El CONSTITUCIONAL ANULA la ley andaluza ANTIDESAHUCIOS por invadir competencias del Estado

El CONSTITUCIONAL ANULA la ley andaluza ANTIDESAHUCIOS por invadir competencias del Estado

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26/5/2015 00:00
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Actualizado: 26/5/2015 00:00
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El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno contra la ley andaluza antidesahucios, que preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, al considerar que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado.

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda al considerar que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de «coordinación de la planificación general de la actividad económica».

Así, entiende que el decreto-ley andaluz, con las expropiaciones, obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. El alto tribunal considera que la norma recurrida invade la competencia estatal prevista en el art. 149.1.13 de la Constitución (“coordinación de la planificación general de la actividad económica”) y la declara inconstitucional.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan José González Rivas, considera, por un lado, que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto ley; y, por otro, que al determinar la expropiación de determinadas viviendas vacías, invade competencias que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado. Además, aclara que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad, proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito.

Según la sentencia, el Estado determina “la extensión de la intervención pública” en la protección de los deudores hipotecarios, y lo hace de forma que resulte compatible “con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario”. Al mismo tiempo, “impide” que las Comunidades Autónomas “adopten disposiciones que, con este mismo propósito de tutela, afecten de un modo más intenso a dicho mercado” pues, aun cuando la competencia en materia de vivienda corresponda a las Comunidades Autónomas, el Tribunal considera “constitucionalmente legítimo” que el Estado señale “ciertas líneas directrices de la ordenación de este segmento de la economía”.

Cabe recordar que de forma posterior a este decreto, la Junta de Andalucía dictó una Ley de Vivienda que derogó en parte el decreto-ley. Dicha ley fue también recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno y está pendiente de resolución por el pleno.

VOTOS PARTICULARES

La sentencia cuenta con los votos particulares de la vicepresidenta, Adela Asua, y de los magistrados Juan Antonio Xiol y Encarnación Roca. Al de esta última se ha adherido el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

Adela Asua señala que, en su opinión, la norma «no vulnera la Constitución porque no entra en contradicción con la legislación estatal» e indica que «la sentencia se aparta claramente de los criterios asentados en la doctrina del propio Tribunal, erosionando el sistema de distribución competencial consagrado por la Constitución».

En términos similares, Juan Antonio Xiol considera en su voto particular que la disposición adicional segunda no invade competencias del Estado ni interfiere en la normativa estatal. Respecto a este último aspecto, explica que las leyes estatales prevén la suspensión de determinados lanzamientos por un periodo de cuatro años, por lo que la ejecución de expropiación de la vivienda “quedará simplemente aplazada”.

Por su parte, la magistrada Encarnación Roca señala que la sentencia debería haber especificado que no hay vulneración de la Constitución cuando la expropiación es posterior al desalojo, es decir, una vez ejecutado el auto judicial y una vez adjudicada la vivienda a un tercero. En ese caso, “se trata de la regulación de una causa expropiandi establecida por la Comunidad Autónoma en ejercicio de su competencia en materia de vivienda”.

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