El Gobierno reconoce la responsabilidad del PP en las “actuaciones ilícitas” de su exgerente Luis Bárcenas

El Gobierno reconoce la responsabilidad del PP en las “actuaciones ilícitas” de su exgerente Luis Bárcenas

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30/3/2015 00:00
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Actualizado: 30/3/2015 00:00
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“La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, permite extender a los partidos políticos ‘la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos’, según se lee en el apartado II de su Preámbulo».

Así, de esta forma genérica, el Gobierno de Rajoy ha reconocido por escrito que el Partido Popular sería corresponsable de las acciones supuestamente fraudulentas cometidas por el que fuera su gerente Luis Bárcenas.

Un hecho que, de la misma manera, se podría hacer extensible al PSOE por lo que le pudiera corresponder respecto a las supuestas actuaciones de José Antonio Griñán y de Manuel Chaves en el caso de los ERE en Andalucía, si el Tribunal Supremo apreciara indicios de delito en la instrucción en curso. 

El párrafo con el que abrimos esta información está contenido en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por Gaspar Llamares.

El diputado de IU se había interesado por las anotaciones de la caja B que controlaba Bárcenas, según las cuales “el PP percibió 1.055.000 euros en donativos ilegales, que fueron dedicados en parte a pagar sobresueldos a la cúpula del partido y a las obras de reforma de su sede nacional, en la calle de Génova, 13”.

Sobre esa base, Llamazares formulaba el pasado 18 de noviembre la siguiente pregunta (publicada en el número 561 del BOCG): “¿Tiene previsto el Gobierno impulsar una reforma legislativa para que sea considerado un delito fiscal no pagar la cuota correspondiente al Impuesto de Sociedades por los donativos ilegales percibidos por un partido político?”.

En su respuesta oficial, realizada el 19 de enero de 2015 y publicada en el número 616 del Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) el 24 de febrero, el Gobierno se ha referido en primer lugar a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la que se aborda una buena parte de ese asunto.

Pero, en segundo lugar, ha contestado textualmente lo siguiente: “El tratamiento del delito de fraude fiscal por los donativos ilegales a los partidos políticos se articula a través de la relación entre el artículo 305 del Código Penal y la exigencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas prevista en el artículo 31.bis del Código Penal, que desde la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, permite extender a los partidos políticos ‘la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos’, según se describe en el apartado II de su Preámbulo”.

Firma la respuesta parlamentaria el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón Manso. 

Es decir, que el Gobierno reconoce que esos aspectos ya están abordados en los cambios legislativos que este mismo ejecutivo ha venido impulsando desde 2012.

Por lo tanto, es la base legal sobre la que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está actuando respecto a las donaciones al PP en el macrocaso Gürtel.

LAS DONACIONES ILEGALES, PENADAS EN LAS REFORMAS EN TRÁMITE

Llamazares se interesaba igualmente por las primeras explicaciones dadas por la Agencia Tributaria el pasado año, cuando comenzaron a salir las investigaciones del juez Ruz sobre los donaciones supuestamente ilegales al PP y los pagos supuestamente en negro de la reforma de su sede central en Madrid.

El diputado de IU recordaba que la Ley de Financiación de Partidos Políticos “establece que las donaciones están exentas de tributación, sin precisar nada respecto a si la exención fiscal alcanza también a aquellos donativos que se realizan vulnerando la ley, o bien porque superan los 60.000 euros anuales o porque los donantes son contratistas de administraciones públicas”.

A ese respecto, el Gobierno destaca ahora que esos aspectos van a estar contenidos en la reforma del Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Esa reforma se encuentra en tramitación parlamentaria.

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