Eloy Velasco: «¿A qué gobierno le gusta dar medios a quien puede acabar condenándole?»

Eloy Velasco: «¿A qué gobierno le gusta dar medios a quien puede acabar condenándole?»

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25/5/2015 00:00
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Actualizado: 25/5/2015 00:00
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«Condenándole por atropellos, irregularidades y abusos. La prueba es que no hay un partido político que haya querido acometer con seriedad la provisión de fondos para que la Justicia funcione como otras partes de la Administración». De esta forma, Eloy Velasco pone el dedo sobre la llaga de una de las heridas más sangrantes: la inoperancia y lentitud de la justicia.

Son el Gobierno de España y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas los que tienen la responsabilidad de proveer de medios materiales y humanos, y de modernizar, a la Administración de Justicia.

El papel del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, es, en este sentido testimonial. Su presupuesto cubre su funcionamiento interno, la formación, el procesamiento de la documentación y los salarios de los jueces en prácticas en el año y medio que dependen de la Escuela Judicial.

«La comparación, por ejemplo, con los medios de la Agencia Tributaria evidencia que [la Justicia] es ‘la hermana pobre'», afirma Eloy Velasco en el reportaje que ha publicado la revista «Vanity Fair» en su número de junio y que lleva por título «13 jueces y fiscales de los casos más polémicos».

En el mismo, Velasco aparece junto a su compañero, Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 1 y decano de los Juzgados de la Audiencia Nacional.

Pedraz dice que, para mejorar el funcionamiento de la Justicia, se necesitan «medios tanto técnicos o materiales como personales, con formación especializada, tanto de los equipos que componen la Administración de Justicia como de los que colaboran con ella».

Velasco, menos comedido, da dos pasos más allá concretando cosas específicas: «Una policía judicial real, cuerpos de auxiliares y peritos a tiempo completo al servicio de una administración de justicia no politizada. Ponerle plazos a instrucciones complicadas es buscar impunidad por parte de quienes controlan la provisión de medios materiales y personales a disposición de jueces, fiscales y policías, que son quienes, con mucho esfuerzo, han conseguido condenas de personas que no solían responder penalmente».

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