El PP saca adelante la ley que enmienda el CGPJ ideado por Gallardón
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves, con el único voto del PP, al proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Se enmienda así el proyecto aprobado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2013.
La nueva LOPJ amplía de cinco a siete el número de vocales del órgano de gobierno de los jueces que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva.
Para ello, se modifica el apartado 2 del artículo 601, que queda así «La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Con excepción de los miembros de la Comisión Disciplinaria, se procurará, previa propuesta del Presidente, la rotación anual del resto de los Vocales en la composición anual de la Comisión Permanente»
La norma también eliminará la obligatoriedad de que su Comisión de Igualdad sea presidida por una mujer, como hasta ahora. Actualmente, esa Comisión de Igualdad está presidida por la vocal del CGPJ y magistrada del Tribunal Supremo, Clara Martínez de Careaga.
Durante el debate previo a la aprobación de la norma, el portavoz de la Comisión de Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín ha defendido esta última modificación y ha destacado que obligar a que esta comisión tenga una presidencia supondría «diferenciar por sexo» y no resultaría igualitario.
Castillo ha destacado, además, que los cambios introducidos en el CGPJ se realizan a propuesta del propio órgano de gobierno de los jueces y ha puesto de manifiesto que el trámite parlamentario ha aportado mejoras sustanciales en la ley, con la aprobación de 60 enmiendas, 25 de ellas de los grupos de la oposición.
OCASIÓN PERDIDA
La mayor parte de los grupos de la oposición han coincidido en calificar la reforma como «una ocasión perdida» y han indicado que ha dejado en el tintero numerosas «asignaturas pendientes» evidencias en las enmiendas presentadas al texto que han defendido durante el debate.
Así, la portavoz socialista de Justicia, Rosa Aguilar, ha indicado que se ha aprobado «con prisas» y sin dar una «oportunidad cierta al diálogo, al acuerdo y al consenso».
Por su parte, Joan Baldoví de Compromís Equo, se ha referido a la Justicia Universal y ha precisado que «no hubiera estado mal» haberla recuperado en este texto. Su compañera de grupo, la representante de BNG Olaia Fernández Dávila, ha precisado, por su parte que la modificación de la norma no se aprovecha para resolvdr las necesidades de falta de Juzgados y personal en algunas regiones de España.
Emilio Olabarría, del PNV ha asegurado que se trata de una simple reforma parcial y ha reclamado el control autonómico de las funciones de los secretarios judiciales y forenses, mientras que en opinión del diputado de UPyD Martínez Gorriarán la nueva ley carece «de ambición política».
MEJOR REPARTO DEL TRABAJO
El PP defiende que la LOPJ ofrece mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales, a través de una mayor especialización en los tribunales y un mejor reparto de asuntos. La reforma intenta lograr un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de los órganos judiciales de ámbito provincial.
Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto para equilibrar la distribución de asuntos en determinados juzgados. Además, se incluye un sistema que permitirá al CGPJ especializar uno o varios órganos judiciales, de forma temporal, si así se determina en función del cúmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen y que puedan ser tramitados por un mismo órgano judicial, lo que facilitará la unificación de criterios y la agilización en las resoluciones.
Respecto a la instrucción de las causas penales de especial complejidad y con intención de auxiliar al instructor y una vez que el juez lo haya solicitado al CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces podrá acordar la adscripción al instructor de uno o varios jueces o letrados de la Administración de Justicia –nueva denominación de los secretarios judiciales–, con o sin relevación de funciones, para que bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores colaboración, asistencia y asesoramiento, pero sin funciones jurisdiccionales. (Confilegal/EP)
