Justicia prescinde de los secretarios de gobierno más experimentados
6 de 9 secretarios de Gobierno de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), entre los que se encontraban los más experimentados, han sido sustituidos por el Ministerio de Justicia.
Son los secretarios de Gobierno de los TSJ de Cataluña, Cantabria, Islas Baleares, Castilla-León, Murcia y Aragón. Todos ellos llevaban dos mandatos de cinco años, salvo el de Cantabria, que sólo cumplió uno, y el de Aragón, cuyo titular renunció a la reelección.
Los nombramientos han sido hechos públicos hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Así Jaime Illa Pujals, que hasta ahora estaba destinado en el Juzgado de Primera Instancia 35 de Barcelona, viene a sustituir a Antonia Amigo en el TSJ de Cataluña.
María del Perpetuo Socorro García Melón, con destino hasta ahora en la Sala Civil y Penal del TSJ de Santander, releva a Luis Gabriel Cabria en el TSJ de Cantabria.
Silvia Martínez Pomar, titular de la secretaría judicial del Juzgado de Primera Instancia 24 de Palma de Mallorca, reemplaza a María Dulce Capo en sus responsabilidades como secretaría de Gobierno del TSJ de Islas Baleares.
María del PIlar Rodríguez Vázquez, hasta ahora secretaria coordinadora Provincial de Burgos, toma el testigo de Ildefonso Ferrero como secretario de Gobierno del TSJ de Castilla-León.
Por otra parte, Francisco José García Rivas, actualmente destinado en el Servicio Común de Ejecuciones, Sección Civil, de Murcia, ocupa el puesto que hasta ahora ostentaba Javier Parra en el TSJ de Murcia.
Por último, María Pía Lardies, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón, sustituye a Santiago Sanz.
Renuevan en su cargo, Isabel María Collado Castaño, en el TSJ de Extremadura, Raquel Martínez Mazón, en el TSJ de Asturias, y Josefa Vilar Mendieta, en la Secretaría de Gobierno de Ceuta. Collado y Vilar, que habían cumplido dos mandatos consecutivos de cinco años, han renovado por uno más.
El cargo de secretario de Gobierno es de libre designación. Depende, en última instancia, del titular de la cartera, Rafael Catalá, si bien, en los casos de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, son estas las que proponen a los candidatos. Es decir, que Catalá sólo ha podido nombrar directamente a los secretarios de Gobierno de Castilla-León, Murcia y Extremadura. En este caso ha sustituido a los dos primeros y ha ratificado al tercero.
Su superior jerárquico es el secretario general de la Administración de Justicia, puesto que ocupa Antonio Dorado, secretario judicial de carrera, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y expresidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
Con estos cambios, el Ministerio de Justicia ha optado por «sabia nueva» frente a la experiencia acumulada por los hasta ahora secretarios de Gobierno de Cataluña, Cantabria, Islas Baleares, Castilla-León y Murcia.
Entre las funciones de los secretarios de Gobierno se encuentran la inspección de los servicios que sean de su responsabilidad, la incoación de expedientes disciplinarios, proponer al Ministerio el nombramiento de los secretarios coordinadores provinciales, proponer el nombramiento y cese de los secretarios judiciales de libre designación, el control y seguimiento estadístico, la impartición de instrucción a los secretarios judiciales, conceder permisos, licencias y vacaciones, entre otros.
Estos son, de hecho, los ojos y los oídos del Ministerio de Justicia en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia; la mayor parte de la información pasa por sus manos.
La Administración del Gobierno Zapatero convirtió a los secretarios judiciales la piedra angular de las reformas que llevó a cabo en materia de justicia. Y que se han ido consolidando en estos últimos años.
