Catalá ha tumbado gran parte de los proyectos de su antecesor, Gallardón, en sólo seis meses
Desde su llegada al cargo el pasado mes de septiembre, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha abandonado la mayoría de los proyectos estrella que su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón anunció a bombo y platillo. La última iniciativa en ir «al cajón» ha sido el nuevo Registro Civil, cuya gestión iban realizar los registradores civiles y de la propiedad a partir del 15 de julio.
El ministro Catalá ha recordado que en 2011 todos los partidos políticos iniciaron su desjudicialización. Sacarlo del ambito judídico y buscar otro modelo de gestión. Nosotros habíamos planteado que esa reforma consistiera en entregar a los registradores, que son funcionarios públicos, ese servicio. «Pero hemos constatado que existe una oposición, y una crítica importante por parte de los sindicatos y de los partidos políticos», ha explicado.
El pasado 11 de abril hubo una gran concretación en Madrid contra «la privatizacion del Registro Civil», convocados por la plataforma de funcionarios de Justicia contra la privatización del Registro civil, miles de ciudadanos se manifestaron por la Gran Vía madrileña, con el apoyo de sindicatos, asociaciones profesionales y sociales, partidos políticos…
Quizá por eso, y por la falta de apoyos a este proyecto el propio ministro ha indicado que «sería absurdo que el Gobierno se empeñara en llevar a cabo una reforma que no cuente con los apoyos necesarios», ha indicado. Catalá ha criticado, eso sí, la falta de soluciones alternativas a esta propuesta y ha dicho que «a fecha de hoy» nadie le ha ofrecido un proyecto distinto al que hasta hora impulsaba su Ministerio.
El abadono de la puesta en marcha del Registro Civil impulsado por Alberto Ruiz Gallardón es solo uno de los grandes proyectos que Rafael Catalá ha paralizado o modificado de forma radical desde su llegada al cargo.
Así, también se han reformado el Código Penal, la Ley del Aborto o la Ley de Tasas.
Precisamente fue la retirada de la Ley del Aborto, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por falta de consenso, la gota que colmó el vaso y provocó la dimisión del exministro y dio paso a una profunda revisión de todas las leyes que impulsó.
Del proyecto de Gallardón, que elegía un modelo de supuestos en los que el aborto se penalizaba de forma más restrictiva que el vigente desde los 80, sólo ha quedado la iniciada impulsada por el PP en el Congreso de los Diputados, que toca parcialmente la norma para imponer el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 que quieran interrumpir un embarazo.
La Ley de Tasas, que iba a servir según el exministro Gallardón para financiar la justicia gratuita, fue modificada tras muchas protestas por parte de la Abogacía y de otros colectivos judiciales. El Gobierno decidió, eliminar su pago para las personas físicas por la vía del decreto ley, tras un anuncio realizado por Mariano Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Sin embargo, todavía hoy algunos se preguntan a qué se destinarán los 705 millones de euros recaudados por las tasas desde su implantación. Desde luego a justicia gratuita no.
Todas las demás normas impulsadas por Gallardón han cambiado completamente su contenido. Eso sí, de la revisión de sus iniciativas se ha salvado la prisión permanente revisable incluída en el Código Penal, de reciente aprobación en el Congreso, aunque muy critadcada por los partidos de la oposición.
No obstante, el texto definitivo dejó en el camino del trámite parlamentario otras cuestiones como las denominadas medidas de seguridad, que debían ser aplicadas a presos de especial peligrosidad, y que consistían en internamiento en centros psiquiátricos, de deshabituación o de educación especial para ser cumplidos después de la sanción penal.
LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
Tampoco ha sobrevivido la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que supuso la modificación del sistema de elección de los magistrados y la reducción de miembros con dedicación exclusiva y sueldo.
Ahora solo el presidente de la institución y y los cinco vocales de la Comisión Permanente tienen dedicación exclusiva. El resto compatibilizan este cargo con el ejercicio de sus profesiones, y no parece que muy bien porque la cosa no funciona como se esperaba.
El Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado a propuesta de Catalá, incluye un incremento de cinco a siete del número de miembros permanentes del órgano, algo que mitiga, en parte, el malestar dentro de la carrera judicial y en el seno del propio Consejo, pero que no acaba con los problemas.
De hecho, el proyecto inicial de reforma del CGPJ está recurrido en el Tribunal Constitucional, por el PSOE, porque «desapodera de funciones al Consejo y de competencias a los propios vocales» es que se permita la compatibilidad de la actividad jurisdiccional o profesional para quince de los veinte vocales, menos los cinco que conforman la Comisión Permanente.
La propia Ley Orgánica del Poder Judicial también ha cambiado.
Renuncia al cambio radical de la Justicia que defendía Gallardón que proponía, por ejemplo, que las causas especialmente complejas pudiera ser instruidas por tres jueces y eliminaba los partidos judiciales. La norma de Catalá los mantiene para no renunciar a la proximidad con el ciudadano.
SUPRESIÓN DE LOS PARTIDOS JUDICIALES
Catalá descartó también la supresión de los partidos judiciales porque consideró que “no es el momento adecuado” para llevar a cabo esa reforma dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El responsable de la cartera de Justicia insistió en su compromiso y ha decidió mantener la planta judicial y la estructura de los partidos judiciales tal y como se encuentra en la actualidad.
El anteproyecto impulsado por el exministro Gallardón contemplaba la supresión de los partidos judiciales, la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de los juzgados de paz.
OTROS ASUNTOS
Nada se ha vuelto a saber, tampoco, del anuncio realizado por Gallardón de recortar drásticamente el número de aforados para pasar de 17.621 a 22 en España.
En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Gallardón preveía impulsar la instrucción por parte de los fiscales. El proyecto finalmente aprobado no la incluye y se limita a introducir cambios como los límites a la duración de la instrucción penal. Los jueces tendrán seis meses para llevar a cabo todo el proceso de investigación y 18 meses en los asuntos de especial complejidad, que podrán ser prorrogables. También incluye el cambio del término «imputado» o «investigado».
La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha perdido también otra de las propuestas del exministro, que concedió a los notarios la posibilidad de celebrar matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo. Estos profesionales podrán seguir haciéndolo, pero compartirán el cometido con los secretarios judiciales. (CONFILEGAL/EP)
