«La ejecución de sentencias sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la Justicia». Con estas palabras el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo ha admitido este problema. Y se ha comprometido a hacer todo lo posible por solucionarlo.
El jefe de los jueces españoles expuso su preocupación durante el discurso que pronunció ante el XXII Congreso Internacional de Huissiers (Procuradores) de Justicia, que se celebra bajo el lema «El Huissier de Justice: Puente de unión entre el Derecho y la Economía, un nuevo enforque de la ejecución», que comenzó su andadura esta mañana en el Hotel Eurobuilding, de Madrid.
En el mismo, que se prolongará hasta el viernes próximo, participan más de 500 profesionales de este campo procedentes de 50 países de Europa, América, África y Asia.
Junto a Lesmes, participó en la inauguración el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de los Procuradores de España.
El presidente Lesmes se comprometió, en nombre de las autoridades responsables de la Justicia española, «a mejorar la calidad y agilidad de los procedimientos de ejecuión de sentencias». Un papel en el que los procuradores son una «parte esencial».
Sin embargo, según el presidente del CGPJ, no todo es negativo, «porque el proceso de ejecución de sentencias ha mejorado cualitativa y cuantitativamente» después de que echaran a andar los servicios comunes de ejecución de sentencias en las oficinas judiciales. Lo que ha permitido «agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia y ha contribuido a contrarrestar la imagen negativa que muchas veces los ciudadanos tienen de ella».
El proceso no termina cuando se dictan las sentencias sino cuando son ejecutadas, admitió el presidente Lesmes.
El ministro del ramo, Rafael Catalá, ha calificado a los procuradores como aliados estratégicos de su departamento en las labores de mejora de la Administración de Justicia y se ha referido al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que los considera mucho más que representantes procesales de los litigantes.
El titular de Justicia ha afirmado que, en la realización de ese objetivo irrenunciable que pasa por el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles, el potenciar las funciones de los operadores jurídicos y la implantación de las nuevas tecnologías, las reformas emprendidas afectan directamente a la profesión de procurador, a la que el Ministerio apoya firmemente.
Así, Catalá se ha referido al Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil que actualmente se está tramitando en el Congreso y que considera al procurador mucho más que un representante procesal de los litigantes. Mediante la reforma normativa, el procurador se convertirá en un auténtico colaborador de la Administración de Justicia en los actos de comunicación, ya se trate de citaciones, notificaciones, requerimientos o emplazamientos.
Rafael Catalá ha recordado que la justicia desempeña un papel fundamental a la hora de dotar de agilidad al tráfico jurídico y económico y constituye un pilar fundamental de la actividad económica, no solamente del Estado de derecho y del servicio público de la justicia sino también del sistema económico.
«Sin esa estabilidad y seguridad jurídica es imposible emprender proyectos que generen progresos», ha apostillado al respecto.
Según los datos del CGPJ hasta un total de 25.000 millones de euros están en proceso de resolución en los tribunales de España de manera constante y casi permanente, ha advertido Catalá.
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»30915″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»30916″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]