La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves las primeras medidas de apoyo a juzgados que instruyen procedimientos por delitos de corrupción tramitadas por la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC). Así, se ha atendido las solicitudes de los Juzgados de Alicante y Almería que investigan el caso ‘Brugal’ y ‘Facturas’ .
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado remitir un oficio al Director General de la Policía, del que depende la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), «a fin de que se remuevan los obstáculos que impiden la emisión» de varios informes solicitados por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante el 6 de febrero de 2012.
Alguno de los informes pendientes se refieren al resultado de la entrada y registro practicados el 6 de julio de 2010 en el curso de la investigación en un domicilio particular, en la sede de una empresa y en una embarcación.
TRANSCRIBIR DECLARACIONES DE IMPUTADOS Y TESTIGOS
En el caso del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, que instruyó el denominado ‘caso Facturas’, los vocales han acordado solicitar al consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que dote al órgano judicial de los medios personales y materiales necesarios para transcribir las declaraciones de imputados y testigos contenidas en 43 CDs.
La transcripción de las declaraciones fue solicitada por la Fiscalía una vez concluida la investigación y acordada el pasado mes de marzo por la Audiencia Provincial de Almería, que será el órgano encargado de enjuiciar la causa.
La UACC, cuya constitución y puesta en funcionamiento fue acordada por la Comisión Permanente el pasado 10 de marzo, es una unidad de carácter técnico al servicio de los jueces y magistrados para detectar y evaluar los problemas que puedan existir en los juzgados con causas abiertas por corrupción y formular las propuestas necesarias para solucionarlos.
Entre las medidas cuya adopción puede proponer la UACC a la Comisión Permanente están la de «auxiliar al juez en los requerimientos de información a las Administraciones Públicas, pudiendo llegar a requerir a los Poderes Públicos la inmediata remisión de la información solicitada por el Poder Judicial cuando se produzcan», así como las de «personal o de medios materiales en los órganos judiciales que lleven causas de corrupción». (EP)