Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que menos jueces tiene por habitante
Así lo revela un estudio realizado por la Cátedra Observatorio Social y Económico de la Justicia, impulsada por el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que indica que en Castilla-La Mancha hay 8,8 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes.
El citado estudio realiza una exhaustiva radiografía el estado actual de la organización judicial en Cataluña y aporta datos relativos a los órganos judiciales, personal, volumen de asuntos, medios materiales y la calidad de la Justicia.
Laratio más alta de plazas de jueces y magistrados por habitante es la de Asturias (14,1); seguida de Cantabria (12,8), Galicia (12,1), Canarias (12), Castilla y León (11,9), Baleares (11,7) y La Rioja (11,5).
El resto de comunidades oscila entre los 8,8 jueces por cada 100.000 habitantes de Castilla-La Mancha y los 10,7 de Madrid, Aragón (10,6), Andalucía (10,5), País Vasco (10,4), Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana (10,2), Extremadura y Navarra (10,1).
El estudio también alerta de las consecuencias del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tramita actualmente el Gobierno, y que prevé el traslado de algunos asuntos a Juzgados de partidos judiciales diferentes a los que correspondería por competencia territorial, en función de la carga de trabajo.
A pesar de que la actual reforma legislativa dista bastante del anteproyecto inicial -que preveía la supresión de los órganos judiciales actuales y su sustitución por Tribunales Provinciales de Instancia- el proyecto actual mantiene algunos de sus criterios esenciales, “de tal manera que en diversos ámbitos se producirán unos efectos prácticos similares a los que se hubieran producido con la implementación del primer anteproyecto” según concluye el estudio.
Esta medida no afectaría a los asuntos del ámbito civil, que continuarán siendo resueltos en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción más próximos, pero sí a los de los ámbitos penal y social.
El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié, se ha mostrado contrario al nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que deja «en manos del presidente de la Sala de Gobierno el reparto de asuntos, que hasta ahora se regían por unas normas legales de competencia territorial», lo que pondría en peligro la justicia de proximidad, a su juicio.
Abel Pié también ha subrayado que la cifra de jueces por habitantes de España está muy por debajo en comparación con la media europea, con 21 jueces por cada 100.000 habitantes, y ha reprochado que ninguna de las reformas de la justicia impulsadas por el Gobierno español en las últimas dos décadas ha contemplado el aumento de la plantilla de jueces, que serviría para que la justicia fuera más rápida, más eficaz y más eficiente.
Además de Abel Pié, en la presentación del informe han participado los codirectores de la citada Cátedra, Manuel Cachón, catedrático de Derecho Procesal, y Enric Fossas, catedrático de Derecho Constitucional; la decana de la facultad de Derecho de la UAB, Esther Zapater, y el conseller de Justicia, Germà Gordó.
Gordó, ha afirmado que Cataluña necesita aumentar su plantilla de jueces y magistrados y alcanzar al menos el millar, frente a los 750 que hay actualmente, para ser un «país moderno».
