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Las declaraciones de Catalá son “una amenaza velada a los medios que están cubriendo casos de corrupción”
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Las declaraciones de Catalá son “una amenaza velada a los medios que están cubriendo casos de corrupción”

2 mayo, 2015

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) comunicó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, su más profundo rechazo ante la sugerencia de “sancionar” a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial”. Considera que son “una amenaza velada a los medios que están cubriendo casos de corrupción”.

Y una barbaridad. La PDLI entiende que este “es un debate que está cerrado, tanto por la Constitución, que consagra el derecho fundamental a la libertad de información, como la jurisprudencia: los jueces, cuando han tenido que ponderar el posible conflicto entre derechos individuales (como el derecho al honor) y la libertad de información, se han venido pronunciando reiteradamente a favor de la segunda cuando se trata de figuras de relevancia pública y asuntos de interés general”.

“Con el cambio que propone el ministro Catalá, no habríamos podido publicar los correos de Blesa. No sabríamos nada de la investigación judicial a Rodrigo Rato. No conoceríamos los detalles de la Gürtel, o de la Púnica, o de los Eres de Andalucía, o de las “asesorías verbales” de Trillo y Pujalte. Argumentar que este cambio propuesto por el ministro solo busca defender “la intimidad” y la “presunción de inocencia” es tomar por idiotas a los ciudadanos”, afirmó Ignacio Escolar director de eldiario.es, uno de los socios fundadores de la PDLI.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información está integrada por organizaciones de juristas y abogados, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM); de periodistas, como la Federación de Sindicatos de Periodistas; por medios como eldiario.es, 20minutos, la agencia Disopress, o la revista Mongolia; asociaciones de consumidores como la OCU y CEACCU; profesores de universidad y grupos de investigación como Manuel Sánchez de Diego (UCM), Manuel Maroto (UCLM) o el grupo sobre redes, movimientos y  tecnopolítica de la UOC; y periodistas, cineastas y abogados como Mario Tascón, Virginia Pérez Alonso, Juan Luis Sánchez, Stéphane M. Grueso o Carlos Sánchez Almeida.

A pesar de la posterior aclaración del ministro, el jueves por la mañana, negando que el gobierno planeara “penalizar a los medios”, la PDLI teme que detrás de la amenaza del miércoles se esconda la misma intención que en la Ley Mordaza: evitar que sean los jueces quienes resuelvan estos casos, aplicando, en cambio, “multas” o “sanciones administrativas”.

También desconfía la PDLI de la rectificación de Catalá porque proyectos legislativos ahora en tramitación parlamentaria (como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial) apuntan igualmente a la censura en los procedimientos judiciales, al prever que se supriman de los sumarios los datos personales, de modo que las partes y la prensa no puedan divulgarlos.

DERECHO DE DEFENSA

Esta organización entiende que este se ve vulnerado, en todo caso, no porque la ciudadanía se mantenga informada de hechos de alcance público, sino por la ausencia de medios en los juzgados. “La única forma de evitar juicios paralelos es dotar de medios a la justicia para que sea rápida y eficaz. La justicia lenta no es justicia”, ha manifestado el director legal de la PDLICarlos Sánchez Almeida.

Además, la PDLI lamenta que el ministro presente tanto celo cuando las informaciones tratan sobre casos de corrupción, implícitos en su reproche, y pase por alto la reiterada falta de respeto del ministerio del interior a la presunción de inocencia en asuntos que afectan a la libertad de expresión y el derecho a la protesta y que ha dejado episodios legendarios (como la detención en 2011 a la, según se dijo, “cúpula de Anonymous”) o, más recientemente, en las informaciones difundidas sobre la detención de activistas en Cataluña en la llamada “Operación Pandora”.