Hoy declaran ante el Supremo los peritos contratados por Griñán
Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, catedráticos de Derecho Tributario -el primero de la Universidad Carlos III y el segundo de la Complutense de Madrid- declararan ante Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo. Si el informe de estos dos catedráticos prevaleciera sobre el de la Intervención General del Estado, se daría carpetazo al caso.
El informe pericial, suscrito por Zornoza y Martínez Lago sostiene, basándose en la legislación vigente, que el instrumento de transferencia de financiación es una figura lícita y su utilización no tiene por qué implicar que se incurra en irregularidades en la gestión de los fondos que se reciben a través de ellas.
Los catedráticos, han elaborado el mencionado informe por encargo de José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, imputado en el caso.
Según la juez Mercedes Alaya, el Gobierno de la Junta de Andalucía hizo uso de ese procedimiento, en vez del de las subvenciones -que era el que debió utilizarse- con el fin de eludir ls controles de la Intervención de la Junta.
El informe de los catedráticos dice que si la Intervención de la Junta de Andalucía «lo hubiera considerado conveniente podría haber ejercido el control del gasto antes de que las operaciones se realizaran, emitiendo los correspondientes informes de control previo”. “Si no lo hizo”, añade, “debió ser porque no advirtió irregularidades relevantes”.
La juez mantiene que la Junta vulneró la competencia exclusiva del Estado en materia laboral cuando dio ayudas sin tener competencia para hacerlo.
Zornoza y Martínez Lago argumentan que “el hecho de que el Gobierno de la nación no planteara en ningún momento el correspondiente conflicto constitucional de competencias, obliga a dar por bueno el ejercicio hecho por la Junta de Andalucía”.
Alaya destapó el caso ERE, que ocultaba un fraude millonario en la concesión de ayudas públicas para prejubilaciones y despidos en decenas de empresas. La Junta gastó 850 millones en prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajdores; 126 de ellos jamás estuvieron empleados en las empresas beneficiadas. Asímismo, se pagaron a las aseguradoras comisiones por la tramitación de pólizas que, al parecer, triplicaron los precios del mercado.
Según la magistrada, los máximos responsables de la Junta idearon un instrumento supuestamente ilegal: las «transferencias de financiación» para conceder esas ayudas. Éstas fueron aprobadas año tras año en las leyes de presupuestos y permitían eludir el control previo del gasto público.
Esta es la tesis del informe elaborado por cuatro peritos de la Intervención General del Estado en diciembre de 2013, sobre la que se basa toda la investigación que ha llegado a cabo hasta ahora y en la que ha imputado a 263 personas.
El exinterventor de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, declaró ante Barreiro la pasada semana que el control de la Intervención fue «exiguo» pero eso no es algo excepcional sino que, según ha mantenido, hay determinadas áreas en las que el Gobierno «ha decidido que no tenga control de la Intervención».
Por otra parte, el magistrado Barreiro, continuará la próxima semana con la investigación de la causa y el martes 5 de mayo escuchará el testimonio, como testigos, del exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno en Andalucía Luis García Garrido; y del exviceconsejero de Igualdad y Bienestar Social José María Oliver Pozo.
Ninguno de ellos ha sido jamás citado como testigo ni como imputado en la causa sobre el sistema de concesión presuntamente irregular de ayudas socio-laborales que inició la juez de Instrucción de Sevilla Mercedes Alaya, a pesar de que formaron parte de las reuniones de viceconsejeros que precedían a los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalu*cia -los denominados ‘consejillos’, durante el periodo investigado en esta causa.
Estas dos declaraciones se producen a petición de la defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y en sus declaraciones previsiblemente saldrá a colación las declaraciones de éste sobre las materias y procedimientos que se abordaban en las citadas reuniones.
Cabe recordar que en su declaración ante el instructor, Zarrías manifestó que las modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como ‘fondo de reptiles’ que llegaron a las sesiones de la Comisión General de viceconsejeros andaluces –los denominados ‘consejillos’– y se elevaron al Consejo de Gobierno «eran ajustadas a derecho» y contaban con «todos los requisitos que marca la ley.
Además, Zarrías explicó ante el instructor del Tribunal Supremo que los consejillos que presidía «no tenían poder decisorio» y unicamente elevaron al Consejo de Gobierno asuntos que estaban «plenamente aceptados por la legalidad». «En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y por ello, (eran) perfectamente ajustados a derecho», incidió el que fuera consejero de la Presidencia. CONFILEGAL/EP
