El ex interventor insiste en que la Junta «ha hecho oídos sordos» a las irregularidades
El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha declarado hoy que los responsables del Gobierno andaluz hicieron oídos sordos y miraron para otro lado durante diez años con las irregularidades en las subvenciones de los ERE que su departamento les advirtió.
«Las Intervención emitió informes en los que pusieron de manifiesto irregularidades y deficiencias los suficientemente graves como para que el Gobierno hubiera tomado medidas, pero durante 10 años se ha hecho oídos sordos y se ha mirado para otro lado», señaló.
Manuel Gómez Martínez, que fue interventor de la Junta entre 2000 y 2010, ha realizado estas manifestaciones a los periodistas tras declarar durante tres horas y media ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso ERE.
Ha explicado que pidió declarar en esta causa del Supremo porque se ha sentido «injustamente acusado por la personas que han declarado con anterioridad y que tenían las máximas responsabilidades en la Junta en ese periodo», entre los que se encuentran los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
«Las insinuaciones y acusaciones veladas que han hecho de negligencia de la Intervención de la Junta no me afectan solo a mí sino que afectarían, de ser ciertas, que no lo son, a decenas de funcionarios de la Intervención General que durante el periodo en el que se está investigando cumplieron siempre con sus obligaciones legales de control», ha manifestado.
«Creo haber demostrado esta mañana en mi declaración que en el sistema de gestión de las subvenciones de los ERE la Intervención General no tuvo nada que ver, no fue consultada, ni siquiera le fue comunicado cuando se puso en práctica, ni se la dotó de procedimientos adicionales de control», ha asegurado.
Manuel Gómez Martínez, en su declaración ante el juez que instruye la cuasa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, manifestado que con ocasión de un informe referente a 2003, la Intervención concluyó que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) tenia una insuficiencia presupuestaria que implicaba que se estaba eludiendo el procedimiento legal para la concesión de subvenciones.
Preguntado por los informes elaborados entre 2001 y 2010 sobre el procedimiento para la concesión de ayudas, ha mantenido que se consideraba que las transferencias de financiación no eran las adecuadas para esas ayudas pero debido al sistema, el papel de la Intervención era «muy reducido».
Según consta en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Gómez ha defendido la realización de informes adicionales en lugar de informes de actuación, que son mecanismos de control financiero, pero también que es «erróneo» que la falta de informes de este último tipo no implique la actuación de las diferentes consejerías.
«Es una excusa», ha dicho Gómez ante el juez del Supremo, ante el que también ha declarado que el consejero de Hacienda, que en aquel tiempo era José Antonio Griñán, tenía como competencia el control de la Junta y que si se le estaba advirtiendo de que había un déficit importante no tenía por qué esperar a ningún otro informe para actuar sino que tenía competencias para tomar medidas. (Confilegal /EP)
