El Constitucional avala la privatización hospitalaria en Madrid

El Constitucional avala la privatización hospitalaria en Madrid

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05/5/2015 00:00
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Actualizado: 05/5/2015 00:00
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El Tribunal Constitucional ha concluido que el carácter público del sistema de la Seguridad Social no se ve cuestionado por fórmulas de gestión indirecta, y ha desestimado la mayor parte del recurso de inconstitucionalidad presentado hace un par de años por 50 senadores socialistas contra la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y hasta 27 centros de salud.

Con este fallo, el Constitucional estima parcialmente el recurso en lo que concierne a otro de los intentos del Gobierno de la Comunidad de Madrid entregar la gestión del 10% de los centros de salud de la región a empresas constituidas en total o en su mayor parte por profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (un proyecto también fallido).  En cambio, el pleno declara inconstitucional y nulo el artículo de la ley autonómica que autorizaba el paso a manos privadas de los ambulatorios.

En la sentencia, el Tribunal Constitucional entiende que la «posible apertura a formas de gestión y responsabilidad privada se lleva a cabo preservando en todo caso la titularidad pública del servicio» y que el Gobierno «no ha optado siquiera» con esta ley recurrida por la «vinculación de centros privados a la red pública» en virtud de conciertos sino que se ha limitado a «hacer uso de las posibilidades abiertas por la legislación estatal». 

Por otro lado, añade que la Constitución «no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa». El carácter público se aprecia, según recoge, «en relación con la estructura y el régimen del sistema en su conjunto, sin distorsionar la evaluación», añade.

El tribunal recuerda que la legislación, y en concreto la Ley 15/1997, permite abrir la gestión sanitaria a otras fórmulas «preservando en todo caso la titularidad pública del servicio».

El Constitucional señala que aunque se materializara la gestión indirecta del servicio por personas privadas, tal hecho «no afecta al conjunto de mecanismos de cobertura propios de un sistema de Seguridad Social sino exclusivamente a los relativos a la acción protectora en materia de sanidad, y dentro de esta, a los hospitales en cuestión afectados (Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo).

 

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