España, tierra sin ley para «lobbies»
Como si se tratara del salvaje oeste, los «lobbies», los grupos de presión, operan en España sin ningún tipo de regulación. Nadie sabe quién influye, cómo se influye, sobre quién se influye, qué resultados se obtienen y de qué medios hacen uso. Según Transparencia Internacional, de 19 países analizados, España está en el puesto 14. Casi en «segunda división».
Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental con presencia en 100 países que se ha convertido en un referente en el sector de la medición de la transparencia.
En su último informe, publicado el míércoles, afirma que España sufre un grave riesgo de vulnerabilidad frente a la «influencia indebida» de los «lobbies» o poderosos grupos de interés de todo tipo.
El informe, titulado «El lobby en Europa: influencia encubierta y acceso privilegiado» señala que las iniciativas de reforma del sector financiero «a nivel nacional y en el ámbito de la UE se han visto frustradas y debilitadas, en gran parte debido al intenso lobby impulsado por el sector financiero en Europa».
El estudio analiza no sólo a 19 países. También a tres instituciones. El resultado es muy preocupante porque nuestro países queda en quinto lugar por la cosa, por delante de Chipre, Hungría, Italia y el propio Consejo de la Unión Europea, donde se reúnen los gobierno de los 28 países que componen la unión.
De esos 19 países evaluados, sólo seis naciones -y la Comisión Europea- regulan legalmente las actividades de los grupos de presión: Austria, Francia, Holanda, Eslovenia, Lituania y Estonia. Por lo que «se produce una influencia prácticamente sin restricciones de los intereses comerciales en la vida cotidiana de los europeos».
El resto no tiene ningún tipo de normativa.
De acuerdo con un comunicado de TI, Italia, Portugal y España funcionan mal en este campo. Italia obtiene una puntuación del 23 por ciento (en un baremo de 0 a 100), España del 21 por ciento y Portugal del 23 por ciento. Y advierte de que en los tres «las prácticas de lobby y los vínculos estrechos entre el sector publico y el financiero se consideran más arriesgadas».
El país mejor puntuado es Eslovenia, con un 55 por ciento, seguido de Lituania, con un 50 por ciento. El tercero es el Reino Unido, co un 44 por ciento.
Aunque TI reconoce que la actividad de «lobby» es un aspecto consustancias a toda «democracia dinámica», los «multiples escándalos producidos en Europa» demuestran que son necesarias normas claras para que un grupo reducido de actores poderosos no domine las decisiones políticas en beneficio propio.
En un informe anterior de TI, titulado «Una evaluación del lobby en España: Análisis y propuestas», hecho público hace ocho meses, está ya avanzaba las actuales conclusiones y declaraba con rotundidad que en España «no hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace».
Y añadía: «Existe una realidad informal en la que cientos de «lobbistas» profesionales, empresas y grupos de interés diversos tratan de influir sobre el ejecutivo y el legislativo sin que existan normas que reglen su acceso, la información sobre sus contatos, los límites éticos a su labor o la mera constancia de las reuniones».
El nuevo informe analiza las prácticas de lobby y estudia si existen salvaguardas para asegurar se ejerza de manera transparente y ética. Además, examina si hay suficientes mecanismos para permitir un acceso justo y equitativo de los ciudadanos y grupos de interés a quienes toman las decisiones políticas.
PUERTAS GIRATORIAS
Transparecia Internacional, asimismo, denuncia que ninguna institución ni ningún país de la UE controla «adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias», es decir, el traspaso entre el sector público y el privado. En este sentido, destaca que los legisladores están en general exentos de restricciones y de «periodos de cuarentena».
Según el informe, Portugal, el 54 por ciento de todos los cargos ministeriales han sido ocupados por profesionales del sector bancario, desde que se instauró la democracia en el país en 1974.
Además, destaca que en Francia, se permite a los parlamentarios dedicarse a realizar «lobby» y consultoría mientras desempeñan una función pública, y en Portugal y España «se observa una situación similar» -en España necesitan el visto bueno de la Cámara para compatibilizar el escaño con alguna actividad privada-.
Para la vicepresidenta de TI, Elena Panfilova, «las prácticas de lobby desleales y poco transparentes son uno de los riesgos de corrupción fundamentales que enfrenta actualmente Europa».
Por eso, la organización pide, tanto a los países, como a las instituciones una regulación «sólida» de «alcance amplio y exhaustivo» que abarque tanto a los ‘lobbistas’ como a sus destinatarios.
Además, pide crear registros de ‘lobbistas’, con información detallada sobre las organizaciones o los clientes a quienes representan, las decisiones y los responsables públicos a quienes pretenden influir y los recursos que destinan para ello.
Transparencia Internacional también considera necesario que se cree una «huella legislativa» (un archivo) que permita identificar el camino recorrido por una propuesta, incluyendo las aportaciones externas y los contactos entre grupos de presión y legisladores o funcionarios.
Para hacer frente a las «puertas giratorias», propone establecer «períodos de cuarentena» mínimos que deban transcurrir antes de que funcionarios públicos y cargos electos puedan desempeñar funciones de lobby.
