CONRADO GALLARDO: “Este CONSEJO está intentando MARGINAR a las ASOCIACIONES»

CONRADO GALLARDO: “Este CONSEJO está intentando MARGINAR a las ASOCIACIONES»

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01/6/2015 00:00
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Actualizado: 01/6/2015 00:00
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El presidente de Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo (Madrid, 1960), tiene por costumbre no dar rodeos y llamar a las cosas por su nombre. “Para este Consejo las asociaciones judiciales hemos pasado a ser estorbos, elementos perturbadores del orden. Mala gente”. Y revela que la intención del órgano de gobierno de los jueces es sustituirles.

TEXTO: CARLOS BERBELL Y YOLANDA RODRÍGUEZ.

Es el líder de Foro Judicial Independiente (FJI), la cuarta asociación judicial, la cual cuenta con 371 afiliados. Nació en 2002. Sus miembros están por toda España. Son pocos, pero aguerridos y muy activos.

Conrado Gallardo es magistrado de la Sección V de lo Civil y Mercantil de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Hace 29 años que ingresó en la carrera judicial, siguiendo los pasos de su padre, que fue también juez. En 2005 se afilió a FJI. Entre 2007 y 2010 asumió el mismo puesto que hace unos meses ha vuelto a ocupar.

Gallardo es directo y claro. Le preocupa la Justicia. Le preocupa la contaminación política. Le preocupa que el órgano de gobierno de los jueces no defienda a los jueces como debiera. Le preocupa que las cosas se hagan tan mal y que al final lo pague el justiciable.

Y lo dice alto y claro. Para  que se le entienda. Empezamos hablando sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

¿Cuál es la relación de las asociaciones de jueces con el actual Consejo General del Poder Judicial en comparación con el anterior Consejo?

En el anterior Consejo habíamos conseguido que se convocaran reuniones periódicas y que de esas reuniones se levantara acta. Que se adoptaran acuerdos en los que participábamos las asociaciones. En las que teníamos un papel protagonista.

El actual Consejo nos ha convocado a reuniones meramente informativas. De charlas. Sin actas, sin contenidos, sin orden del día. Y sin someternos cuestiones importantes.

El actual Consejo pretende sustituir a las asociaciones judiciales por una relación directa con todos los jueces. Cosa que es inoperante.

Porque informar un proyecto de ley o dar opinión sobre los módulos o cualquier otra cosa requiere una organización del trabajo para la que sólo estamos capacitadas las asociaciones. 

Este Consejo, hay que decirlo claro, está intentando marginar a las asociaciones y nos está quitando todo protagonismo en las decisiones que toma.

No nos oye. Y cuando nos oye, tampoco nos escucha. Para este Consejo las asociaciones judiciales hemos pasado a ser estorbos y elementos perturbadores del orden.Mala gente.

Como los sindicatos al comienzo de la democracia.  

Yo he notado un cambio bastante importante.

Si el anterior Consejo había conseguido integrar a las asociaciones dentro de su trabajo, en el actual estamos completamente marginados.

El Parlamento está reformando, otra vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dentro de poco, la Comisión Permanente tendrá dos componentes. De 5 pasa a 7. Ocho con el presidente Carlos Lesmes. ¿Cómo lo valora?

A nosotros como Foro Judicial Independiente, nos parece una solución tremendamente chapucera y un apaño que no resuelve los verdaderos problemas de este Consejo, que son dos: en primer lugar, su falta de independencia, porque siguen siendo nombrados por los políticos y porque siguen eligiendo a personas que ellos piensan que van a responder a sus intereses, en lugar de defender la independencia del poder judicial.

Como ya hemos visto, no son capaces de enfrentarse al poder político en defensa de la independencia de los jueces.

Y en segundo lugar, un problema que se ha visto agravado por el hecho de que un número importante de vocales no tienen dedicación exclusiva.

Se ha menospreciado la labor de los vocales del Consejo, argumentando que tienen tiempo de atender a su trabajo y, al mismo tiempo, de llevar los asuntos judiciales.

Nosotros entendemos que no. Que los asuntos que tiene que llevar un vocal requieren tiempo y dedicación exclusiva. Porque son asuntos delicados e  importantes.

Hemos comprobado, hablando con estos vocales que no tienen dedicación exclusiva, que no tienen tiempo material para preparar las reuniones y estudiarse los asuntos en profundidad.

Pero es que, además de eso, nos estamos encontrando con que estos vocales, los que están en el sector privado, están manejando intereses en su trabajo privado. A veces incompatibles con su labor como vocales de un órgano protector de la independencia del poder judicial.

Hace poco conocimos la noticia de que uno de esos vocales se había integrado en un conocido despacho, con una serie de intereses y con una serie de trabajos, lo que plantea dudas sobre su compatibilidad.

Tampoco parece que sea ni ético ni estético.

Esto es un desastre.

Por el hecho de que se amplíe en dos miembros más la Comisión Permanente no va a cambiar nada.

Y menos como se está llevando.

No se respeta la ley en lo que atañe a la renovación de sus miembros.

Se ha convertido en un núcleo de poder que controlan 6 personas en el que  no participan más vocales.

Es la consecuencia de lo que se buscó en su día con la anterior reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la anulación del Consejo, de su eficacia y de su capacidad para realizar correctamente su labor.

El Consejo se ha convertido en una dirección general del Ministerio. En algo que tramita cosas burocráticas pero que no cumple su labor de órgano que gobierna uno de los poderes del Estado.

¿Cómo debería ser, a su juicio el CGPJ?

Debería ser un poder judicial elegido por los jueces, de forma proporcional y directa. Los doce que establece la Constitución.

Los 8 juristas de reconocida competencia tienen que ser elegidos por el Parlamento. Es lo que dice la Constitución. Pero que lo sean en función de sus méritos profesionales y no de sus afinidades políticas.

Y un Consejo que tenga, además, competencias generales. Con un presupuesto propio y que maneje los problemas de la Justicia con verdadera y efectiva competencia.

¿Está usted planteando que el CGPJ asuma todas las competencias en Justicia? ¿Las que tiene el Ministerio más las que tienen las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas? Es algo casi revolucionario. Ciertamente muy provocador.

Este sistema que tenemos es disparatado. Hace diez años se consideraba que era lo mejor. Hoy día la mayoría de los responsables de Comunidades Autónomas piensan que esto es inviable.

No todos.

Han visto que no tiene ningún sentido que ellos tengan unas competencias tan limitadas. Que tengan los edificios, pero que no tengan capacidad para decidir sobre creación de órganos, o asignación de jueces, ni otras competencias esenciales para la Justicia.

Este es uno de los factores que están paralizando la reforma de la Justicia. Y no se va a poder arreglar mientras no se consiga reunificar las competencias.

¿Qué proponen ustedes en concreto?

Una forma de hacerlo sería traspasar todas estas competencias al Consejo General del Poder Judicial. Que era lo lógico, en un principio, y es lo que tendría sentido. Que un solo órgano pudiera gestionar, desde su estructura, toda la Administración de Justicia de España, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países Iberoamericanos.

Se trata de que el Consejo negocie directamente el presupuesto de toda la Administración de Justicia con el Parlamento y que después lo administre de la forma más eficaz y conveniente.

Todos estarían integrados en esa rama independiente de la Administración de Justicia: los jueces, los secretarios y los diferentes cuerpos de gestión judicial. El modelo, como le he dicho, ya existe, y funciona en otros países. Esta podría ser una buena solución.

Si consiguiéramos avanzar por este camino, que yo entiendo que es lo que quiso la Constitución, un Consejo con competencias claras y efectivas, podríamos unificar esas competencias hoy tan dispersas y salvar la mayor parte de los problemas que parecen insalvables a día de hoy.

Crear por lo tanto una rama judicial independiente.

Una rama independiente, no. Que el poder judicial, al igual que el poder ejecutivo y el poder legislativo, tuviese la gestión presupuestaria de su labor.

Eso no quiere decir que el Consejo General del Poder Judicial fuese independiente. Su presupuesto lo tiene que aprobar el Parlamento. Pero el diálogo del poder  judicial sería directamente con el poder legislativo.

Lo que no es de recibo es que las soluciones de la Justicia pasen siempre por el poder ejecutivo, que es el que controla el dinero.

No tiene sentido.

Sobre todo cuando es un poder ejecutivo disperso en 12 Comunidades Autónomas y en un Ministerio con los que es imposible coordinar eficazmente y reformar una cosa tan compleja como la Justicia.

Decía el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, que “a qué gobierno le gusta dar medios a quien pueda condenarle…”.

Efectivamente, es que la gente no se da cuenta de la contradicción que es que mi sueldo de juez lo esté pagando el Ministerio de Justicia.

Y que yo mañana, a lo mejor, tengo que resolver una demanda contra el Ministerio de Justicia.  

De hecho no solamente decide sobre mi sueldo, también sobre la productividad que voy a recibir; lo manejan a su antojo, entre el 1 y el 5 por ciento de la masa salarial. Y deciden muchísimas más cosas.

Entre otras, si crean o no crean juzgados, si envían o no envían refuerzos… Porque todo lo que pase por dinero, la decisión del Consejo tiene que estar aprobada por el Ministerio de Justicia.

El problema de los módulos que tenemos ahora se ha producido porque el Ministerio de Justicia no ha querido aprobar unos módulos que le obligaban a crear órganos judiciales.

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del ministro de Justicia, de hacer realidad la Justicia Electrónica para el 1 de enero de 2016?

Lo veo complicado por dos razones: La primera, porque no gobierna en toda España. Gobierna, como le he dicho, en las 5 Comunidades Autónomas cuyas competencias en este campo no han sido transferidas.

Si él me dijera que eso va a ocurrir en territorio Ministerio, tampoco lo creería. Porque yo no veo que ahora mismo los juzgados estén preparados para que en unos meses se produzca ese cambio radical.

No me creo es que esto se vaya a producir para esa fecha. Porque él no controla Cataluña, que tiene 400 órganos judiciales, no controla Andalucía, donde hay 800 jueces y 700 órganos judiciales, y no controla Madrid.

¿Cómo va a obligar a esas Comunidades Autónomas, y a las nueve restantes, que no tienen en mente nada de eso, a que vayan a implantar para la fecha que él dice un sistema tramitación digital en los juzgados? Y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina.

Hasta ahora todos los programas pilotos que se han hecho han fracasado por falta de medios y por falta de personal suficiente.

No lo sé cómo lo va a hacer. De verdad.

Ojalá lo cumpla, porque para nosotros es fundamental superar la fase papel.

Este es otro de los problemas graves que tenemos. La cantidad de papel que manejamos nos hace gastar un tiempo y unos recursos ingentes.

La presentación digital de documentos no consiste sólo en el escaneo de los documentos. Está también la capacidad informática de los juzgados de tramitar toda esa documentación digital.

Dudo que los servidores que tenemos en Sevilla, por ejemplo, estén capacitados para ese incremento brutal de carga de trabajo.

Se necesitan nuevos equipos. Las pantallas con las que trabajamos son muy pequeñas. Serían necesarias pantallas más grandes y en más número. Porque tenemos que tener varios documentos abiertos al mismo tiempo.

¿En Andalucía los jueces sólo tienen una pantalla?

Sí, ahora mismo tenemos una. En Madrid me dicen que algunos, que están trabajando en un programa piloto, han pedido dos pantallas. Dos, como mínimo. Y desde luego ordenadores modernos que sean capaces de gestionar toda la documentación de un litigio con rapidez.

¿Y todo esto en seis meses? Yo soy enormemente escéptico y creo que es un brindis al sol.

Ojalá me equivoque. De verdad.

¿Cree usted que llegará a algo el recurso del PSOE ante el Constitucional contra la reforma del CGPJ que dio lugar a este modelo de Consejo, más presidencialista?

Si al Tribunal Constitucional le quedase un gramo de decencia, declararía inconstitucional la reforma del CGPJ. Es claramente contraria al espíritu de la Constitución y la letra que los vocales tengan que ejercer sus trabajos privados al mismo tiempo que ejercen su función en el Consejo.

Y desde luego el Tribunal Constitucional tendría que reconocer que en su sentencia del año 86, donde decía que el sistema podría utilizarse si se aplicaba bien, tendría ahora que decir que con las últimas reformas es imposible que funcione.

La última reforma margina completamente a los jueces. Y cercena cualquier tipo de participación. Antes no era mucha, pero con la actual… Es un cachondeo.

Desde mi punto de vista, es clarísimo que esa reforma es inconstitucional.

Ahora bien, como el Tribunal Constitucional es un órgano muy politizado y, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, tiene que hacer una interpretación que no estorbe o moleste o impida al partido en el poder hacer lo que le parece bien, pues no sé cuál será el resultado.

Para mí sería el momento de que rectificase esta doctrina de tolerancia que nos ha llevado hasta aquí y que declarase que lo que la Constitución quiere es unos vocales dedicados plenamente a su tarea, elegidos unos por los jueces y otros por el Parlamento, con criterios profesionales y no políticos.

Cambiando de tema, señor Gallardo. ¿Ha seguido usted las informaciones sobre la continuidad de la magistrada Mercedes Alaya, en comisión de servicio, en el Juzgado 6 de Instrucción y sobre el supuesto interés de la Junta de Andalucía porque se vaya a la Audiencia Provincial? ¿Le preocupa?

Claro que me preocupa, porque los políticos aprovechan siempre el más pequeño resquicio para llevar el ascua a su sardina.

Pero analicemos el caso. Aquí, como en todo, tiene que prevalecer el principio del juez predeterminado por la ley. Si Mercedes Alaya ha pedido la Audiencia Provincial no parece muy lógico que continúe en el Juzgado.

Sin embargo, en el caso de Pablo Ruz el Consejo le obligó a quedarse al frente del Juzgado Central de Instrucción 5 hasta que terminó la instrucción.

Dicho esto, resulta que cuando al que le toca, por el turno de antigüedad, le conviene a los políticos, pues están encantados. Pero cuando por el turno de antigüedad no conviene, entonces intentan mantener al juez más tiempo de la cuenta.

Estamos dando una imagen muy mala. Porque estas plazas deberían estar cubiertas por sus titulares y por nadie más.

Sin embargo, nos encontramos con que se utilizan mecanismos de comisión de servicio, de refuerzo, de pitos y de flautas, y luego, cuando se producen cambios, la situación está completamente desvirtuada.

Yo no conozco a la nueva titular. Sólo sé que carece de experiencia en la instrucción porque lleva más de diez años en Familia. Pero es la más antigua de los que lo ha pedido. Y es a la que le corresponde.

¿Qué le viene bien a la Junta y que por ello están encantados? La Junta sabrá porqué. ¿Qué efectivamente la Junta está encantada de quitarse de encima a Mercedes Alaya?, que, por otra parte, ha llevado una instrucción muy rigurosa, muy seria y que ha conseguido sacar la corrupción que había en esta Comunidad Autónoma. Pues mejor para ellos.

Mantener a Mercedes Alaya con mecanismos excepcionales sería volver al sistema de jueces especiales. Estos mecanismos sientan un precedente que, en el futuro, puede ser invocado para una mala causa.

Prefiero ajustarme a la Ley. Si Mercedes Alaya ha optado a la Audiencia, creo que tiene que irse a la Audiencia.

¿Qué opina usted de las últimas iniciativas de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora en el Parlamento?

Pues que son una chapuza. En especial la restricción de derechos fundamentales. Pero me gustaría llamar la atención sobre a la restricción de la instrucción en el tiempo. Es absurdo. Decir que los sumarios van a durar seis meses por decreto eso no tiene ni pies ni cabeza.

Espero, de verdad, que el PP recapacite en esto. Que tomen medidas para que los sumarios no se dilaten, es lógico.

El resto de las reformas son irrelevantes. No van a cambiar en nada la realidad procesal de la actividad judicial en nuestro país.

Vamos a seguir teniendo un número de asuntos excesivos para el número de jueces que tenemos. Ninguna de las reformas que se proponen van a aportar mejoras sustanciales.

Son ganas de cambiar las leyes por cambiar las leyes. De parchear.

Lo que nos hace falta es una nueva estructura judicial. Y después una nueva ley de enjuiciamiento criminal que se adapte a ella.

Tanto el último gobierno del PSOE como este del PP han elaborado sendos borradores de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que después no vieron la luz…

Las ideas estaban ahí. Técnicamente, las soluciones no eran muy buenas.

El problema que tenemos es que el edificio es viejo. Lo primero que hay que hacer es determinar el modelo de nueva estructura quieres. Cambiar el modelo judicial. Luego, adaptar las leyes a  ese nuevo modelo judicial.

Un modelo judicial en el que la instrucción sea asumida por los fiscales y plantear cuestiones como la unificación de las carreras judicial y fiscal, que se está pidiendo a gritos.

Porque si queremos esta nueva división de jueces y fiscales lo lógico es que unifiquemos los dos cuerpos.

Eso fue lo que hicieron en Italia, temporalmente, cuando entregaron la instrucción a los fiscales.

En Alemania y en Francia también. No tiene ningún sentido tener plantillas estancas. Si lo que necesitamos son instructores o jueces, podemos hacer que pasen unos y otros, con su experiencia, al otro cuerpo.

Hace falta crear órganos colegiados, pero con más sentido común de lo que pretendía Gallardón. Adaptándose de forma flexible al territorio. Distinguiendo entre tribunales generales y especiales. Los generales verían asuntos de menor entidad y estarían más cerca de los núcleos de población. Los especiales verían asuntos de mayor entidad y podrían estar concentrados en las capitales. 

Porque evidentemente el que vaya a pleitear por un millón de euros le da lo mismo desplazarse cien kilómetros.

Pero el que va a reclamar una multa de 150 euros desplazarse esa distancia le supone un serio inconveniente.

Con inteligencia, conociendo la realidad, no intentando encontrar el modelo de golpe en todo el país, como ocurrió con la nueva oficina judicial. Empezando con experiencias concretas y en los lugares más conflictivos, donde más lo necesitan. 

Porque hay sitios donde el modelo actual funciona. En Soria, en Teruel, en Huesca, no hay ningún problema. ¿Por qué hay que hacer allí modificaciones que pueden esperar?

Donde están los problemas y  donde el modelo nuevo es urgente es en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla.

El hecho de que en Madrid hayan 400 órganos unipersonales ya generan un montón de problemas que se podrían resolver con un modelo actualizado.

Lo que se necesita es que haya un ministro que conozca de verdad los problemas de la Justicia. Y que tenga un proyecto en la cabeza, bien meditado, y que no se nombre al primero de turno. Como ha pasado con Gallardón, con Catalá, con Bermejo y con todos los anteriores.

Les iban a dar un Ministerio y les tocó el de Justicia. Cuando llegan al Ministerio se empiezan a enterar de los problemas. Normalmente se enteran mal. Depende de quien les informe.

Después de llevar dos o tres años al frente, cuando empiezan a comprender un poquito de qué va todo esto, los cesan.

Y vuelta a empezar. Así llevamos diez años.

Llegan al Ministerio a aprender.

¿Percibe usted algún interés en mejorar la Justicia desde la clase política?

No. No lo hay. Me decía el otro día una compañera que el problema era que no había dinero para construir edificios para Juzgados. ‘No se están construyendo juzgados porque las Comunidades Autónomas se están negando a construir edificios para albergarlos’, decía.

Yo le contesté, hombre, eso depende. En Sevilla había un edificio que se iba a destinar a juzgados pero llegó la Consejería de Hacienda y dijo, ‘ese edificio, para mí’, y se lo quedó.

No es, por lo tanto, un problema de dinero, que ya lo hay. Es una cuestión de prioridades.

Hoy por hoy la Justicia no es que no sea una prioridad. Es que no está ni en la categoría de prioridad.

¿Qué opina de reducir el número de aforados?

Es fundamental. El número de aforados que tenemos es excesivo. Va contra el principio de igualdad.

No tiene ningún sentido que los parlamentarios autonómicos estén aforados. No sé porqué tienen que serlo. Si acaso, exclusivamente para delitos cometidos en el ejercicio de su función.

Yo no soy partidario del jurado. Habría que suprimirlo, aunque lo mantendría para enjuiciamiento de cargos públicos. Fueron elegidos por los votos de los ciudadanos y tienen que responder ante ellos. Sería bastante ejemplar.

¿Cuál es su punto de vista sobre la desjudialización del Registro Civil?

La desjudicialización del Registro Civil tiene sentido porque efectivamente no es una función judicial y no tienen por qué llevarla los jueces. Pero con la que está cayendo, es el último problema de la agenda.

Ese si que no representa problema alguno. El Registro Civil funciona bien. Está bien engrasado y tiene todas las garantías legales. Además, ocupa en exclusiva a muy pocos jueces. Son 30 o 40 en toda España y el tiempo que le dedican los demás es muy poco porque es una labor muy burocrática que requiere poca dedicación. 

Me parece absurdo que se diga que vamos a recuperar a los jueces que se dedican al Registro Civil cuando los que se dedican al Registro Civil no son ni la cuarta parte de los que están de letrados en el Consejo, por poner un ejemplo.

Como el PP tiene la manía de que lo que hace mal el gobierno anterior, en esta caso el de Zapatero, él lo asume con entusiasmo.

Así han llegado a este callejón sin salida, lo que es absurdo.

¿Por qué presentaron esa denuncia contra el Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo?

Fue una decisión, en su día, de Foro Judicial Independiente. Presentamos dos reclamaciones. Una ante el Comité Consultivo de Jueces del Consejo de Europa y otro ante la Organización Internacional del Trabajo.

Ante el Comité Consultivo nos quejamos de la falta de independencia de la Justicia española y de los peligros que había para el cumplimiento de sus recomendaciones y directivas. Y ante la Organización Internacional del Trabajo porque entendíamos que el régimen laboral de los jueces era incompatible con sus directrices y sus normativas.

Se nos ocurrió porque en la asociación hay una laboralista que sabía que la OIT, tras muchas vacilaciones, había incluido a los empleados públicos de toda clase y condición, a los que había amparado en su normativa laboral.

Supimos que había habido un pronunciamiento previo relativo a jueces de otros países, en el sentido de que estaban sometidos a las normas laborales de la OIT.

Fue una respuesta a la presión del Consejo.

Estábamos discutiendo con ellos el asunto de los módulos y la productividad. Nosotros entendíamos que todo el cálculo de la productividad era un concepto que, desde nuestro punto de vista, no debía aplicarse.

Todo el tema de módulos debería partir de la base de un número máximo de horas de trabajo del juez a la semana.

En ningún caso debería superarse ese número de horas de trabajo.

Y particularmente estaba el tema de las guardias. En las grandes capitales las guardias tienen un principio y un fin. En los pueblos, por el contrario, el juez está las 24 horas de guardia varias semanas seguidas.

A ellos nos se les reconoce ningún tipo de descanso y las retribuciones son ridículas.

¿A dónde puede llevar la admisión a trámite de la OIT?

A una declaración de que el Estado español infringe la normativa de trabajo esta organización internacional. Es una sentencia que podría obligar a España a modificar nuestra normativa interna para respetar el derecho al descanso de los jueces, como de cualquier empleado público o trabajador por cuenta ajena.

¿El Consejo no protege este derecho al descanso?

Nosotros presentamos esta queja ante la OIT hace un año y medio. Las cosas han ido cambiando, desde entonces, poco a poco.

En este espacio de tiempo se ha puesto en marcha el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial, que, entre otras cosas, prevé el derecho al descanso y la limitación de horas.

El Consejo está modificando sus actitudes y comportamientos hacia este problema. De hecho, se ha implicado de manera bastante positiva en esta materia.

Estamos ahora por discutir el tema de la carga de trabajo. Como sabe, la que está vigente fue anulada por un defecto de forma.

Esperamos que en la Comisión que se ha formado en el Consejo, con cuatro vocales, se tome en cuenta el horario y el descanso en las propuestas que se nos vayan a hacer sobre el nuevo módulo.

He detectado un cambio de actitud en el Consejo en esta materia  y espero que evolucione.

Hace diez años tú presentabas estas cuestiones al Consejo y la contestación que tenías era la burla o el menosprecio. Gracias a esta labor de concienciación y de protesta, de enfocar el problema del trabajo de los jueces desde otra perspectiva a la que había sido, hasta entonces, la tradicional, las cosas están cambiando.

Hoy ya tenemos un interlocutor.

Sin embargo, lo del Plan de Riesgos Laborales venía del anterior Consejo y del impulso que ustedes, las asociaciones judiciales, le dieron. ¿No es así?

Sí, pero desde Foro, cuando empezamos a hablar de este tema, en 2004, nos veían poco menos que como locos. Poco a poco, todo el mundo se ha implicado en esto.

Los grandes gestores de este cambio, los impulsores del cambio de mentalidad en el Consejo, fueron, sin ninguna duda, Margarita Robles y Manuel Almenar, vocales del anterior. Y así se lo reconocimos el otro día, durante la presentación del Plan.

Lo que yo digo es que el nuevo Consejo, que presentó ciertas reticencias al principio, ha acabado asumiendo esa tarea y la está desarrollando.

Confiamos en que esto siga evolucionando. Porque todavía queda mucho tajo por delante. Hay que determinar cómo medir el trabajo de un juez sin poner en peligro su salud y sin que sea incompatible con su vida personal y familiar. Una vida privada sana y razonable.

Si nosotros fuéramos un mago y le dijéramos: le concedo tres deseos. ¿Qué deseos serían esos, como líder de Foro Judicial Independiente?

El primero, que los jueces pudiéramos elegir a nuestros representantes en el Consejo. No que nos los elijan los políticos, como ocurre ahora.

El segundo, que se atribuyeran todas las competencias en materia de Justicia a ese mismo Consejo. Esto es fundamental para que se visualice y comprenda lo que es un poder judicial independiente al servicio de los ciudadanos.

Y tercero, desearía que viniera un ministro que tuviera visión de Estado y no quisiera un poder judicial a la medida de su partido y de él mismo.

Hoy por hoy, la posibilidad de cambio está en manos de los partidos políticos que controlan el parlamento y el poder ejecutivo.

Mientras que no venga alguien que tenga esa visión de Estado y entienda que la seguridad jurídica  la libertad requieren esa reforma y cuanto antes mejor, no vamos a conseguir cambio alguno.

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