Iberdrola dio 47,1 millones de euros a un alto cargo de la Junta de Castilla y León
La empresa eléctrica Iberdrola supuestamente dio 47,1 millones de euros a una sociedad propiedad de Alberto Esgueva, hasta 2006 consejero delegado de la empresa pública Excal, según El País. Ésta dependía de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, que poseía la llave para autorizar los parques eólicos en esa Comunidad Autónoma.
El diario cita un informe de la Agencia Tributaria, presentado ante la Fiscalía Anticorrupción como parte de una denuncia.
Los pagos, al parecer, están relacionados con la que fue la mayor operación eólica en Castilla y León, y fue llevada a cabo por Iberdrola Renovables, Ibercyl, y la empresa San Cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva.
En 2005, cuando era alto cargo de la Consejería que autoriza los parques eólicos, Alberto Esgueva fundó la empresa Energía Global Castellana. Lo hizo junto a Ibercyl, filial de Iberdrola en esa Comunidad.
Esgueva puso 24.400 euros por el 40 por ciento del capital social. Iberdrola, 36.600 por el 60% restante.
Esgueva, de acuerdo con El País, no lo hizo directamente sino que utilizó su sociedad San Cayetano Wind, que tenía su sede en un edificio de Madrid. San Cayetano es el nombre de la empresa de la familia de Esgueva de fabricación de embalajes de cartón.
Entre 2005 y 2008, Castilla y León autorizó a la empresa mixta la construcción de 18 parques eólicos en Soria, Burgos y León que suman 492 megavatios. En febrero de 2007, dos años después de constituir la sociedad, Iberdrola acordó comprar las acciones de Esgueva.
La primera liquidación es de 13,595 millones de euros. La transferencia la tienen que firmar dos apoderados de Iberdrola dada la enorme cifra.
Hasta el 29 de octubre de 2009, según El País Hacienda ha detectado 10 transferencias desde Iberdrola a San Cayetano Wind que suman 47,1 millones de euros.
Una vez que la eléctrica obtuvo el 100 por ciento de las acciones de Energía Global Castellanam, la disolvió y se quedó con los parques eólicos que ella había desarrollado.
La Agencia Tributaria señala que “no ha encontrado ninguna prueba, ni siquiera indicios, de que existiera una prestación de servicios por parte de San Cayetano Wind a favor de Ibercyl”. Y considera “a todas luces inverosímil” que un alto cargo autonómico recibiera 47 millones de euros después de haber invertido 24.400.
Un portavoz de Iberdrola no quiso comentar al caso al deconocer si está en Anticorrupción. En sus alegaciones ante Hacienda, que figuran en el informe del inspector, Iberdrola asegura que Castilla y León es la comunidad en la que más rápido se tramitaban las autorizaciones de explotación y las gestiones administrativas.
Por parte de la Consejería, un portavoz explicó que desconocen todo sobre el informe. Por lo que saben, las autorizaciones se dieron correctamente y no les consta que hubiera transferencias entre empresas.
De acuerdo con el diario madrileño, las electricas pagaron al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa Comunidad.
Según el informe de la Agencia Tributaria citado, las eléctricas que querían instalar parques eólicos formaban empresas mixtas junto con cargos de la consejería o empresarios locales «relacionados con el poder autonómico». De esa forma, agilizaban los trámites.
Una vez conseguida la autorización para instalar el parque, las eléctricas recoompraban las acciones a su socio local por un precio que multiplicaba el capital que estos habían desembolsado.
«Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (Caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (Caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”, señala el inspector de Hacienda.
