Eva Belmonte: “La Ley de Transparencia es una ‘ley de escaparate’; España sigue siendo un país muy opaco”.

Eva Belmonte: “La Ley de Transparencia es una ‘ley de escaparate’; España sigue siendo un país muy opaco”.

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27/4/2015 00:00
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Actualizado: 27/4/2015 00:00
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Eva Belmonte, de 32 años, es la autora de “Españópoly”, un libro que desvela como son las entrañas del Poder, cómo opera, qué redes invisibles conectan a unos y a otros, de qué colegios e instituciones emergen. Es un trabajo periodístico de calidad en el que llama a las cosas por su nombre, como a la Ley de Transparencia, que no duda en describir como una “ley de escaparate”.

TEXTO E IMAGEN: CARLOS BERBELL Y YOLANDA RODRÍGUEZ. 

Antes de ser responsable de proyectos de la Fundación Civio, entre 2005 y 2012 Eva Belmonte trabajo en el diario El Mundo. Es una mujer que posee una mente rápida y muy aguda a la que le gusta llamar al pan, pan y al vino, vino.

Belmonte es el alma mater de elboenuestrodecadadia.com, un faro periodístico  desde el que no sólo detecta las noticias más relevantes que se publican diariamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sino que las traduce y las contextualiza.

Dos noticias suyas recientes, “La CNMV impone multas de más de dos millones a las cajas gallegas por el fraude de las preferentes” y “El Gobierno repartirá seis nuevos canales de TDT justo antes de las elecciones”, encontraron su lugar en buena parte de los periódicos nacionales españoles por su relevancia.

También dirige otros dos proyectos hechos realidad de Civio: “El indultómetro” y “Quién Manda”, que se han convertido en referentes de consulta para los periodistas españoles.

¿Cuánto tiempo le llevó hacer “Españópoly”?

Un año, pero un año de noches, fines de semana, fiestas de guardar y vacaciones. Muchos de los temas los había trabajado antes.

¿Es una consecuencia directa de elboenuestrodecadadia.com?

De elboenuestrodecadadia.com y de quienmanda.es. Es un “mix”. Más, quizá, del primero porque todo lo que cuento lo aprendí leyendo BOEs como una boca. El título no fue idea mía, fue idea del editor. La portada ayuda mucho, es muy bonita. Porque todo el mundo ha jugado alguna vez al Monópoly.

El subtítulo sí es mío, “Cómo hacerse con el poder en España”.

La sensación que se tiene al terminar su libro es que vivimos en un enorme “Show de Truman” en el que los ciudadanos hacemos el papel de Truman mientras una minoría mueve los hilos y disfruta con el poder, que es el control de realización. ¿Comparte este punto de vista?

En parte, sí. No del todo. Es verdad que a veces tenemos una sensación de falsa seguridad o de falsa libertad. Antes de empezar en el boenuestrodecadadia.com a mí lo que más sorprendía era que todo funcionara tan mal. Pero no con maldad retorcida sino que me asombraba que las cosas se hicieran tan mal. Que las leyes estuvieran tan mal escritas. Que se dijera que esto se cumple en tres meses y no se cumpliera.

Porque yo, fuera del acto jurídico, del ámbito legal, como periodista de otros temas, pensaba que todo funcionaba bien. Que, a priori, todo funcionaba de una manera sencilla.

No me imaginaba que hubiera leyes tan antiguas como la ley del indulto. Que hubiera normativas que facilitaran tanto, a ciertas personas, mantener determinadas cuotas de poder.

Jamás pensé en ello, hasta que comencé a meterme en todo esto. Hay muchas leyes que lo permiten y que sea legal. Porque está escrito así y ello permite cierto margen para mantener esas cuotas de poder.

Es verdad que yo tenía esa sensación idílica de que todo estaba bien. De que todos teníamos un montón de derechos y que no había nadie que tuviera más derechos que otros.

O sea, que, según usted, se cumple la máxima de George Orwell en “Rebelión en la granja”: Todos somos iguales pero unos somos más iguales que otros, ¿no?

Claro. A mí me sorprendió especialmente lo de los títulos nobiliarios, por poner un ejemplo. ¿Y qué cobra esta gente? No, esta gente no cobra por eso, pero siguen teniendo el derecho de acudir al Palacio Real, y hasta 1980 tenían un pasaporte distinto.

«YO TENÍA ESA SENSACIÓN IDÍLICA DE QUE TODO ESTABA BIEN. DE QUE TODOS TENÍAMOS UN MONTÓN DE DERECHOS Y QUE NO HABÍA NADIE QUE TUVIERA MÁS DERECHOS QUE OTROS»

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En su libro dice que los aristócratas, los nobles, tienen ‘funciones asesoras’. ¿Cuáles son esas funciones asesoras?

Está la Diputación de la Grandeza. Es un organismo que ni es público ni es privado. Es privado, en principio, porque no tiene ninguna vinculación con lo público, pero tiene funciones públicas establecidas en las normas.

Por ejemplo, tienen funciones de asesoría al Rey y al Ministerio de Justicia, cuando se tiene que decidir a quién se le da un título.

Estamos dejando que un organismo privado decida sobre cosas que, en un principio son públicas, nos gusten más o menos. Tienen un estatuto raro y no tiene ningún tipo de transparencia. Tampoco y no rinden cuentas.

Hay, además, un departamento en el Ministerio de Justicia, que se dedica a ellos.

Eso es. Que tengan un departamento dentro del Ministerio, dedicado a ellos, teniendo en cuenta que no conocemos al detalle su presupuesto, es muy peligroso. Porque es verdad que reciben ingresos por tasas, por cada sucesión de título nobiliario, pero yo no sé si eso es suficiente para compensar el gasto de todo el departamento, por ejemplo.

¿Hasta qué punto estamos gastando dinero público para que un grupo de gente tenga su carnet de VIP?

Habla usted en “Españópoly” de periodistas que son hasta marqueses. Marqueses consortes. Marqués consorte de Castelldosrius…

Sí, Pedro J. Ramírez es marqués consorte de Castelldosrius. Y tiene tarjeta de VIP, también. El caso de Ágatha [Ruiz de la Prada, esposa del periodista] fue un caso peculiar porque se modificó la ley de sucesiones y títulos nobiliarios a su medida. Bastante a su medida. Porque se hizo de forma retroactiva.

¿No fue el caso de Ágatha Ruiz de la Prada el que provocó que penetrara el principio de igualdad entre hombres y mujeres a la hora de heredar títulos nobiliarios?

Sí, de hecho se aprobó la ley de igualdad de títulos nobiliarios entre hombres y mujeres, antes de aprobar la ley de igualdad para todos los ámbitos. Primero se aprobó la ley de sucesión. Todo el mundo estaba muy enfadado porque decía, ‘a ver, tenemos un proyecto de ley de igualdad que no hemos aprobado, que es más importante, ¿por qué estamos aquí con este otro proyecto de ley? ¿Qué está pasando?

Y luego, era muy sospechoso porque la norma decía: ‘Esto entra en vigor para todas las solicitudes que estén en litigio desde el día en que se presentó en el Congreso el proyecto de ley’. ¿Qué sentido tenía esa fecha?

Nos va a decir que era como una galletita china de la fortuna…

Sí, claro. En el debate en el Congreso todo el mundo lo sabía. Nadie la nombraba directamente pero hablaban de una diseñadora de moda que estaba casada con una persona importante de los medios de comunicación.  Al final quedaba claro que era Ágatha.

Además, justo coincidía que ella entró en el plazo por dos días. Ella estaba en litigios con su tío y gracias a la reforma de la ley consiguió ese título de forma retroactiva.

La lectura de su libro nos recordó otro publicado anteriormente, ‘La Casta’, de Daniel Montero. Es evidente que ha evitado utilizar el término. ¿Por qué?

Porque no me gusta cómo se está utilizando ahora. Por cómo se lo han apropiado los de ‘Podemos’.

Hay otro libro que también se ha dedicado a estos temas, que es “Establishment”, de Owen Jones, un columnista inglés que no tiene mucho que ver con “Españópoly”. Lo suyo es más un análisis de la situación política desde el punto de vista del columnista, en el que cuenta cosas pero no las documenta.

Cuenta percepciones y maneras de ver las cosas.

En ese libro dice una cosa muy interesante, que es que todo el mundo dice que el “establishment” es el otro.

Eso ha pasado con la casta también. En un momento en el que partido formado por un grupo dirigente. Un grupo que proviene de la misma facultad. Un grupo que todos sus componentes han estudiado en la misma universidad, y que en el momento en que se presentan otras listas les cierran el paso para que no puedan ascender, que ellos llamen casta a otros me preocupa.

En realidad la estructura que tienen es exactamente igual que la de los grandes partidos. Veremos lo que hacen si llegan a tener cuotas de poder.

He intentado evitar la palabra casta de forma consciente y voluntaria.

En todo caso, creo que mi libro se distingue mucho del de Dani Montero porque la parte legal tiene más peso.

Yo también hablo de gente, pero lo que me interesaba era explicar cómo funcionaban determinadas leyes muy concretas que afectan al funcionamiento del país, como por ejemplo, la ley de cuotas del sector público, la ley de conflictos de interés. Para que, entre todos, si vamos a debatir si hay corrupción en la opinión pública, o si hay puertas giratorias, que podamos entender cómo funciona.

Y si queremos proponer mejoras, para que sepamos dónde están los puntos que hay que abordar.

«NOS ENGAÑAN DESDE EL MOMENTO EN QUE ESTABLECEN QUE LA TRANSPARENCIA ES SABER LO QUE COBRA EL ALCALDE»

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Por sus palabras se puede deducir que la Ley de Transparencia es poco menos que una cortina de humo. Usted dice de ella, textualmente: “Para que el ciudadano consulte una cosa tiene que superar más pruebas que Indiana Jones en una película”. Volvemos al “Show de Truman”. ¿Estamos viviendo un gran engaño?

Nos engañan desde el momento en el que establecen que la transparencia es saber lo que cobra el alcalde.

Está bien saber lo que cobra el alcalde. Deberíamos haberlo sabido hace muchos años. Pero lo más importante de la transparencia no es sólo eso, es conocer cómo trabajan nuestras administraciones públicas. Con quién se reúnen. Por qué toman esta decisión y no otra. Qué informes se han tenido en cuenta.

Lo que cobra el alcalde comparado con quién se reúne el ministro para aprobar la reforma eléctrica es una nimiedad. Porque con la reforma eléctrica estamos hablando de miles de millones de euros en las cuentas de las empresas y en la factura que pagamos todos los ciudadanos.

Al Gobierno le viene muy bien que todo el mundo pregunte por el dinero. La campaña que han hecho sobre el portal de la Ley de Transparencia está centrado en eso. En subvenciones, contratos.

Cuánto cobra tu alcalde.

No, eso es un básico que hace años deberíamos haber sabido todos. Que, de hecho, en la mayoría de los casos se sabía. Lo que queremos saber ahora son los detalles. Por ejemplo, llega al Consejo de Ministros y se anuncia un anteproyecto de ley. Está ocurriendo ahora. La de reforma de contratos del Sector Público. Estupendo. ¿Dónde está el anteproyecto?

¡Ah, no! No hay anteproyecto. Y si lo hay, o se filtra a un medio concreto. O no se publica.

La ley no obliga a publicar a tiempo cada uno de los borradores, o de los procesos intermedios de un proyecto de una ley. Es un hecho.

Tenemos debates público sobre cosas que dice el Gobierno, cosas que dice la oposición. Pero no tenemos acceso al texto.

Y todo resumido por los medios, que también tienen sus sesgos…

¿Cómo se puede tener un debate público serio, y analizar si la reforma que está proponiendo el Gobierno es buena o es mala, sin tener acceso al texto, a los documentos?

¿Cómo definiría la Ley de Transparencia?

La Ley de Transparencia es una ‘ley escaparate’; España sigue siendo un país muy opaco. Obliga a publicar muy pocas nuevas. No reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental y se ha aprobado porque era una exigencia clara de la ciudadanía. En realidad no supone un cambio radical, que es lo que necesitamos.

Hace dos semanas, Transparencia Internacional hizo público un estudio sobre la corrupción en España. En él abordaba un asunto que está muy presente en “Españópoly”: los “lobbies”, los grupos de presión. Decía: “Nadie sabe quién influye, cómo se influye, sobre quién se influye, qué resultados se obtienen y de qué medios hacen uso”. Y señalaba la necesidad de que exista una “huella legislativa”. ¿Estamos lejos de conseguirlo?

Esa es la clave. Estamos muy lejos. Hace un tiempo tuvimos una reunión en la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, para hablar sobre la Ley de Transparencia. Ya había sido aprobada. Por lo tanto, lo que dijéramos no tenía ningún sentido. Cuando yo les decía que el 95 por ciento de las cosas que la ley dice que hay que publicar obligatoriamente ya eran públicas antes, que había pocas cosas nuevas, ellos me decían, ‘bueno, pero es que hay un campo muy importante que cubre la ley, que es que los proyectos de ley se van a publicar’.

Y yo les contesté, sí, cuando la ley se apruebe.

O cuando llegue al Congreso, o cuando va al Consejo de Estado o al Consejo Consultivo.

Lo ideal es que cada vez que el Gobierno proponga una reforma legislativa de cualquier tipo, ese texto esté disponible.

Si no, no saques el debate público, no saques el tema.

Si no pones el borrador ante los ciudadanos para que se debata, no saques el tema.

Estamos muy lejos de tener una “huella digital” legislativa clara porque ni sabemos con quiénes se reúnen los legisladores, ni cuando, ni qué consiguen sus visitas… Luego, la ley de transparencia excluye de forma directa informes, documentos intermedios y borradores. Como una excepción de la ley. Es el articulo 18. Y dice claramente a todo eso una palabra: no.

«LO IDEAL ES QUE CADA VEZ QUE EL GOBIERNO PROPONGA UNA REFORMA LEGISLATIVA DE CUALQUIER TIPO, ESE TEXTO ESTÉ DISPONIBLE»

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En su libro explica que el 68 por ciento de los contratos del Ministerio de Defensa, el 79 por ciento de los contratos de Exteriores, el 69,5 por ciento de los contratos de Cultura y el 67 por ciento de los contratos de Justicia se resuelven por el sistema negociado, sin publicidad. Se te ponen los pelos de punta…

En esos contratos están los pequeños, pero también hay de caja alta. El problema es que cuando estamos hablando de esos porcentajes es verdad que muchos son contratos pequeños, luego están los clásicos troceados en tres partes y así no hay ningún problema, y luego hay muchísimos que están en los 18.000 euros, que son los 17.995. Muchísimos.

Y además se ve de forma clara. Ese es el límite para no entrar en ningún concurso. Y también están los que se pasan, las excepciones que se usan nunca se justifican.

Por ejemplo, el proceso negociado sin publicidad se puede utilizar para secretos intelectuales, seguridad nacional…

Perfecto, cada vez que vea un procedimiento negociado sin publicidad quiero que haya un epígrafe que diga cuál es el argumento que se ha usado en ese caso. Porque si no pasa como en Defensa. Casi todo es negociado. Sin publicidad, salvo casos muy concretos.

Hace poco me encontré un contrato público, de una cantidad muy alta, de mantenimiento de ascensores. Dime tú cuál de las excepciones tiene que haber para no convocar un concurso público. ¿Seguridad nacional?

Se abusa muchísimo de esto.

El problema es que nadie lo vigila. Y no lo vigilan porque, primero, la información no es pública. No sabes qué argumento han dado y no puedes estar vigilando cada uno de los contratos.

Y segundo, porque los organismos que tenemos para vigilar esto en este país ni tienen medios ni capacidad ni independencia ni poder para ello.

¿Los indultos que se conceden son un buen ejemplo?

Lo son. Desde 1996 se han concedido una media de 1,5 indultos al día. Nuestro país se rige por una ley pro-vi-sio-nal de 1870. Salvo por el parón que supuso la República, el resto del tiempo se ha venido aplicando sin control.

¿Qué habría que hacer, desde su punto de vista, con los indultos?

El poder de indultar debería pasar al poder judicial. Que el poder ejecutivo lo tenga, no me parece bien. 

¿Para qué sirvió la penúltima reforma de la ley financiación de partidos políticos, la más relevante?

Sirvió para dar la sensación de que se estaban haciendo cosas. Se estaba hablando mucho de la financiación ilegal del PP. Ahora vamos a reformarlo para que, a partir de ahora, una empresa que contrate con una administración pública, no pueda realizar donaciones al partido durante el contrato.

Estupendo. ¿Y antes? ¿Y después?

Eso, ni siquiera lo recoge.

Fue una reforma de mínimos, sin llegar a la base de problema. Se hizo para contentar a la gente. Pero por ejemplo, una persona que ahora dona al Partido Popular puede tener un contrato mañana con la Administración Pública y es complemente legal. Y una empresa que está contratando con la Administración Pública en este momento y dona a la fundación FAES también es completamente legal.

Es curioso porque esa ley introdujo el tope de las condonaciones de deudas de los bancos, que era algo que todo el mundo comentaba, pero como no era público no se podía saber. Hoy todavía se sigue sin saber el tope.

‘Podéis condonar deuda hasta tanto al año’. La ley lo que hace es admitir que existen esas condonaciones.

«LA PENÚLTIMA REFORMA DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS -LA MÁS RELEVANTE- FUE UNA REFORMA DE MÍNIMOS, SIN LLEGAR A LA BASE DEL PROBLEMA»

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¿Ha hablado con los bancos sobre las deudas de los partidos políticos?

Yo no, pero el Tribunal de Cuentas sí se lo ha pedido al Banco de España.

Pero el Tribunal de Cuentas no está obligado a publicar esa información que le facilitan los bancos…

Si el paso uno, que es informar al Tribunal de Cuentas, no se cumple, esperar que esa información la podamos conocer todos es ya una utopía.

Pasa lo mismo con las cuentas de los Ayuntamientos. Hay un montón de Ayuntamientos que no le han mandado las cuentas al Tribunal de Cuentas durante los últimos tres años y no pasa absolutamente nada.

El Tribunal de Cuentas no para de pedir en cada informe que se sancione a los ayuntamientos que no cumplan. Nadie le hace caso.

Como no tienen potestad sancionadora, pues así están las cosas.

Muchas de las recomendaciones que hace este Tribunal en sus informes son de cajón: Que se cumpla la ley, que le remitan las cuentas a tiempo.

Y tampoco es que pidan nada del otro mundo.

Los informes que realizan se hacen con un retraso tan grande que se pierde interés sobre ellos. ¿Qué interés puede tener un informe de 2011? ¿Qué me estás contando?

En su libro se ocupa de manera especial de las llamadas “puertas giratorias”. Cuando un expresidente, un exsecretario de Estado o exaltos cargos de la Administración se van a grandes empresas de consejeros o de asesores. ¿Es correcta la sensación de que el mundo se rige por unas redes invisibles que hacen que ocurran las cosas?

No sabemos exactamente qué favores se están intercambiando o si los hay o nos los hay. Pero solamente el hecho de que las empresas vinculadas a la energía, que es un sector muy marcado por lo público, que afecta en miles de millones de euros a sus balances, que justo ese sector tan marcado por lo público sea el que más exministros, exsecretarios de Estados, expresidentes ha acogido es una cosa que a priori da que pensar.

Yo no sé si ha habido pago de favores en algún caso, pero sí sé que todos no son expertos en temas de energía y que su máximo valor es esa cartera de agendas que han acumulado en su paso por lo público, lo que hace que se abra un debate.

No sé hasta que  punto es lícito que esa cartera de contactos sea utilizada en beneficio de una empresa privada.

Y vamos a ir a la cúspide, que son los presidentes. Que Zapatero esté ahora por el mundo, utilizando sus contactos para representar a una empresa privada, no sé qué imagen da.

Últimamente le estoy dando muchas vueltas a la imagen que estamos proyectando en el exterior, como país, con los expresidentes vendiendo por ahí, yo qué sé.

Y también exvicepresidentes. No nos olvidemos de Rodrigo Rato, que ahora está tan de actualidad.

Lo de Rato es “puerta giratoria” de ida y de vuelta porque estaba en el Santander antes de pasar a lo público. En cuanto ocurrió lo de Bankia el Santander lo acogió enseguida. Y es muy significativo porque el Gobierno le ha hecho muchos favores a ese banco, como por ejemplo cuando se reformó la ley de altos cargos bancarios, para que Alfredo Sáenz, presidente de Banesto, no perdiera su puesto.

Es muy significativo el caso de Rato, sobre todo porque llega a la cúspide de Bankia, que es como el sumun de la falta de meritocracia en este país.

Da igual que no sepas hacer esto si tienes buenos contactos.

Por ejemplo, se hablaba mucho del primo de Esperanza Aguirre, Claudio Aguirre Pemán. Todo el mundo decía que era de los pocos que estaba en el Consejo de Administración de Bankia que sabía de lo que hablaba. Era un experto en la materia y conocía.

A mí me da igual que sea primo de Esperanza Aguirre. Lo que quiero es que sea bueno, que sepa de la materia. Que sea el mejor para ese cargo.

Entonces teníamos una ley, entonces –y por eso la clave está en las leyes-, que decía que la mayoría del Consejo de Administración de las Cajas tenía que saber de lo que hablaba. La mayoría. Pero no todos.

Teníamos una ley que decía que podías tener al 49 por ciento de los miembros del Consejo de Administración de una Caja que no hubieran visto en su vida un balance bancario.

El problema no es que las cosas se hagan mal es que las leyes son un desastre.

Esto lo descubres después. Cuando revienta todo. Porque antes ni te habías parado a pensarlo.

Y todo comienza en un colegio. El Colegio del Pilar…

Casi todo comienza ahí. Es verdad que en sitios como el Colegio del Pilar, como en las cacerías, como en las fundaciones siempre están, o han estado, los mismos.

Ahora está comenzando la generación de ‘hijos de.’ Porque el tiempo pasa. Muchos se hacen mayores. Otros han fallecido. Y es verdad que los ‘hijos de’ tienen otro tipo de redes.

Todos han tejido redes desde el principio, con el príncipe Felipe, ahora que es Rey. Muchos han ido al Pilar, pero no todos. Otros tienen otras redes más vinculadas a la educación superior. Los ‘hijos de’ se  han ido todos a estudiar fuera y se conocen de lugares como ESADE o el Instituto de Empresa.

Pero es verdad que el porcentaje que, con los años, ha dominado el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito de los medios, el ámbito judicial, el diplomático, salieron de ese colegio.

Si tú te relacionas desde pequeño con gente importante seguramente tengas más facilidades a lo largo de tu carrera.

«EL PROBLEMA NO ES QUE LAS COSAS SE HAGAN MAL, ES QUE LAS LEYES SON UN DESASTRE»

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O sea, que en España es más importante la red de contactos que el mérito y la capacidad…

En muchos cargos, sí. Pienso, por ejemplo, en las estructuras de los partidos tradicionales. El que discrepa, el que ha tenido conflictos, el que ha plantado cara en algunos temas, o se le corta la cabeza o se le deja en un segundo plano.

El que no molesta, el que dice que sí a todo, el que cambia de chaqueta sin problemas, es el que ha ido ascendiendo.

Se eligió a Rajoy porque no se había peleado con nadie.

Si ese es el criterio para elegir al líder de un partido que va a gobernar, está claro que la meritocracia y el mejor para el cargo no es el criterio. Y luego en lo público hay un grado de arbitrariedad, de cargos de confianza para puestos que no tiene nada que ver con la confianza en absoluto.

¿Por qué todas las secretarias de cargos públicos son cargos de confianza? Si yo trabajara en un despacho de una administración pública, pues el secretario o la secretaria que me toque.

Hay una alto grado de arbitrariedad.

No se olvida tampoco de la Iglesia Católica. Dice que la partida de 158,4 millones de euros que recibe la Iglesia anualmente figuran en la partida de ingresos, en negativo, de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué?

Nunca entendí bien porqué. Lo que entiendo es que se trata de un adelanto. El Gobierno le adelanta a la Iglesia lo que ellos calculan qué van a cobrar por la casilla de la X de la declaración de la renta. Y luego hacen un ajuste.

Como no es un gasto directo, sino que es algo que van a recuperar con los ingresos de la declaración, lo ponen en ingresos en negativo. Es la única partida del presupuesto que funciona así, y es bastante raro.

No tiene mucho sentido. Porque con la otra casilla de la X lo que se hace es que cuando se cobra se hacen las cuentas, se hace tanto dinero, se convocan las subvenciones. Las entidades se presentan y se reparte.

Desde que marcas la X en la declaración hasta que las entidades lo reciben, pasan varios años. Este año estas cobrando lo de hace dos, y no hay ningún problema.

Con la Iglesia es distinto. Lo significativo es que haya esa diferencia para adelantarle el pago que luego cuadran.

Habla usted también de las diferentes niveles de exigencia en España y en Europa, y lo hace refiriéndose a un caso concreto: el de Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura y Medioambiente, que era accionista de una petrolera, y luego, cuando se marchó a Europa, las vendió. ¿Es la vara de medir española más corta que la europea?

Aquí había cosas que no se sabía que no había declarado. Pero es que la ley de conflicto de intereses dice que si tú no presentas declaración, u omites algunos datos, te puede caer una falta leve, que es que se publique en el BOE.

Él no había declarado ciertas cosas. Él mintió, porque había dicho que sus empresas no tenían ninguna vinculación con lo público, y tenían concesiones, espacio de dominio público, lo que es una vinculación clara. Por muy pequeña que sea.

Es muy significativo, y da mucha vergüenza, cuando se va a Europa y de repente su hijo tiene que dejar de ser consejero y él tuvo que vender las acciones.

Aquí la ley es muy parecida. También dice que no puedes tener vínculos.

¿Por qué no pasó nada por no informar de una parte de sus vínculos en España? Arias Cañete era accionista de una petrolera y él era ministro de Agricultura y Medio Ambiente. El conflicto de interés era evidente. No es algo tangencial. Había un vínculo directo.

Que hasta que no llegó a Europa nadie se puso serio con esto, a mí me da mucha vergüenza como ciudadana española.  

¿Por qué los registros de actividades de diputados son restringidos una vez que han cumplido su mandato y han regresado a la vida civil ?

Porque funcionan así. De hecho hay muchas informaciones que la Ley de Transparencia dice que no hay que publicar. Dice que se publicarán durante cinco años. No tiene ningún sentido. La información no puede caducar.

Vete a saber qué diputado o qué senador va a ser protagonista de un escándalo dentro de cinco años.

Lo que pasó con Bárcenas es un buen ejemplo. La declaración de actividades de Bárcenas como senador no estaba publicada. Porque ya no era senador.

No podías ver la información relacionada con él, con qué empresas tenía vínculos y cómo. No podías vincularlo con lo que él había declarado antes. Esto es muy importante porque si mintió tiene que haber ciertas sanciones, pero no puedes comprobarlo.

La información se publica cuando son diputados y senadores porque hay una obligación legal pero el gobernante no piensa que está dando información a los ciudadanos para ser transparente. Piensa que está cumpliendo una obligación legal.

Cuando se acaba el mandato, lo quitan.

Es una cuestión de cultura política. Si tú creyeras de verdad que es una información útil para los ciudadanos, la dejarías ahí porque sigue siendo útil años después.

Ahora lo que hacemos es que cuando ser producen declaraciones de actividades de los diputados y senadores las descargamos todas, y las guardamos.

«MUCHA GENTE ME DICE: SI NO TIENES APELLIDO, SI NO HAS NACIDO EN DETERMINADA FAMILIA, SI NO ERES NOBLE O SI NO TIENES MUCHO DINERO, ES MUY DIFÍCIL PROSPERAR EN ESPAÑA»

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¿En todas las administraciones públicas este tipo de transparencia es temporal?

En todas hay márgenes temporales. Es una pena porque no cuesta nada mantener toda esa información en la web y dejarla ahí. Lo que haces al retirarla es quitar información muy valiosa.

A mí me interesa más la declaración de actividades de cualquier diputado en estos momentos a menos de un año de acabar la legislatura que la de hace cuatro años. Para poderlo comparar. Para ver cómo se ha ido enriqueciendo en los últimos años y con qué.

En un artículo reciente del ABC se decía que sólo el 11 por ciento de los dirigentes del PP y del  PSOE provienen del sector  privado. Eso corrobora lo que usted dice en su libro, que la Administración Pública –estatal y autonómica- es una maraña de organismo donde se colocan unos y otros. ¿No es así?

Los buenos, los que tienen más contactos, se quedan en las empresas B. Los que tienen menos contactos se quedan como diputados de la oposición sin hacer nada, cuatro años, que tampoco está mal.

Pero es verdad que los buenos saben montárselo.

Es el caso de Montoro [Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda y Administraciones Públicas] que, además, sorprende mucho cuando responde a preguntas sobre este tema.

Por su actitud faltona, maleducada y malencarada con los periodistas. ‘Yo he cumplido la ley, no tengo que decir nada’.

La empresa que él fundó, donde  hasta hace poco estaba su hermano y donde está su socio -que fue su jefe de Gabinete- está asesorando a las eléctricas. No sabemos a qué eléctricas, porque no se publica,  pero su exsocio es consejero de Abengoa.

Hay un conflicto de intereses claro que no se está denunciando por ningún lado.

Montoro era de los VIPS que pasó el tiempo de oposición en una empresa que había motado y desde la que a grandes empresas energéticas. Él tiene sus contactos.

Mucha gente me dice: si no tienes apellido, si no has nacido en determinada familia, si no eres noble o si no tienes mucho dinero, es muy difícil prosperar en España.

Bueno, yo digo que están los partidos. Ahí hay un hueco para el que no molesta, el que sabe cómo hacer y que tiene buena idea de navegar entre dos aguas y adaptarse a situaciones cambiantes.

Eres consejero de lo que te toque y ya está.

Es una visión muy cínica.

Desde mi punto de vista, la mayoría es gente honesta. Pero a mí me interesaba señalar casos concretos para mostrar qué es lo que no funciona, qué es lo que no se cumple. Si no, hubiera sido un ladrillo de libro.

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