El voto de calidad de Lesmes saca adelante la publicación de las sentencias para combatir el fraude fiscal
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo; la Sala de lo Social del Alto Tribunal ha dictado que la Audiencia Nacional es competente para enjuiciar la demanda de conflicto colectivo interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

El voto de calidad de Lesmes saca adelante la publicación de las sentencias para combatir el fraude fiscal

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11/5/2015 00:00
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Actualizado: 11/5/2015 00:00
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El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este lunes con el voto de calidad del presidente Carlos Lesmes el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal. Diez vocales se han mostrado contrarios al mismo.

El Pleno del CGPJ ha aprobado así, con el voto de Lesmes el informe favorable al ANteproyecto elaborado por el vocal del CGPJ, Gerardo Martínez Tristán. 

Durante la votación, el CGPJ se ha fracturado en dos este lunes en torno al proyecto de Montoro sobre la publicación de los nombres de los condenados por fraude fiscal. El Diez de sus 21 miembros han votado en contra mientras que Fernando Grande-Marlaska ha emitido un voto en blanco, lo que ha obligado a Carlos Lesmes a ejercer su voto de calidad.

Han votado a favor del informe, además de Lesmes, los vocales Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Vicente Guilarte, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea.

Según informa el CGPJ, en contra de este informe se han pronunciado Roser Bach, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Rafael Fernández Valverde, Enrique Lucas, Carmen Llombart, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Dicho informe propone el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materia de fraude fiscal y la publicación de un extracto de estas resoluciones en el BOE. La medida se considera proporcionada y ajustada a la Constitución.

En este punto, el informe apunta que los derechos individuales «no son absolutos» sino que también tienen límites que establece la Constitución «o derivados de la protección dispensada por la norma constitucional a otros bienes, derechos o intereses merecedores de igual protección».

Frente a ese informe, otro grupo de vocales del órgano de gobierno de los jueces, han presentado un texto alternativo que ha contado con el respaldo de 9 miembros. 

Las votaciones de cada texto se han producido por separado.

Este último texto es el escrito de observaciones que elaboraron, la semana pasada, por los vocales Roser Bach y Enrique Lucas, al que se han adhirieron también los vocales Mª Victoria Cinto, Concepción Sáez y Clara Martínez de Careaga.

En ese texto, al que ha tenido acceso Confilegal, señalaban » No cabe cuestionar que la medida que se propone incide claramente en la respuesta penal en los delitos contra la Hacienda Pública y que estos han adquirido en los últimos tiempos una resonancia indudable y un rechazo social indiscutible»

Pese a ello, estos vocales inciden en señalar, que «Ahora bien, la política legislativa, cuando afecta directamente a los derechos fundamentales, como aquí ocurre, no puede guiarse por el oportunismo ni por las exigencias del clima electoral. Tampoco debe abordar la reacción ante determinados delitos so capa de la defensa de determinados fines o bienes de relevancia constitucional sin considerar el conjunto del ordenamiento penal para salvar la contradicción que supone que la medida de publicidad que el anteproyecto contempla para el fraude fiscal y el reforzamiento del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y la igualdad de todos los contribuyentes no se prevea para otros bienes sin duda más valiosos como la vida, la libertad personal, la libertad sexual, etc

MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE INFORME

Como resultado del debate en el Pleno, de la propuesta de informe se ha retirado el punto que consideraba “admisible” la Disposición transitoria única del Anteproyecto, que prevé que será de aplicación a las sentencias que se dicten tras su entrada en vigor.

El texto, finalmente, acoge las observaciones planteadas por los vocales Roser Bach y Enrique Lucas, en el sentido de que el régimen transitorio razonable pasa porque el Anteproyecto afecte a los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica.

VOTOS PARTICULARES

Nueve de los diez vocales que han votado en contra formularán votos particulares en los que sostendrán que la publicación de estas resoluciones afecta a derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la protección de datos; además de considerar que no es un instrumento eficaz de prevención general y que supone una pena de exposición pública que no resulta conforme a los principios de proporcionalidad, reinserción y resocialización que establece la Constitución.

UN PASO MÁS

Por su parte, el vocal Álvaro Cuesta, que también ha votado en contra del informe, ha anunciado un voto particular en el que defenderá que el texto remitido por el Gobierno se queda corto y que son precisas más publicidad y más transparencia en lo relativo a la lucha contra el fraude fiscal.

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