La magistrada del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid, Evelia Marcos, ha condenado al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva por un delito de desobediencia en caso Áticos.
El alcalde de Valladolid, ahora en funciones, el ‘popular’ Francisco Javier León de la Riva, ha sido condenado por delito de desobediencia al haber demorado durante casi un lustro la ejecución de una sentencia judicial que le obligaba a restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero, en la Plaza de Zorrilla, inmueble donde cuenta con un piso y en el que se habían cometido distintas irregularidades urbanísticas.
El fallo de la jueza Evelia Marcos Arroyo llega una vez celebrados los comicios y, aunque ya León de la Riva no podrá revalidar su puesto de alcalde, al haber perdido la mayoría absoluta y facilitar un tripartito entre PSOE, VTLP y Sí Podemos, también le impide incluso conservar su acta de concejal al frente del principal grupo de la oposición, como así solicitaban el Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales ‘Antonio Machado’, partidarios de su inhabilitación para el desempeño de cargo público por quince y veinticuatro meses, respectivamente, y del pago de multas, por el mismo orden, de 3.000 y 63.000 euros.
La sentencia puntualiza que Javier León de la RIva , «desatendió de forma conveniente e interesada el cumplimiento de las resoluciones judiciales relativas a la reconstrucción de los elementos protegidos, ilegalmente demolidos o modificados, con actuaciones meramente formales, sin asumir directamente la ejecución, actuando siempre por delegación en la mayor parte de los casos y, por tanto, sin la especial diligencia que exigía el cumplimiento de los requerimientos de la autoridad judicial, con conocimiento de que su contenido no se ajustaba a lo exigido por la autoridad judicial, hasta el Decreto de 17 de marzo de 2011.Y todo ello con el propósito de dilatar y obstaculizar la ejecución material “en sus justos términos” de la sentencia de 28 de abril de 2008. Y lo hizo «por un evidente interés particular, por su condición de propietario de una vivienda» y también «por un interés profesional, como Alcalde del Ayuntamiento, por el innegable y cuantioso coste económico que la ejecución de la sentencia “en sus justos términos“ comportaba para el presupuesto municipal».
PROBLEMAS TÉCNICOS O DESOBEDIENCIA DOLOSA
El proceso judicial tenía por objeto dilucidar si el alcalde desobedeció de forma dolosa y contumaz una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 28 de abril de 2008, que adquirió firmeza del 16 de septiembre de ese año, o bien la tardanza en dar cumplimiento a la misma, lo que no ocurrió hasta abril de 2013, fue por problemas estrictamente técnicos a la hora de ejecutarla derivados de un inmueble cuya construcción se remonta a 1946 y cuyos planos no reproducían de forma fidedigna su estructura.
De hecho, el regidor recordó que en su día ya advirtió al juez instructor de la causa la disyuntiva que se le planteaba entre ejecutar la sentencia del TSJCyL, que exigía la demolición de un forjado, y seguir el dictamen de una empresa que aseguraba que dicha estructura pertenecía al inmueble original. «Si no cumplía la orden judicial cometía desobediencia y si la ejecutaba podían imputarme por delito contra el Patrimonio», aseveró.
Lo cierto es que a partir de la sentencia del TSJCyL, que anulaba el proyecto de rehabilitación del inmueble y las licencias de obra y primera ocupación, fueron necesarios hasta seis requerimientos al alcalde, cuatro de ellos bajo su directa y personal responsabilidad, una denuncia penal de la Fiscalía en 2012 y la aprobación de distintos proyectos–el tribunal anuló algunos por no ajustarse a lo solicitado–para que finalmente quedara restituida la legalidad en el edificio.
Entre otras exigencias, se trataba de subsanar la ilegalidad cometida al transformar en áticos dos trasteros o carboneras, así como por haber excedido la volumetría en algunos pisos y en otros, situados en la cuarta y quinta plantas, por haberlos reconvertido en oficinas, con el añadido de que la orden dada al alcalde para que cesara el uso de los áticos y de las oficinas ‘pirata’ no se cumplió en el primer caso hasta el 28 de septiembre de 2010, dos años y cuatro meses después, y en el segundo hasta el 6 de junio de 2012, con un retraso de cuatro años y dos meses respecto del mandato judicial.
En su alegato exculpatorio, el alcalde ha insistido en que era perfectamente conocedor de la sentencia y que dio las órdenes necesarias, tanto a su concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, como a sus técnicos para cumplirla a la mayor brevedad.
«Lo que no podía hacer es ponerme el casco, tirar de piqueta y subirme a la obra», advirtió con ironía el regidor, que también añadió que cada lunes se reunía con su equipo de gobierno e interpelaba a su edil delegada en la materia cada vez que notaba un retraso en las obras que exigía el tribunal.
León de la Riva mantuvo igualmente que tenía especial interés en que las obras se desarrollaran con celeridad. «La persona más interesada en que se cumpliera la sentencia era el vecino del séptimo», en alusión a él mismo, tras recordar que los trabajos ejecutados en los áticos, sobre su vivienda, provocaron hasta tres inundaciones que le obligaron a trasladarse momentáneamente a otra casa de su propiedad en el Camino Viejo de Simancas.
Las acusaciones reprochan al ‘popular’ que se abstuviera en las reuniones donde se debatieron los proyectos dirigidos a legalizar el edificio de Caja Duero, según refiere él aconsejado por su vicesecretario debido a que era vecino del inmueble, y en cambio no tuviera tantos remilgos años antes cuando, ya en negociaciones para adquirir la vivienda y ostentando la vicepresidencia de Caja Duero, votara sin problema alguno en las comisiones en las que se aprobaron tanto el proyecto de rehabilitación como las licencias de obra y ocupación.
El juicio se celebró el pasado día 27 de abril. (Confilegal/EP)