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Las TASAS no tenían POR QUÉ aplicarse a la JUSTICIA GRATUITA
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Las TASAS no tenían POR QUÉ aplicarse a la JUSTICIA GRATUITA

31 mayo, 2015

El Gobierno insiste en que no existió obligación legal alguna de aplicar los recaudado por las tasas judiciales, mientras existieron, a la justicia gratuita.

“No existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico”, dice en la respuesta parlamentaria realizada al diputado de Convergenia i Unió, Jordi Jané, en la que el político se interesaba por el destino  de las cantidades recaudadas hasta la eliminación de este tipo impositivo a las personas físicas.

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Esta respuesta viene a contradecir el artículo 11 de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en la que se dice textualmente. “La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio”.

Así, precisamente, “lo vendió” el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Lo que se recaudara iría destinado a la Justicia gratuita, con el fin de reducir la litigiosidad y mejorar la financiación del sistema judicial, afirmó repetidas veces. 

Sin embargo, la contestación a Jané contradice esto. 

Lo ingresado por las tasas judiciales, como cualquier otro ingreso público, se destina a financiar el conjunto de los servicios públicos, ha explicado el Gobierno. 

Es la misma argumentación que ha realizado el ministro del ramo, Rafael Catalá, desde que tomó posesión, cuando se le ha preguntado sobre el tema en rueda de prensa. 

Según el Ministerio de Justicia, y teniendo en cuenta la financiación del conjunto de los servicios públicos con la total recaudación por todos los conceptos tributarios, hay que destacar que en el Presupuesto del departamento para el presente ejercicio “se creó una partida presupuestaria de seis millones de euros para formalizar convenios con las Comunidades Autónomas cuya finalidad no es otra que la mejora de la asistencia jurídica gratuita”, dice en la respuesta parlamentaria. EP/CONFILEGAL. 

 

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