Montserrat Caballé, una de las grandes sopranos de la historia de España, tiene que comparecer este martes próximo en juicio para ratificar el pacto que su representante legal alcanzó con la Fiscalía y la Agencia Tributaria tras reconocer el delito de fraude fiscal. Es un juicio «de conformidad», por lo que su aparición ante la Justicia será muy breve.
La soprano ha admitido que defraudó a la Hacienda Pública 508.562 euros por no pagar el IRPF de 2010. Hacía la ficción de tener la residencia en Andorra, aunque realmente lo hacía en Barcelona, para no tributar en España. Caballé aceptó pagar una multa de 254.231 euros, por una parte, y de abonar la cantidad defraudada, por otra. En total: 762.793 euros.
El abogado de la artista alcanzó este acuerdo, en su nombre, a finales de 2014. Ahora, Montserrat Caballé deberá ratificarlo en persona ante el juez para que quede constancia de que esa es su voluntad. El mismo conlleva una condena de seis meses de prisión, pero la artista no pisará la cárcel porque al ser este su primer delito, no tener antecedentes y ser una condena menor de dos años, el castigo quedará en suspenso. También tiene la prohibición de recibir subvenciones públicas durante un año y medio.
El caso comenzó en abril de 2014, cuando un juzgado de Barcelona admitió una querella de la Fiscalía contra Caballé, acusándola de un dellito contra la Hacinda Pública. El Ministerio Público afirmó que, pese a vivir en España en 2010, figuraba como residente en el Principado de Andorra «a los solos efectos de no tributar en la Hacienda Pública Española».
Montserrat Caballé vivió en Barcelona ese año y sólo viajaba al extranjero para actuar o grabar discos. La artista «estaba obligada a presentar ante la Agencia Tributaria» la declaración del IRPF, según la acusación de la Fiscalía.
Según ha podido probar la Fiscalía, en 2010 participó en conciertos en España, Alemania, Suiza, Italia, Lituania, República Checa, Rusia, Ucrania, y en grabaciones en Moscú, Ginebra y Barcelona, y no presentó la declaración del IRPF por estos conceptos.
Para conseguir que Hacienda no conociese sus ingresos y su residencia real en España y no le pudiera exigir así el pago del impuesto corrrespondiente, la mayoría de los contratos los firmó a través de una empresa andorrana, Reial Classics SL., indicando que el dinero se ingresase en una cuenta bancaria de esta sociedad en el Principado, según acusó la Fiscalía.