El Consejo Fiscal dice que PUBLICAR LAS SENTENCIAS de los defraudadores VULNERA SU DERECHO AL HONOR

El Consejo Fiscal dice que PUBLICAR LAS SENTENCIAS de los defraudadores VULNERA SU DERECHO AL HONOR

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25/5/2015 00:00
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Actualizado: 25/5/2015 00:00
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El Consejo Fiscal considera que la publicación de los nombres de los defraudadores condenados por sentencia firme podría vulnerar su derecho al honor e intimidad. Además, critica que esta medida se limite a los delitos contra la Hacienda Pública y no a otros de mayor gravedad.

El informe del Ministerio Público es bastante más crítico con la reforma que el dictamen realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que avaló el Anteproyecto en términos generales como  «un elemento preventivo y educativo». Ambos dictámenes son preceptivos, pero no vinculantes.

Según el informe del Consejo Fiscal, firmado por la fiscal Gneral del Estado, Consuelo Madrigal «el objetivo de rehabilitación podría verse seriamente menoscabado si la información sobre las condenas penales fuera ampliamente disponible y pública, y esta es la razón por la que el Registro Central de Penados fue declarado como un Registro no público, especialmente a partir de 1983, en base fundamentalmente de un interés en proteger el honor y la intimidad de las personas».

Además de cuestionar la relevancia de las condenas, la Fiscalía se pregunta «por qué puede existir este supuesto interés público o necesidad de publicar los datos personales de las personas condenadas por los delitos a los que se refiere el Anteproyecto y no a otros».

La Fiscalía insiste en que lo que les «parece más trascendente es que se acuerde esta medida para unos pocos delitos y no para otros respecto de los cuales si pudieran concurrir los requisitos jurisprudenciales de interés públicos y necesidad, normalmente asociados a la mayor respuesta punitiva, como pueden ser, por ejemplo, los delitos contra la vida, integridad física, libertad sexual o contra la Administración Pública».

Y siguiendo doctrina del Tribunal Constitucional, entiende que «mientras la imposición de la pena por parte de un tribunal no lesiona el derecho al honor, la divulgación de la condena impuesta sí podría lesionar el derecho al honor. Así, el honor se ha considerado lesionado en ocasiones por la información veraz como puede ser la publicación integra de una condena con los nombres de la persona condenada».

Así, el informe insiste a lo largo de 18 páginas en que el caso concreto de las sentencias cuya publicación se pretende por el Ministerio de Hacienda «debería reflexionarse sobre si las finalidades pretendidas pueden conseguirse de otra forma».

PROPONE OTRAS ALTERNATIVAS

Propone como alternativas la notificación de tales sentencias a las Administraciones implicadas o exigiendo a aquel que pretende que se le adjudique un concurso o una subvención «que acredite en el expediente administrativo que carece de antecedentes penales por este delito».

El Consejo Fiscal mantiene que «una reforma como ésta que podría afectar a la Parte General del Código Penal, se debería hacer una reflexión global sobre todos los tipos penales, delimitando las sentencias que deben ser objeto de publicación o conocimiento público, los datos de las mismas que deben ser conocidos y las forma de acceso a su conocimiento, en función de la gravedad de los delitos que hayan sido juzgados».

No obstante, el Ministerio público admite que, en términos generales, la reforma que contribuye a la consecución de los intereses generales, que debe prevalecer «sobre  los individuales a la intimidad y protección de datos». Advierte, eso sí, que se haga «con una adecuada proporcionalidad y garantías»

«Considera el Consejo Fiscal que una reforma como la que es objeto del Anteproyecto sometido a informe debería realizarse en el Código Penal y no en la Ley Orgánica del Poder Judicial».(Confilegal/EP)

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