La Audiencia Nacional sí investigará el asesinato del jesuita Ellacuría en El Salvador
El sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría fue asesinado en 1989 en San Salvador, junto a 7 personas más, en lo que fue un complot llevado a cabo por el Ejército salvadoreño.

La Audiencia Nacional sí investigará el asesinato del jesuita Ellacuría en El Salvador

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06/5/2015 00:00
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Actualizado: 06/5/2015 00:00
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El Tribunal Supremo ha establecido la jurisdicción de los tribunales españoles para seguir adelante con la investigación en la Audiencia Nacional del asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador a manos de las fuerzas armadas y el FMLM «que asoló» el país centroamericano desde los años 80.

El Supremo confirma la jurisdicción de los tribunales españoles para llevar adelante la investigación de las muertes de seis sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica y una hija de ésta, ocurridas el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en El Salvador.

El Supremo señala que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Eloy Velasco, debe continuar conociendo los hechos porque, de un lado, alguna de las víctimas tenía la nacionalidad española, además de la salvadoreña, y de otro hay «indicios suficientes» de que el proceso penal desarrollado en su día en dicho país no garantizó la persecución y el castigo efectivo de sus responsables.

En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, el Supremo responde de esta manera a la exposición razonada que le elevó el juez Central de Instrucción número 6 para determinar si procedía continuar la causa abierta en España por estos hechos en virtud de una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, denunciando el asesinato de Ignacio Ellacuría, otros cinco sacerdotes jesuitas, la empleada del hogar Julia Elba y la hija de ésta Celina. 

Según la querella, el crimen fue cometido por miembros de un batallón del Ejército salvadoreño siguendo un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército, del que serían responsables el entonces ministro de Defensa Rafael Humberto Larios y otros 19 militares.

El auto del Supremo analiza la aplicación al caso de la reforma de la justicia universal introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial en marzo de 2014, que establece que los delitos a los que se refiere la reforma no serán perseguibles en España si hay iniciado procedimiento en el Estado donde se hubiesen cometido los hechos, salvo que dicho Estado, en este caso El Salvador, no esté dispuesto a investigar o no pueda realmente hacerlo.

El Supremo destaca que existen indicios serios y razonables de que “el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad”. En ese sentido, el juez Velasco destacó en su exposición razonada las dilaciones por parte de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos en obtener documentos –parte de los cuales pudieron así ser destruidos–; la ocultación de datos al juez instructor por parte de dicha Comisión; la renuncia de los fiscales del caso porque el fiscal general les ordenada no impulsar el procedimiento; las presiones externas durante el juicio oral; o las amenazas denunciadas por los miembros del jurado. El auto señala que todas esas circunstancias fueron corroboradas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 1999.

La decisión del alto tribunal avala la investigación de este asunto pese a la reforma de la justicia universal que limita este tipo de investigaciones.

 

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