Suspendido el juicio del caso Gürtel hasta después de las elecciones municipales y autonómicas
El tribunal del caso Gürtel, que está enjuiciando la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha suspendido la celebración de vistas hasta el próximo 11 de junio, con el fin de decidir sobre la recusación a uno de los jueces de la Sala y para «garantizar el derecho de defensa» de los acusados, según Pilar de la Oliva, presidenta del TSJCV.
Trece de los acusados habían solicitado, precisamente, la suspensión del juicio. Entre ellos hay dos exconsejeras de Turismo bajo el gobierno de Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such, y los empresarios de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Álvaro Pérez, “El Bigotes”.
Las defensas mostraron sus dudas durante las dos primeras sesiones del juicio, celebradas el martes y miércoles, dedicadas a las cuestiones previas. Una de las partes recusó al magistrado Juan Climent por haber pertenecido al gobierno socialista de la Generalitat Valenciana bajo la presidencia de Joan Lerma.
Tanto el Ministerio Fiscal, representado por Ana Cuenca, como la acusación popular por parte del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), al que representa el letrado Francisco de Antonio, rebatieron que el tribunal estuviera contaminado.
La fiscal defendió la legalidad de todas las detenciones, de las escuchas realizadas y de los registros llevados a cabo y acusó a las defensas de los acusados de tratar de «dilatar el proceso» y de cometer «fraude procesal» al pedir la nulidad del juicio por vulneración de derechos fundamentales.
De Antonio, por su parte, centró su intervención en hacer ver que la recusación contra el magistrado Juan Climent carecía de base. Climent, según el letrado, entró en la Generalitat Valenciana en 1983 como secretario general técnico, y, cesó en 1985; Ximo Puig, secretario general del PSPV, por su parte, tomó posesión como jefe de gabinete del presidente de la Generalitat Valenciana de Lerma en 1987, por lo que no coincidieron en el tiempo.
Además, añadió De Antonio, Climent, entró en el gobierno de la mano de Rafael Blasco, que, en su última etapa pública, fue consejero del PP.
El tribunal se retiró a deliberar sobre estas cuestiones tras lo cual la presidenta, Pilar de la Oliva, anunció la suspensión del proceso hasta el 11 de junio para «garantizar al máximo el derecho defensa de las partes y reconociendo la complejidad de la causa» con el fin de «permitir a las partes un más profundo estudio del material probatorio que pueda haber en otros órganos judiciales».
La presidenta De la Oliva se refería a la abogada del turno de oficio, representante legal de la procesada Mónica Magariños, apoderada de la empresa Orange Market, S.L., desde noviembre de 2004, que recibió la información del caso a mediados del pasado mes de febrero y que, debido a la volumen y complejidad de la causa, no había dispuesto del tiempo necesario para estudiarlo y construir la defensa legal apropiada.
Los encausados tienen que responder por las supuestas irregularidades en contrataciones de la Feria Fitur entre 2005 y 2009.
La suspensión del proceso quita presión sobre el Partido Popular en un momento tan delicado como son las elecciones autonómicas y municipales, previstas para el 24 de mayo.
De no haber procedido a la suspensión, el juicio habría estado en todos los medios de comunicación durante el periodo electoral.
