Varios magistrados critican en el Congreso limitar los plazos de instrucción
Juristas y magistrados han criticado este martes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el establecimiento de plazos para las instrucciones, que fija la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Además, han advertido que esta limitación puede servir de abono para que crezca la impunidad.
El Proyecto de Ley mantiene los límites que ya figuraban en el anteproyecto aprobado el pasado mes de diciembre. Así se prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.
Los tres expertos que han comparecido ante la Comisión de Justicia, a propuesta de la Izquierda Plural y del PSOE, han criticado severamente la medida. Así, el magistrado y profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona, Carlos González Zorrilla, ha advertido que «cambiar la letra de la ley no cambia la realidad» y ha recordado que muchas de las causas cuya duración se quiere acotar investigan los casos «más graves y complejos de corrupción».
Y ha asegurado que «el establecimiento de plazos no puede, en modo alguno, sustituir, e incluso puede convertirse en algo contrario a la efectividad de la justicia, si no se abordan las reformas estructurales, económicas, de personal, de planta,…que hoy necesita la justicia». Y ha señalado que «somos de los tres últimos países en número de jueces por habitante en Europa».
Por su parte, María Josep Feliu Morell, magistrada y secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, ha destacado que estos plazos provocan «inseguridad jurídica» respecto a aquellas diligencias que se practiquen fuera de ellos.
La magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire Pérez, que ha comparecido a propuesta del PSOE, ha destacado otro problema de esta limitación de tiempo y ha señalado que resulta muy difícil combinarla «con la atención a las víctimas». Además, ha reclamado mayores recursos materiales para los juzgados y sus colaboradores. Puntualizando que «un juez no puede elegir sus equipos, ni sus programas de gestión procesal, y tiene que cumplir sus plazos. Los plazos que pretenden imponernos». Y sentenció que de atenerse a la norma que se pretende establecer, a los 6 meses, «me tendría que deshacer del 80% de los asuntos que penden en mi juzgado. Unos asuntos que recibo como herencia cuando tomo posesión como titular».
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En declaraciones a Confilegal «ha señalado también que limitar los plazos de la instrucción no va a solucionar los problemas de la justicia», y que además, «puede ocasionar problemas, incluso, de impunidad».
Esta limitación de los plazos, «aboca, a mi juicio a una vulneración del derecho de tutela judicial efectiva, del artículo 24 de la Constitución».
Otro de los aspectos de la LeCrim que ha suscitado las reticencias de los expertos ha sido la no remisión de atestados policiales en delitos con autor no conocido.
En este punto, los tres magistrados han solicitado un control previo de esos asuntos para evitar que casos que pueden revestir trascendencia no se investiguen. (Confilegal/EP)
