La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado apartar al magistrado Ignacio Sánchez Yllera de la causa que debe revisar el borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, al entender que cargos políticos desempeñados por el magistrado no guardan ninguna relación con el contenido del proceso
El juez Ignacio Sánchez Yllera remitió un escrito al presidente de su Sección en el que solicitaba quedar apartado en esta causa y explicaba que ejerció como director de gabinete de María Teresa Fernández de la Vega en su etapa como secretaria de Estado de Justicia, entre los años 1994 y 1996. Ocho años más tarde ocupó el mismo puesto, en este caso cuando De la Vega fue nombrada vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia.
Sin embargo, los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, en dos autos a los que ha accedido Confilegal, han acordado inadmitir la abstención formulada el magistrado Ignacio Sánchez Yllera al entender que la “naturaleza de la función pública” de los cargos desempeñados en esos periodos por el magistrado “ninguna relación guarda con el contenido del proceso”, establece la Sala al respecto.
Los miembros de la Sala entiende que no ha lugar a la abstención del magistrado en el asunto dado que “ninguna relación de interés tiene con el objeto de litigio ni con las partes del mismo”. Además, añaden entre otros razonamientos jurídicos que “tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el asunto que está llamado a juzgar (…). Por ello, nada permite afirmar que su imparcialidad, al menos en su vertiente subjetiva, se encuentre comprometida”.
Estos autos no son objeto de recurso.
ORDENADORES DE BÁRCENAS
La causa sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba el extesorero ‘popular’ en la sede del partido desapareció después de que fuera archivada en octubre de 2013 cuando aún estaba pendiente de la resolución de los recursos contra su archivo.
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que inició la instrucción y se inhibió posteriormente a favor de los Juzgados madrileños, remitió estas diligencias hace unas semanas después de recibir una petición del Juzgado 32, que las reclamó cuando la secretaría judicial se disponía a enviarlas a la Audiencia Provincial de Madrid y se percató de que habían desaparecido.
El juzgado madrileño asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que «la manipulación» de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.