El CGPJ cuestiona la PLENA IMPUNIDAD de los ex Jefes de Estado o de Gobierno

El CGPJ cuestiona la PLENA IMPUNIDAD de los ex Jefes de Estado o de Gobierno

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25/5/2015 00:00
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Actualizado: 25/5/2015 00:00
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial estudiará el próximo jueves un informe realizado por la vocal Nuria Diez Abad que cuestiona la conveniencia de mantener la inmunidad plena de los antiguos Jefes de Estado y de Gobierno por actos realizados durante el ejercicio de sus cargos.

La propuesta de informe al Anteproyecto de Ley Orgánica sobre inmunidades de los Estados extranjeros sostiene que esto haría prácticamente inaplicable el principio de justicia universal en supuestos de violaciones graves de normas internacionales imperativas.

El texto del Consejo aboga por “limitar” la eficacia de esa inmunidad “para permitir la plena efectividad del principio de justicia universal con relación a determinados delitos especialmente graves que de otro modo sería prácticamente inaplicable”.  Y señala  que «pues aquellos actos especialmente odiosos no podrían ampararse nunca en el ejercicio de las funciones oficiales de un Estado dentro de una comunidad internacional que los rechaza terminantemente y los persigue denodadamente”, señala la propuesta de informe.

En su escrito, la vocal Nuria Díaz señala que “no cabe cuestionar la oportunidad de la norma proyectada”, inspirada en el contenido de la Convención de la ONU de 2004 sobre inmunidades estatales, a la que se ha adherido España, ante la “manifiesta dificultad en conseguir el número de adhesiones, ratificaciones o aceptaciones de los Estados requerido para la entrada en vigor” del texto, y habida cuenta de los objetivos que persigue la norma,  especialmente clarificar la posición de España en las relaciones con los Estados extranjeros y ofrecer seguridad jurídica a los operadores del derecho.

La propuesta de informe añade, no obstante, que la posibilidad de que la Convención termine entrando en vigor “debería en último extremo contemplarse en la propia norma interna, previendo su aplicación en defecto de convenio o acuerdo internacional, y en concreto de la Convención de la ONU”, evitando así la convivencia de dos normas, la internacional y la interna, con un contenido prácticamente idéntico.

GARANTIZAR LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

La ponente también plantea sugerencias encaminadas a tratar de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes hayan visto lesionados derechos fundamentales por acciones u omisiones presuntamente imputables a un Estado extranjero que constituyen violaciones de normas internacionales de ius cogens –es decir, de obligado cumplimiento-, de cuyo conocimiento resulten competentes los tribunales españoles.

Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces plantea como posibles soluciones propiciar la reparación por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado o constituir un fondo de reparaciones.

SOLICITUD A EXTERIORES

El texto que estudiará el Pleno hace varias observaciones a la regulación procesal del régimen de inmunidades establecido en el Anteproyecto, que señala que la inmunidad ha de ser apreciada de oficio por el tribunal, sin perjuicio de que podrá ser alegada por su titular o beneficiario en cualquier momento del proceso.

La ponente también señala que «no se justifican suficientemente» los trámites introducidos por el Anteproyecto consistentes en la comunicación por el tribunal al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como al departamento ministerial cuya competencia se vea afectada, de los asuntos de que conozca en los que se planteen cuestiones de inmunidad, al objeto de que Exteriores emita un informe no vinculante al respecto.

La vocal cree que la obligación de poner la existencia del proceso en conocimiento no solo de Exteriores, sino también del departamento ministerial cuya competencia se vea afectada, «provocará la subsiguiente inseguridad, ante la dificultad del tribunal de conocer cuál es el departamento ministerial concernido»; dice que la petición de informe «parece erigirse en un trámite preceptivo, por más que su resultado no sea vinculante»; y subraya que el Anteproyecto no establece ni los efectos de la solicitud de informe ni las consecuencias de la omisión del trámite.

En conclusión, propone la supresión de estos trámites, por no compadecerse bien con el ejercicio de la función jurisdiccional, que corresponde a los tribunales de forma exclusiva y excluyente.

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