Manuel Chaves declara como imputado ante el Supremo por los ERE
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves se defenderá hoy ante el Tribunal Supremo de las afirmaciones de la juez Mercedes Alaya que señalaban a la anterior cúpula del Gobierno andaluz como la responsable de diseñar un fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria.
El expresidente de Andalucía, Manuel Chaves, ha acudido poco después de las diez menos cuarto de este martes al Tribunal Supremo, donde será interrogado por el magistrado de este órgano Alberto Jorge Barreiro sobre su posible responsabilidad en los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía.
El que fuera presidente de la la Junta durante nueve de los 12 años, al igual que el resto de aforados nacionales fue citado en calidad de «imputado» en relación con los «actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas».
A Chaves se le cita en relación a actos realizados como presidente de la Junta Andaluza y previsiblemente se le preguntará en relación con el informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgarlas ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado “transferencias de financiación”.
La jueza sevillana Mercedes Alaya señalaba, en su exposición razonada en la documentación remitida al Supremo, a la anterior cúpula del Gobierno andaluz como responsable de diseñar un fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria, gracias a un fondo que dotó con 721 millones de euros entre 2001 y 2010. A Chaves le considera partícipe y conocedor del diseño de dicho fondo concebido para burlar la ley.
Alaya considera que ese fondo permitía dar el dinero de las subvenciones directas para empresas y extrabajadores afectados por los ERE de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta. Los exresponsables del Gobierno andaluz han venido sosteniendo que la partida era legal y que se aprobaba cada año por el Parlamento en la Ley de Presupuestos.
La principal prueba en su contra son las memorias de la Intervención que durante tres años consecutivos llegaron al Consejo de gobierno, donde se dice que se están usando transferencias de financiación para financiar subvenciones excepcionales que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa.
Alaya también incide, en la exposición razonada que elevó al Supremo, que las sobrecomisiones que la Junta pagó a las consultoras de los ERE debieron ser autorizadas supuestamente por el propio presidente Chaves.
La magistrada señala, citando al Interventor General de la Junta imputado, que es impensable que el consejero de Hacienda no conociera el contenido del informe adicional de 2005 que alertaba del elevado déficit, de 95 millones de euros, que había generado el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero. Y que de la misma forma es impensable que el consejero no se lo trasladara al presidente de la Junta de entonces, Manuel Chaves.
