Zarrías asegura que las propuestas presupuestarias llevaban el aval de Intervención
El exconsejero de presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha asegurado ante el juez del caso ERE en el Supremo que las propuestas de modificación presupuestaria elevadas al Gobierno andaluz desde la comisión de viceconsejeros que él presidía tuvieron siempre el visto bueno del interventor.
En concreto, el diputado socialista ha respondido a las preguntas del magistrado Alberto Jorge Barreiro que las propuestas de modificación presupuestaria que pasaban por los «consejillos» siempre llevaban el informe favorable del interventor general.
En declaraciones a los periodistas tras su declaración en el Supremo, que se ha prolongado durante casi tres horas y media, y en una breve intervención en la que no ha aceptado preguntas, Zarrías ha dicho que ha dejado «claro» ante el instructor Alberto Jorge Barreiro que los consejillos que presidía «no tenían poder decisorio» y solo elevaron al Consejo de Gobierno asuntos que estaban «plenamente aceptados por la legalidad».
Zarrías, que presidía la comisión general de viceconsejeros, ha negado que desde la citada comisión, conocida como «consejillo», se pudieran tomar decisiones ejecutivas sobre los ERE supuestamente fraudulentos.
Así lo han señalado fuentes presentes en la declaración del aforado ante el instructor del caso, Alberto Jorge Barreiro, los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto y los abogados de las diferentes partes personadas en la causa.
Para el interrogatorio el instructor ha contado con el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Zarrías y la senadora Mar Moreno, la única que queda por declarar, y en el que los agentes concluyen que Zarrías presidió hasta 12 sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas sociolaborales.
A este respecto, y en contradicción con lo apuntado por la UCO, Zarrías ha respondido tanto al instructor del caso como a los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto que los citados «consejillos» no son órganos de decisión política sino administrativa, por lo que en sus actas no se fija ninguna referencia a las «transferencias de financiación», que fueron el instrumento presupuestario utilizado para tramitar las ayudas y que están sometidos a menores controles que el habitual.
Ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso en lo relativo a cinco aforados nacionales, Zarrías ha incidido en que carece de responsabilidad respecto a las acusaciones planteadas por la juez que investiga el caso en Sevilla, Mercedes Alaya, declarando en la misma línea que han venido haciéndolo el resto de aforados, como los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EP)
