Justicia derogará las leyes que vinculaban el Registro Civil a los registradores
El ministro de Justicia Rafael Catalá ha anunciado que próximamente se procederá a derogar el Real Decreto 8/2014 en todo aquello que otorgaba la llevanza de los registros a los registradores mercantiles, la Ley 18/2014 de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes.
Fuentes ministeriales han asegurado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya ha trasladado la noticia a los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAJ, ELA-STV y CIG con los que se ha reunido este martes en la mesa sindical del sector.
Según las fuentes, no tiene sentido seguir adelante con las normas que preparan el terreno a los registradores, cuando se acaba de abrir un proceso de negociación con todas las partes implicadas en busca de «alternativas y soluciones compartidas» para el Registro Civil.
El objetivo es alcanzar «el mayor grado de consenso» en la elaboración de la reforma legislativa que cumpla con el mandato parlamentario de la norma aprobada en 2011 que obliga a la desjudicialización de los registros.
Al respecto, Catalá ha reclamado esta tarde en el Pleno del Senado a los partidos políticos «soluciones y alternativas» para la reforma del Registro Civil, una vez que Justicia anunció el pasado viernes su decisión de revisarla con el objetivo de alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios.
Justicia, además, ha renunciado al 15 de julio como la fecha prevista de entrada en vigor de la norma aprobada en 2011, por lo que se introducirá una vacatio legis para ampliar el plazo, aunque antes estudiará la propuesta de los sindicatos que abogan por fijarlo, al menos, hasta julio o diciembre de 2016
El ministro Rafael Catalá ha reafirmado la voluntad del Gobierno de mejorar la gestión del Registro para conseguir un servicio público de calidad, gratuito y cercano a los ciudadanos.
La intención del Ministerio de Justicia es continuar con el proceso de reformas iniciado, que incide en la necesaria desjudicialización de los registros, sacando su gestión del ámbito judicial, pero a través del diálogo, el consenso y la participación de los profesionales, y abiertos siempre al planteamiento de cualquier tipo de alternativas.
