Trillo y Pujalte cobraron de una constructora pero aseguran que fueron legales
El embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte han admitido que cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados aunque han recalcado que cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales.
El caso ha salido a la luz en el marco de la investigación de la Agencia Tributaria .La empresa pagadora, es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León.
En concreto, el exministro Trillo había recibido 354.560 euros en casi tres años y Pujalte unos 75.000 en poco más de un año. Ambos han asegurado que declaran todos los ingresos de sus despachos tanto al Congreso como a Hacienda y que no han recibido ninguna comunicación ni de la Agencia Tributaria ni de la Fiscalía Anticorrupción.
Ante estas revelaciones, el embajador en Londres ha enviado un comunicado en el que explica la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico LABOR, con la empresa Collosa y asegura que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia.
En el comunicado, Trillo destaca que, según El País, esa relación «había sido filtrada» al periódico por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera «tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes».
En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años «a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros».
Algo más comedido se ha mostrado este jueves, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha reconocido este jueves que cobró por asesorar al consejero delegado de la constructora Corporación Llorente, Mario Armero, pero ha subrayado que el pleno del Congreso le había autorizado a compatibilizar su escaño con su actividad a través de su despacho, y que nunca asesoró al sector público, cosa que sí es incompatible.
En declaraciones a la Cadena Ser, Martínez Pujalte ha precisado que cobró una iguala de 5.000 euros al mes, de la que luego había que deducir gastos, como «ayudante del señor Armero» en el proceso de reestructuración y desapalancamiento de la compañía, mediante «conversaciones» y «estudio de documentos» que él le pasaba.
El contrato, ha dicho, se prolongó «un año largo» y cuando Armero se fue su contrato se acabó. Pujalte ha confirmado así la información que publica sobre él el diario ‘El País’, que cifra el monto total del contrato en 75.000 euros.
Preguntado si le parece ético haber cobrado de esta empresa mientras era diputado, ha zanjado: «me parece legal». «Nunca acompañé al señor Armero a ninguna visita pública ni privada, nunca participé en un proceso comercial de la compañía ni público ni privado y nunca representé a la empresa», se ha defendido el diputado.
Reacción del PP
El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, al ser preguntado por este asunto, ha asegurado que considera que el exministro y actual embajador en Londres, Federico Trillo, y el portavoz de Economía del partido en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, «Han dado explicaciones ellos y a ellas me remito», ha declarado escuetamente en los pasillos del Congreso.
