El SUPREMO ORDENA INVESTIGAR A UNA JUEZ por si ha cometido un delito

El SUPREMO ORDENA INVESTIGAR A UNA JUEZ por si ha cometido un delito

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22/5/2015 00:00
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Actualizado: 22/5/2015 00:00
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La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Provincial de Lugo que abra una investigación a la juez Estela San José Asensio, de 42 años, por si hubiera cometido un delito.

“Que el tribunal de instancia (…) deduzca testimonio, a los efectos penales oportunos dado el empecinamiento del juez instructor en no desglosar actuaciones desconexas, omitiendo su remisión al Decanato para su debido reparto”, dice la sentencia redactada por el magistrado ponente del tribunal, Francisco Monterde.  

En la misma, el tribunal –formado por Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano, Luciano Varela, Ana Ferrer y Monterde- propina este fuerte varapalo a la juez San José, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Lugo.

Y también a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, al anular una sentencia absolutoria a 23 acusados de la llamada trama de retirada de multas de Lugo por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.

El Alto Tribunal ha considerado válidas las pruebas anuladas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo en sentencia de 20 de junio de 2013.

Por ello, ha ordenado a esa Sección a retroceder el juicio a la fase de deliberación después de su celebración para que los componentes de ese mismo tribunal vuelvan a debatir sobre el caso y redacten una nueva sentencia.

Con ese fin, los magistrados deben dar un giro de 180 grados al nuevo fallo que deben redactar al establecer que las pruebas que habían anulado en su momento son válidas al ciento por ciento.

La decisión del Tribunal Supremo responde al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal 

Asimismo, los magistrados de la Audiencia Provincial tampoco pueden considerar, como en principio concluyeron, que se hubiera violado el derecho constitucional al juez predeterminado por la ley.

El Alto Tribunal decreta que no es así.

Precisamente, esa fue la clave de bóveda que permitió la absolución de los 23 acusados. Porque el tribunal de la Sección Segunda entendió que la juez instructora había conculcado el derecho al juez predeterminado por la Ley y que como consecuencia, esa infracción conllevaba la nulidad de las actuaciones y de toda la prueba procedente de las intervenciones telefónicas y posteriores entradas y registros.

De forma concreta, los tres magistrados de la Audiencia Provincial consideraron que la infracción de la instructora partió de la resolución judicial que amplió una investigación inicial por tráfico de drogas a un nuevo delito de cohecho (trama de condonación de multas en la Jefatura de Tráfico) descubierto casualmente a raíz de las intervenciones telefónicas acordadas en la causa. Cuando entre ambos asuntos no había conexidad alguna.

El Supremo argumenta que este derecho no puede vulnerarse cuando lo que se pretende es la acumulación de dos causas cuyo enjuiciamiento en todo caso corresponde al mismo órgano judicial, ya que la jurisprudencia asocia la lesión de ese derecho fundamental a la búsqueda intencionada de un juez distinto al llamado legalmente a conocer del asunto, lo que es distinto a la mera infracción de las normas de competencia.

Sin embargo, la Sala Segunda subraya «el empecinamiento» de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo «en no desglosar actuaciones desconexas, omitiendo su remisión al Decano para su debido reparto», de modo que la Audiencia de Lugo, en su momento, deberá deducir testimonio contra la juez a los efectos penales oportunos sobre la actuación de la juez.

La sentencia incluye un voto particular del magistrado Luciano Varela, que es partidario de anular la sentencia, aunque discrepa de las consecuencias de esa decisión.

El magistrado defiende que el asunto debe volver a la casilla número uno, remitiéndose a los juzgados de instrucción de Lugo para someterlo nuevamente a reparto. De ese modo se comenzaría otra vez el procedimiento desde cero por un juez competente e imparcial.

Varela se pregunta si se puede condenar a alguien en un juicio en que la instrucción se llevó a cabo con posible, aunque todavía no determinada, vulneración de preceptos penales por la autoridad judicial que la asumió.

Y se responde que la pregunta produce evidente agobio «porque mal podría soportarse ver condenado, no solamente al acusado, sino a quien contribuyó a su condena con la actividad investigadora determinante de la misma».

Comparte la decisión de la mayoría de deducir testimonio al órgano competente para investigar el comportamiento «posiblemente delictivo» de la instructora que, siguiendo la doctrina constitucional, «debe dar lugar a la nulidad de la sentencia y a la no utilizabilidad de medios de prueba obtenidos con vulneración de esos derechos fundamentales».

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