo a Lesmes que no iba a contar con su colaboración en la investigación interna anunciada, que la decisión de la Sala había sido tomada el 13 de enero y que todos los que debían saberlo lo sabían.
La de Plazaola era la crónica de una detención anunciada.
El presidente de la Sala de lo Penal le reiteró al presidente del Tribunal Supremo que se encontraría con su oposición en la Sala de Gobierno, si pretendía llevarlo por ese cauce, tal como había anunciado a los medios.
Cuando terminó de hablar, el mensaje había quedado muy claro.
Diáfano.
Marchena regresó a su despacho, en la cuarta planta del edificio del Tribunal Supremo.
El 16 de marzo, lunes, tres días después del discreto encuentro entre ambos, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, celebró su reunión regular.
Presidió Lesmes, como era lo habitual.
Junto a él, en la Saleta, el vicepresidente Ángel Juanes, Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera, Manuel Marchena, de la Sala Segunda, José Manuel Sieira Mínguez, de la Sala Tercera, Jesús Gullón Rodríguez, de la Sala Cuarta, y Ángel Calderón Cerezo, de la Sala Quinta. Y los cinco miembros electos Nicolás Maurandi, Pablo María Lucas, Pedro José Yagüe, Antonio del Moral y Benito Gálvez, además del secretario de Gobierno, Tomás Sanz, notario de todos sus actos.
Todos tenían ante sí el orden del día.
Todos lo leyeron. Se miraron los unos a los otros, comunicándose, sin palabras, y miraron al presidente Lesmes. En él no figuraba la investigación anunciada de la ‘filtración’.
Lesmes había reculado en el órdago que le había echado el presidente de la Sala de lo Penal.
Y nadie dijo nada.
