Turno para los diputados Manuel Chaves y Gaspar Zarrías ante el Supremo

Turno para los diputados Manuel Chaves y Gaspar Zarrías ante el Supremo

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12/4/2015 00:00
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Actualizado: 12/4/2015 00:00
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«Proceso penal nodriza». Así describe el magistrado instructor de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, a la investigación que está llevando a cabo la juez Mercedes Alaya desde Sevilla. El suyo, por lo tanto, es una derivación, o como se denomina en la televisión, un «spin off», de la de Sevilla, en la que están imputadas 263 personas.

En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital hispalense que investiga la matriz de esta causa acusa indiciariamente a los aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.

Ante su señoría ya han declarado el diputado José Antonio Viera Chacón, ex consejero de Empleo, y el senador, José Antoio Griñán Martínez, ex presidente de la Junta de Andalucía y ex consejero de Economía. 

La semana que entra toca a los diputados Manuel Chaves González, ex presidente de la Junta de Andalucía, y Gaspar Zarrías, ex consejero de Presidencia de la misma institución, y mano derecha de Chaves. 

Chaves comparecerá el próximo martes, 14 de abril, para explicar su relación con los «actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas».

Previsiblemente el juez Jorge Barreiro, que dispone el informe de los cuatro peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) en el que cuestionan la legalidad del sistema de ayudas socio-laborales, le preguntará sobre lo que sabía sobre el denominado instrumento presupuesto «transferencias de financiación». 

De acuerdo con los peritos del IGAE, desde abril de 2000 se canalizaron fondos públicos desde una partida presupuestaria de la Junta a una partida fraudulenta desde la que se distribuyó el dinero, sin ningún tipo de control de la Intervención y eludiendo la Ley de Subvenciones. «Provocando, además, millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década», dice el auto suscrito por la juez Alaya en septiembre de 2013. 

Para interrogar a Zarrías, citado para el jueves, 16 de abril, el instructor tiene sobre la mesa el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) sobre su persona y también sobre la senadora Mar Moreno, sucesora suya en el cargo, cuya comparecencia cerrará la ronda de declaraciones en el alto tribunal el próximo 21 de abril, martes. 

La investigación se centra en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía y que pueden estar relacionados con los hechos que son objeto de la causa que le fue remitida por la juez de Sevilla Mercedes Alaya.

POSTURA DE LOS PERITOS

En su informe pericial los interventores generales del Estado dicen considerar «inadecuada e improcedente» la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas.

De esta ayudas se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.

Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las «medidas necesarias» al respecto.

El primer aforado en declarar en el Supremo fue el exconsejero de Empleo, Viera, quien declaró que, con el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se implantó en Andalucía, él pretendía «instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a las necesidades urgentes».

En el curso de su declaración, Viera rechazó conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa por los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía «porque su cargo era político y no entraba en el detalle de la denominación de las partidas» o en la sistemática económico-contable empleada. Se presentó como un maestro sin conocimientos jurídicos concretos al respecto.

Por su parte, Griñan reconoció el pasado jueves ante el instructor que lo sucedido con el asunto de los ERE es «una barbaridad» y que todas las ayudas concedidas de forma «aleatoria y sin control» merecen una responsabilidad política e incluso penal pero ha añadido que, sobre este asunto, la actuación de su Consejería fue «irreprochable».

«No ha habido un gran plan, pero sí un gran fraude», manifestó ante los periodistas que le esperaban a las puertas del Supremo. CONFILEGAL/EP. 

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