La CAM debe pagar 34,3 millones de euros a la Universidad Rey Juan Carlos

La CAM debe pagar 34,3 millones de euros a la Universidad Rey Juan Carlos

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04/5/2015 00:00
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Actualizado: 04/5/2015 00:00
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La Sala III del Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad de Madrid a abonar 34,3 millones de euros a la Universidad Rey Juan Carlos por incumplimiento del Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la comunidad en el periodo 2007-2011, y del Plan de Financiación de las Universidades Públicas 2006-2010.

En concreto, en ejecución del Plan de Inversiones, la sentencia condena a la Comunidad de Madrid (CAM) a habilitar a favor de la citada Universidad 22,1 millones de euros, que deberán ser librados conforme se vayan cumpliendo por la Universidad las justificaciones previstas en el Anexo II del Plan de Inversiones y con cumplimiento por parte de la Comunidad de los pagos a cuenta para obras de rehabilitación, reposición, mantenimiento y seguridad y para equipamiento, en los términos regulados en el mismo anexo.

Además, en la sentencia del Supremo de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Trilllo,  también condena a la Comunidad de Madrid por el Plan de Financiación debiendo abonar a la Universidad 12,2 millones de euros, más los intereses legales de esa cantidad desde el 17 de junio de 2011, asi como los intereses legales de estos desde el 17 de octubre de 2011.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo, estima en parte el recurso de casación interpuesto por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de febrero de 2013, estimatotoria en parte del recurso 967/2011, donde la petición económica de la Universidad de 42.695.973,21 €, fue reducida por la Sala de Instancia a 811.100,03 euros

El Supremo considera que el Gobierno regional incumplió un plan de inversiones y un plan de financiación entre los años 2006 y 2011.

En su sentencia, el tribunal recupera su doctrina según la cual los citados planes tienen una naturaleza jurídica de la que deriva su obligado cumplimiento al margen de los presupuestos.

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