1.474 ASPIRANTES a abogados se la JUEGAN HOY en el EXAMEN DE ESTADO

1.474 ASPIRANTES a abogados se la JUEGAN HOY en el EXAMEN DE ESTADO

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30/5/2015 00:00
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Actualizado: 30/5/2015 00:00
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Los obstáculos están bien definidos: Son 75 preguntas tipo test. 50 de la parte general y 25 de la parte específica. La duración del examen es 4 horas y tiene lugar en cinco sedes de forma simultánea: Madrid, Barcelona, Granada, Bilbao y A Estrada, Pontevedra. Es la segunda vez en la historia que se convoca este examen.

Lydia Morales Díaz, de 24 años, aprobó el año pasado este Examen de Estado que los nuevos licenciados en Derecho tienen que aprobar si quieren ejercer la Abogacía, tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. La convoca y la realiza el Ministerio de Justicia. 

«Antes era más fácil. Una vez licenciado en Derecho podía poner tu bufete y comenzabas a trabajar», cuenta Lydia Morales.

«Ahora, cuando te graduas, tienes que hacer un master teórico, que dura en torno a 9 meses, y hacer unas prácticas en un bufete de abogados durante 4 o 5 meses. Después de eso, tienes que hacer este Examen de Estado y, si lo apruebas, ya puedes ejercer como abogado». 

Pero no es automático, como cuenta esta nueva abogada de Madrid. «Es verdad que el lunes siguiente a hacer el examen supimos los resultados. Si habíamos aprobado o no. Estamos hablando del 28 de junio, sábado. Pero no nos lo comunicaron hasta octubre. Por lo que no pudimos colegiarnos hasta cuatro meses después». 

Para el ejercicio, al que se presentan un total de 1.474 personas, se han establecido cinco sedes en las que tendrá lugar la evaluación.

El  Colegio de Abogados de Barcelona, en el que realizan hoy el examen los 426 alumnos que han cursado su máster en Cataluña mientras que en el Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, en Bilbao, concurren los 83 aspirantes que han realizado el máster en el País Vasco.

La tercera sede se encuentra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, para los 86 estudiantes que han cursado su máster en Andalucía.

En el Instituto Gallego de Seguridad Pública de la Xunta de Galicia, en A Estrada (Pontevedra), realizan la prueba 64 aspirantes que han cursado el máster en Galicia y Asturias.

Por último, se ha establecido una sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en la Ciudad Universitaria de Madrid, a la que se presentarán 815 aspirantes que han realizado su máster en el resto de las comunidades autónomas de España.

Tal y como dispone la Orden de convocatoria, la evaluación consiste en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples, Su comienzo está previsto a las 10:00 y su finalización a las 14:00 horas.

El examen consiste en responder 75 preguntas divididas en dos bloques. El primero de ellos consta de 50 cuestiones de materias comunes para el ejercicio de la profesión de abogado, concretamente sobre deontología profesional y la organización y el ejercicio de la profesión; y un segundo con 25 preguntas de materias específicas a elección de cada candidato entre las siguientes materias: Derecho Civil y Mercantil, Derecho Penal, Derecho Laboral y Derecho Administrativo.

La nota final la componen, en un 70 por ciento la que obtenga cada uno en el Examen de Estado y en un 30 por ciento la que haya conseguido en el master. La suma de las dos determinará si el candidato es apto o no apto para ejercer la Abogacía. 

La decisión del Gobierno de utilizar sólo el español en los exámenes de acceso a la abogacía que deben hacer los graduados en derecho catalanes y excluir el derecho catalán dentro de las materias evaluables es un acto ilegal que vulnera el oficialidad del catalán y un acto de discriminación lingüística, según han denunciado el viernes 29 de mayo el Colegio de Abogados de Barcelona, ​​el Consell de l’Advocacia Catalana y la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial del Institut d’ Estudis Catalans, en una conferencia de prensa celebrada en la sede del Instituto.

Estas instituciones consideran que no usar el catalán es una vulneración de la Constitución, que establece la oficialidad de las lenguas en relación con los estatutos de autonomía y el deber de proteger y tener un especial respeto por las lenguas oficiales distintas del español. También denuncian que vulnera el Estatuto, que establece el derecho de opción lingüística, y la Carta Europea de las Lenguas, en concreto el artículo 7. 2, en el que los estados se comprometen a garantizar el derecho de uso y «eliminar toda distinción, exclusión, restricción en el uso de las lenguas minorizadas».

Cuatrocientos cuarenta y dos graduados en derecho catalanes hacen hoy en Barcelona, ​​la prueba de acceso a la abogacía, un examen que no estará disponible en catalán.

El Gobierno, de quien depende la prueba obligatoria para poder ejercer la profesión, ha desatendido la petición del Consell de l’Advocacia Catalana para que la prueba, tipo test, esté disponible en las lenguas cooficiales de cada comunidad autónoma. El Consell ya impugnó la convocatoria del año pasado, que consistió en un único examen en Madrid y en español.

Después de que el Consell reclamara la descentralización de la prueba, el Gobierno anunció la constitución de seis comisiones evaluadoras para este año 2015 en diferentes comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco, Asturias y Madrid. El anuncio, sin embargo, no especificaba en qué lengua se haría el examen, por lo que el Consell pidió al Ministerio de Justicia que los aspirantes catalanes tuvieran la opción de hacer la prueba en la lengua propia, petición que, y que el ministro de Justicia se comprometió a hacer, no ha cumplido.

Los representantes de los abogados catalanes denuncian que el hecho de excluir el catalán de las pruebas de acceso a la profesión es un acto de discriminación hacia los graduados catalanes, y conlleva imponer aún más la visión de que la lengua catalana es residual y prescindible en el ámbito de la justicia. Esta decisión acentúa la precariedad del catalán en un sector en el que la falta de adecuación de los órganos judiciales en desincentiva el uso.

 

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