El fiscal sostiene que Elpidio Silva debe ser inhabilitado por «disparate jurídico»

El fiscal sostiene que Elpidio Silva debe ser inhabilitado por «disparate jurídico»

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14/4/2015 00:00
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Actualizado: 14/4/2015 00:00
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado hoy la confirmación de los 17 años y medio de inhabilitación del exjuez Elpidio José Silva porque su actuación mientras investigó al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa fue una «causa general» prohibida por la ley y un «disparate jurídico».

Así lo ha expuesto el fiscal José María Casado durante la vista celebrada en el Supremo, al que ha reclamado que desestime el recurso de Elpidio Silva contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le condenó a 17 años y medio de inhabilitación por prevaricación. El fiscal ha calificado no ha dudado en calificar el recurso interpuesto por su defensa de un auténtico «disparate jurídico»

Para la Fiscalía, no hay duda de que el exjuez, que ha asistido a la vista, cometió estos delitos, en contra de lo mantenido por el abogado del acusado, Gonzalo Boyé, que ha solicitado la absolución porque la sentencia del TSJM contó con el voto particular de uno de los tres magistrados -Arturo Beltrán-  que lo juzgaron y, por tanto, la falta de unanimidad demuestra que Elpidio Silva no prevaricó.

Sin embargo, el Ministerio Público considera que el voto disidente del magistrado Arturo Beltrán no constituye la opinión de la mayoría, que entendió como «una causa general» la causa contra Blesa por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

Además, ha rechazado que el TSJM vulnerara su derecho a la defensa por no permitirle acceder a la totalidad de los correos electrónicos que él mismo ordenó incautar a Blesa como prueba de su inocencia.

El fiscal  José María Casado ha explicado en este sentido que el instructor del TSJM seleccionó de los casi 9.000 documentos solo aquellos que guardaran relación con esta causa y, por tanto, no afectó a su derecho a la defensa.

«Prevaricó a ciencia y a conciencia», ha acusado el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, durante la exposición de su informe ante los magistrados del alto tribunal Manuel Marchena, Francisco Monterde, Andrés Palomo, Carlos Granados y Andrés Martínez Arrieta, que ha sido designado ponente, que estudiarán la sentencia en la que se le atribuía un delito de prevaricación continuada en concurso con dos delitos contra las garantías constitucionales y que conllevó su expulsión de la Carrera Judicial.

«No existe una interpretación jurídica admisible en derecho» a sus resoluciones, ha enfatizado el abogado para insistir en que solo pretendió «satisfacer sus propias intenciones» para ordenar la prisión en connivencia con la acusación popular ejercida por Manos Limpias, que pidió esta medida cuando ni siquiera estaba personada en la causa.

Al término de la vista, Gonzalo Boyé ha hecho hincapié en que algunas de las decisiones de Silva podrían «ser discutibles», pero en todo caso el hecho de que la causa por la que encarceló a Blesa fuera anulada por la Audiencia Provincial de Madrid «no conlleva prevaricación», mucho menos cuando «hay tanta discrepancia jurídica» entre los magistrados que le condenaron.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que de confirmarse supondría la expulsión definitiva de Silva de la carrera judicial, el acusado persiguió desde el principio el único «objetivo» de mandar a prisión a Miguel Blesa, la primera vez bajo fianza de 2,5 millones en mayo de 2013, y la segunda de manera incondicional, apenas quince días después.

«No era sino el resultado final al que desde hacía unos meses se encaminó el proceder instructor del acusado», subrayaba.

La citada sentencia reconoce que no solo fueron ilegales las resoluciones por las que encarceló al expresidente de Caja Madrid, sino que todas y cada una de las que dictó constituyeron «un acto prevaricador», empezando por la reapertura del caso que él mismo había archivado dos años antes para dirigirse «contra dos ciudadanos por su propia voluntad y sin nada que lo justifique», pues no habían aparecido nuevas pruebas.

 

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