Catalá se plantea ‘matar al mensajero’, como Gallardón, para acabar con las filtraciones
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, sugirió el miércoles por la tarde la posibilidad de «sancionar» a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial, con esas palabras pronunciadas en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Catalá ha reavivado el fantasma de Gallardon, que ya se manifestó favorablemente en ese sentido.
En una conferencia, y a preguntas sobre los «juicios paralelos» a personajes públicos imputados, Catalá ha abogado por abrir el «»someter a debate y reflexión» si se debe sancionar la filtración de informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario y a los medios de comunicación por publicarlas, con el fin de salvaguardar la presunción de inocencia.
El ministro ha sostenido que se debe «sancionar con firmeza» a los miembros de instituciones (Fiscalía, Hacienda, jueces) que «filtren» a la prensa información sobre casos que están siendo investigados y bajo secreto de sumario. La ley, en realidad, ya castiga esas conductas mediante el delito de revelación de secretos, que se puede atribuir a los funcionarios.
La novedad del planteamiento de Catalá es que propone «trasladar esas sanciones» a los medios de comunicación, algo que también propuso su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, en su fallido Código Procesal Penal. Es decir, se trataría de poner límites a la información.
Eso sí, Catalá ha asegurado después que esta cuestión, que no está en el marco jurídico actual, tampoco forma parte de la agenda del Gobierno para esta legislatura.
Durante la conferencia, el ministro también ha lamentado que se haya estigmatizado la figura del imputado, al que cree que se ha convertido en un precondenado: «Hemos mandado al garete la presunción de inocencia».
Por la tarde, en declaraciones a los periodistas al término de la presentación de la obra «Historia de la abogacía española», el ministro de Justicia, Rafael Catalá, matizó sus palabras y aseguró que su planteamiento sobre si es necesario sancionar la publicación de filtraciones sobre investigaciones judiciales en curso «no tiene nada que ver con penalizar a los medios».
«He puesto encima de la mesa esta reflexión y se ha generado no sé si debate o ruido. Mi planteamiento no tiene nada que ver con penalizar a los medios de comunicación», ha señalado Catalá
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA LO CONSIDERA «INTOLERABLE»
Sin embargo, las palabras del ministro recibieron una dura respuesta por parte de las Asociaciones profesionales. El portavoz de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), Nemesio Rodríguez, considera «intolerable» la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de «someter a debate» si se debe sancionar a los medios de comunicación por publicar informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario, al tiempo que entiende que se trata de «censura previa».
Rodríguez ha señalado en declaraciones a Europa Press que esta medida supone «una especie de censura previa que trata de presionar a los periodistas» para que no difundan determinadas informaciones que «molestan al poder».
En este sentido, ha recordado que el periodista «está obligado a difundir siempre la información que le llegue comprobando su veracidad y no tiene otra obligación». «No se puede matar al mensajero porque se limita a difundir información», ha reiterado.
Asimismo, ha reiterado que la propuesta se trata de «una vieja idea del PP que ya quiso sacar adelante el anterior ministro de Justicia, Gallardón, aunque luego lo metió en el cajón». «Consideramos que si tiene que haber sanciones es a los filtradores, no a los periodistas», ha concluido.
ACIJUR MUESTRA SU «PROFUNDA» DISCREPANCIA
La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha mostrado su «profunda» discrepancia acerca del debate que ha planteado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre si se debe sancionar la filtración de información bajo secreto de sumario y a los medios de comunicación por publicarla.
En este sentido, ACIJUR ha recordado que las «llamadas filtraciones judiciales», como la revelación de documentos y datos en poder de las administraciones públicas, «son responsabilidad primaria de quien las producen y no de quienes la difunden».
Así, la Asociación ha comunicado que discrepa «profundamente» con el planteamiento del ministro que «ha dejado entrever» una reforma legal con la que se pueda multar a los medios de comunicación si revelan datos sometidos a secreto de sumario. (Confilegal/EP).
